Estamos en un país donde reina la inseguridad, la ingobernabilidad y la perdida de la credibilidad institucional a consecuencia del Estado de impunidad e indefensión existente desde que se produce el golpe de Estado militar en contra del sistema democrático de gobierno, condenado por la OEA y la ONU y otros foros internacionales como la Unión Europea, UNASUR, Grupo de Río y el SICA entre otros.
La sociedad entera y el Estado han sido militarizados de nuevo, generándose una involución de los avances democráticos en las últimas dos décadas (1990-2009), después de haber tenido una dictadura militar desde 1963 hasta 1982 y la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional y el conflicto de Guerra de Baja Intensidad impuesto por los EEUU en la región centroamericana, durante la década de los años ochenta conocida como la DÉCADA PERDIDA, para contrarrestar los movimientos insurgentes de liberación nacional en Guatemala, El Salvador y Honduras y la consecuente destrucción del tejido social con las desapariciones forzadas, los asesinatos de lideres políticos y sociales, torturas, detenciones arbitrarias y refugiados o exiliados políticos y la instalación de bases militares (caso de Honduras, la base militar de Palmerola).
Desde el mismo momento en que se produce el Golpe de Estado (28 de junio de 2009), se militarizaron las instituciones públicas, la casa presidencial, se decreta arbitrariamente Estado de sitio y toque de queda, suspendiendo las garantías constitucionales de la población al derecho de ser informada, libertad de movilización, libre transito, libertad de reunión y manifestación y los medios de comunicación alternos o de oposición son tomados militarmente, secuestrados sus equipos y sacadas del aire sus frecuencias (Radio Globo, Radio Catracha, Radio Progreso, Radio Choluteca, Radio Márcala, Radio Uno, Radio Zacate Grande, la Voz de Occidente, radio Juticalpa y Cholusat Sur o canal 36). El Presidente de la República es secuestrado, depuesto del cargo y expulsado fuera del país hacia Costa Rica, violándose el artículo 102 constitucional que establece que ningún hondureño puede ser expatriado o entregado a gobierno extranjero.
La primera víctima mortal del golpe de Estado se produce el 5 de julio de 2009, cuando en una manifestación pacífica multitudinaria exigiendo el retorno del presidente expatriado (300,000 personas aproximadamente) frente al aeropuerto internacional de Toncontin en la ciudad capital, es asesinado por disparos de fusil M-16 por los militares el joven ISIS OBED MURILLO de 19 años e hijo del Pastor Evangélico David Murillo del municipio de Guayape, departamento de Olancho en la región oriental de Honduras.
Desde esta fecha han sido asesinados más de un centenar de líderes populares militantes del Frente Nacional de Resistencia Popular, instancia creada por la población para hacer frente a la Dictadura Militar Oligárquica, política y religiosa.
Han sido asesinados 13 profesores de educación media en su mayoría afiliados al Colegio de Profesores de educación Media COPEMH, 11 periodistas y comunicadores sociales en las principales ciudades y regiones del país, 14 campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán MUCA de la ANACH y la CNTC por defender el derecho del acceso a la tierra , solo de julio a diciembre de 2009, fueron asesinadas 113 mujeres incrementándose el número de femicidios en el país a consecuencia de la inseguridad y muchas de las líderes feministas como Gladis Lanza están siendo amenazadas de muerte, muriendo solo en las manifestaciones populares 21 personas.
Otro sector fuertemente reprimido es la Comunidad Lésbico Gay Transexual, Travesti y Bisexual (LGTTB) por su relación con la Resistencia Nacional y la violencia Homofóbica (crímenes de odio), que hasta el mes de junio de 2010 se reportan 16 casos de asesinatos entre ellos el activista de Derechos Humanos el joven WALTER ORLANDO TROCHEZ (27 AÑOS) el 13 de diciembre de 2009 en el centro de la capital por supuestos agentes de seguridad del gobierno.
