Al finalizar una visita de 10 días a Honduras, durante las elecciones presidenciales, Amnistía Internacional pidió una investigación independiente para asegurar que todos los responsables de abusos a los derechos humanos sean llevados a la justicia y que se le brinden reparaciones a las victimas.
“La crisis en Honduras no termina con los resultados electorales, las autoridades no pueden volver a la normalidad sin garantizar salvaguardias de derechos humanos”, dijo Javier Zúñiga, Jefe de la delegación de Amnistía Internacional en Honduras.
“Hay decenas de personas en Honduras que todavía están sufriendo los efectos de los abusos cometidos en los últimos cinco meses. Si no se castiga a los responsables y se reforma un sistema que no funciona, se estarían abriendo las puertas para más abusos en el futuro.”
Durante su visita a Honduras, la delegación de Amnistía Internacional documentó numerosos casos de violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar desde el 28 de junio, cuando el Presidente Manuel Zelaya fue forzado al exilio.
Estas violaciones incluyeron muertes a consecuencia del uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias por parte de la policía y las fuerzas armadas, el uso indiscriminado e innecesario de gases lacrimógenos, malos tratos a detenidos, violencia contra las mujeres, acoso de activistas, periodistas, abogados y jueces.
La organización encontró que miembros del ejército asignados a tareas de seguridad estuvieron involucrados en serias violaciones a los derechos humanos tales y como las muertes a consecuencia del uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios y allanamientos ilegales.
La delegación también constató que las autoridades civiles de facto no hicieron nada para impedir el uso indiscriminado de gas lacrimógeno contra los manifestantes. En algunos casos, granadas de gas fueron arrojadas dentro de oficinas.
La mayor parte de las personas entrevistadas dijeron que después de haber sido lesionados o haber caído enfermos por el gas, tenían demasiado miedo como para pedir ayuda médica ya que la policía y los militares entraban en los hospitales para intimidarlos.
El 23 de septiembre, Marta (no es su nombre real) fue atacada por la policía cuando ella participaba en una manifestación. Fue golpeada por una lata de gas lacrimógeno, que además le quemó una pierna y le causó problemas de respiración. Cuando Marta se escondía de los gases en una iglesia, la policía la alcanzó y le pegó tan fuerte que le rompió un brazo. Marta no fue al hospital hasta varios días después del incidente porque tenía miedo de que la policía la intimidaría allí. Su brazo todavía no se ha recuperado y las quemaduras en su pierna todavía son visibles.
“Hablamos con personas que todavía tienen irritación en los ojos y quemaduras en la piel aún varias semanas después de haber sido afectados por el gas lacrimógeno”, dijo Javier Zúñiga. “No solo la policía usó gas lacrimógeno contra manifestadores pacíficos y en edificios cerrados, a los médicos no se les dio información sobre las substancias químicas usadas en las latas para que supieran cómo tratar a las víctimas adecuadamente.”
“El uso de gas lacrimógeno por parte de las fuerzas de seguridad arroja dudas sobre el nivel de entrenamiento que reciben para minimizar el riesgo de causar lesiones graves o la muerte”, dijo Javier Zúñiga.
Representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas, abogados y jueces hablaron con Amnistía Internacional sobre las amenazas y hostigamiento que recibían por ser percibidos como parte de la oposición a las autoridades de facto.
Varios miembros de la directiva de una asociación nacional de jueces han sido llamados a una audiencia disciplinaria en la Corte Suprema para explicarse sobre su presunta participación en manifestaciones pacíficas.
“Durante la crisis, las instituciones de Honduras han fallado lamentablemente en su obligación de proteger los derechos humanos fundamentales”, dijo Javier Zúñiga. “Es particularmente preocupante que en Honduras todavía existan las condiciones que permiten que los violadores de derechos humanos no sean castigados.”
Amnistía Internacional llamó a las futuras autoridades hondureñas a:
“La crisis en Honduras no termina con los resultados electorales, las autoridades no pueden volver a la normalidad sin garantizar salvaguardias de derechos humanos”, dijo Javier Zúñiga, Jefe de la delegación de Amnistía Internacional en Honduras.
