Por Rosalinda Hernández Alarcón
Es necesario contrarrestar las actitudes indiferentes que se muestran ante las violaciones a los derechos humanos que persisten en Honduras tras el golpe de Estado militar del 28 de junio. Enfatizo que es militar porque algunos lo ignoran, ya que en la silla presidencial no está un jefe castrense, pero lo cierto es que está ocupada por un usurpador civil gracias al respaldo del Ejército y la Policía militarizada. Si ambos aparatos represivos no estuvieran a su servicio, difícilmente Micheletti se autonombraría presidente.
Quizás el enunciado violación a derechos humanos es tan común que deja de provocar reacciones al perder su significado concreto, de ahí la importancia de insistir qué representa. Es violentar el orden constitucional, tergiversar la información, coartar la libertad de expresión y organización, restringir o limitar la locomoción, desalojar con violencia extrema, perseguir a líderes del movimiento de resistencia, aprehender ilegalmente, violentar viviendas, cortar el servicio de electricidad, amedrentar medios de comunicación, violar y hostigar sexualmente, asesinar a sangre fría. Todo ello sucede en el país vecino y las víctimas principalmente son quienes están ejerciendo su ciudadanía, su capacidad de rebeldía.
Para conocer la dimensión de la brutalidad de las recientes acciones policíacas, comparto el testimonio de una integrante de Feministas en Resistencia: “Vengo del hospital de traer a mis hermanos que fueron arrestados por la Policía y golpeados salvajemente, mientras les gritaban que así aprenderían a no andar en marchas y que Mel no los iba a liberar de la golpiza. Uno de mis hermanos de 21 años tiene hinchados los pulmones de la golpiza y al otro le quebraron las dos manos, en una tiene una fractura y en la otra cuatro”.
Entre las personas detenidas ilegalmente y tratadas como delincuentes sólo por el hecho de reclamar el retorno al orden constitucional hay 40 mujeres, quienes fueron golpeadas el martes pasado. Estos son hechos que violan flagrantemente los derechos humanos, como igual son las intoxicaciones provocadas por la Policía, que mantienen enfermas a cientos de personas de diferentes edades.
Los autoritarios de siempre niegan tales agresiones con eufemismos o mentiras, su carácter arbitrario los obliga a actuar con cinismo como cuando Micheletti afirmó en una conferencia de prensa que sus fuerzas de seguridad no recurrieron a la violencia en el desalojo frente a la embajada brasileña en Tegucigalpa. Las personas defensoras de los derechos humanos tenemos que seguir exigiendo la vigencia de las garantías individuales e insistir en acabar con la impunidad. Ambos elementos pisoteados por las oligarquías en diferentes países. Posiblemente en Honduras, gracias a un movimiento social y solidaridad internacional, se impida que los golpistas logren sus imposiciones.
Fuente: www.albedrio.org
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