Así mismo han sido reprimidos infantes y niños y niñas, unos detenidos junto a sus padres en las marchas populares y otros afectados gravemente en su salud como consecuencias de los gases de las bombas lacrimógenas (gas pimienta), lo que les intoxica y afecta sus vías respiratorias y más de 50 niños y niñas han quedado en la orfandad y mujeres en estado de viudez por los asesinatos de sus padres y esposos. Desde el golpe de estado han sido privados de su libertad arbitrariamente más de 6,000 personas conforme los informes de DDHH del país, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH y la Federación Internacional de los Derechos Humanos FIDH, unas 150 personas líderes gremiales y populares han sido acusados ante los tribunales de los delitos de SEDICIÓN, ATENTAR CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO, DAÑOS A LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA, DESOBEDIENCIA Y AGRESIÓN CONTRA LA AUTORIDAD, siendo en su mayoría absueltos y sobreseído sus causas por falta de pruebas.
Las protestas y las huelgas de hambre han sido criminalizadas, siendo objeto de persecución política, infiltración de agentes secretos, desalojos violentos, forzosos con tanques lanza agua, con excesivo uso de la fuerza, disparos, gases y toletes, lesionando a centenares de ciudadanos y ciudadanas, a quienes les son negado el derecho de ser atendidos en los hospitales públicos como el Hospital Escuela y el Instituto Hondureño de Seguridad Social al ingresar heridos y en estado de inconsciencia. Mas de 20 líderes sindicales están prófugos de la justicia por falsas acusaciones del régimen golpista.
Las Universidades públicas han sido militarizadas, sitiadas y convertidas en cuarteles militares como en la década de los años 80, para desarticular la organización sindical y estudiantil con la complicidad de las autoridades universitarias y el Ministerio Público.
Decenas de líderes sindicales y campesinos han sufrido atentados y sus familiares y están exiliadas más de 200 personas y sus familias en países solidarios como El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, México, España, Venezuela, República Dominicana, Argentina, Canadá y otros países europeos de los cuales se exige su retorno junto al ex presidente José Manuel Zelaya Rosales con todas las garantías legales. La mayoría salieron de urgencia con el apoyo de los organismos de DDHH, el Observatorio Ecuménico De DDHH del CLAI y las iglesias que en forma solidaria han contribuido para salvar sus vidas. Muchas de sus casas fueron allanadas y capturados otros parientes ilegalmente.
La característica de todos estos casos es la impunidad porque las autoridades encargadas de impartir justicia (Ministerio Público, Comisionado de los DDHH y la Corte Suprema de Justicia) se han coludido con los violadores de los Derechos Humanos y defienden el Status Quo y las diez familias más poderosas que controlan la economía del país, por lo que la OEA y la Comunidad Internacional están exigiendo al Presidente de Facto Porfirio Lobo Sosa, el respeto a los DDHH, la sanción o enjuiciamiento para los responsables del golpe, el retorno del ex presidente y los exiliados, un gobierno de Unidad Nacional, retiro de los juicios penales por motivos políticos, para poder reintegrar a Honduras a su seno de donde fue expulsado el país el pasado 04 de julio del 2009.
El pueblo hondureño y la comunidad cristiana en resistencia contra el golpe, demandan la restitución del Estado de Derecho, el cese de la represión militar y policial, el enjuiciamiento de los golpistas y las autoridades represivas, una Asamblea Nacional Constituyente, la Refundación del Estado hondureño, por lo que hasta el 15 de septiembre en 6 meses las organizaciones sociales y populares aglutinadas en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) se recogieron 1,346, 876 firmas y declaraciones soberanas de los ciudadanos y ciudadanas, para auto convocarse a la asamblea popular y comenzar a fundar un nuevo país con justicia, paz y equidad.
Tegucigalpa, MDC 24 de serptiembre de 2010.
Leonel Casco Gutiérrez
Procurador de los Derechos Humanos
Coordinador Observatorio Ecuménico DDHH del CLAI
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