“Hay decenas de personas en Honduras que todavía están sufriendo los efectos de los abusos cometidos en los últimos cinco meses. Si no se castiga a los responsables y se reforma un sistema que no funciona, se estarían abriendo las puertas para más abusos en el futuro.”
Durante su visita a Honduras, la delegación de Amnistía Internacional documentó numerosos casos de violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar desde el 28 de junio, cuando el Presidente Manuel Zelaya fue forzado al exilio.
Estas violaciones incluyeron muertes a consecuencia del uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias por parte de la policía y las fuerzas armadas, el uso indiscriminado e innecesario de gases lacrimógenos, malos tratos a detenidos, violencia contra las mujeres, acoso de activistas, periodistas, abogados y jueces.
La organización encontró que miembros del ejército asignados a tareas de seguridad estuvieron involucrados en serias violaciones a los derechos humanos tales y como las muertes a consecuencia del uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios y allanamientos ilegales.
La delegación también constató que las autoridades civiles de facto no hicieron nada para impedir el uso indiscriminado de gas lacrimógeno contra los manifestantes. En algunos casos, granadas de gas fueron arrojadas dentro de oficinas.
La mayor parte de las personas entrevistadas dijeron que después de haber sido lesionados o haber caído enfermos por el gas, tenían demasiado miedo como para pedir ayuda médica ya que la policía y los militares entraban en los hospitales para intimidarlos.
El 23 de septiembre, Marta (no es su nombre real) fue atacada por la policía cuando ella participaba en una manifestación. Fue golpeada por una lata de gas lacrimógeno, que además le quemó una pierna y le causó problemas de respiración. Cuando Marta se escondía de los gases en una iglesia, la policía la alcanzó y le pegó tan fuerte que le rompió un brazo. Marta no fue al hospital hasta varios días después del incidente porque tenía miedo de que la policía la intimidaría allí. Su brazo todavía no se ha recuperado y las quemaduras en su pierna todavía son visibles.
“Hablamos con personas que todavía tienen irritación en los ojos y quemaduras en la piel aún varias semanas después de haber sido afectados por el gas lacrimógeno”, dijo Javier Zúñiga. “No solo la policía usó gas lacrimógeno contra manifestadores pacíficos y en edificios cerrados, a los médicos no se les dio información sobre las substancias químicas usadas en las latas para que supieran cómo tratar a las víctimas adecuadamente.”
“El uso de gas lacrimógeno por parte de las fuerzas de seguridad arroja dudas sobre el nivel de entrenamiento que reciben para minimizar el riesgo de causar lesiones graves o la muerte”, dijo Javier Zúñiga.
Representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas, abogados y jueces hablaron con Amnistía Internacional sobre las amenazas y hostigamiento que recibían por ser percibidos como parte de la oposición a las autoridades de facto.
Varios miembros de la directiva de una asociación nacional de jueces han sido llamados a una audiencia disciplinaria en la Corte Suprema para explicarse sobre su presunta participación en manifestaciones pacíficas.
“Durante la crisis, las instituciones de Honduras han fallado lamentablemente en su obligación de proteger los derechos humanos fundamentales”, dijo Javier Zúñiga. “Es particularmente preocupante que en Honduras todavía existan las condiciones que permiten que los violadores de derechos humanos no sean castigados.”
Amnistía Internacional llamó a las futuras autoridades hondureñas a:
- revocar toda la legislación, decretos y órdenes ejecutivas emitidas por las autoridades de facto que afecten directa o indirectamente a los derechos humanos;
- asegurar que las fuerzas armadas vuelven a sus cuarteles y que se termine definitivamente su papel en operaciones policiales;
- asegurar que todos los miembros de las fuerzas de seguridad rindan cuentas por los abusos a los derechos humanos cometidos entre el 28 de junio y finales de noviembre;
- Elaborar un Plan Nacional para la protección de los derechos humanos.
"Es esencial que la comunidad internacional no se olvide del pueblo de Honduras, dándole un cheque en blanco a las nuevas autoridades e ignorando los abusos que tuvieron lugar en los últimos cinco meses”, dijo Javier Zúñiga.
- Pide a Honduras que las fuerzas de seguridad rindan cuentas por los abusos contra los derechos humanos.
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Fuente: www.amnesty.org
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