Por las declaraciones y comentarios del propio presidente Lobo Sosa en torno a la conjura para derrocarlo, podría asumirse que la oposición a su gobierno proviene de dirigentes de su mismo partido, quienes rechazan sus intenciones de avanzar hacia el objetivo de la reconciliación nacional.
Como sucede en esta clase de revelaciones políticas, lo que está a la vista es lo de menos, la punta del iceberg. El peligro está escondido, bajo el agua, y se identifica con la oposición a todo proyecto efectivo de democratización en Honduras, que es, en síntesis, la verdadera reconciliación nacional.
En pocas palabras, y con su estilo peculiar, el presidente Lobo —que llegó débil al poder y mal acondicionado— trata, después de todo, de pasar por las picas de Flandes, poniendo su empeño en dos cuestiones esenciales para conseguir la reconciliación nacional: el retorno a Honduras del ex-presidente Zelaya Rosales y la posible resolución de una asamblea constituyente.
Es, en cierto modo, la manera más apropiada de darle salida a una crisis política que va profundizándose y afectando diversos aspectos básicos de la vida nacional, a la vez que obstaculiza la tarea administrativa y la gobernabilidad. Un proceso que está en choque frontal con el fundamentalismo golpista del 28 de junio/09.
Se trata, entonces, de una oposición fanática al gobierno e impermeable a la integración y al diálogo —que son los instrumentos de la política—, que logró fragmentar a los partidos políticos y ahogarlos en la crisis. Una oposición que, en realidad, atenta contra el sistema y es ignorante de su incapacidad para sustituir a los partidos. Una nueva versión de materialismo político, antidemocrático y antinacional.
Probablemente la comunidad internacional se da cuenta de esta deriva de la política en Honduras, tal como podría entreverse en la reciente Declaración del G-16, en la que, entre otros puntos importantes, indica:
“En este momento en la vida política de Honduras, es importante que los poderes del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, contribuyan a superar la crisis política, promoviendo el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la tolerancia, el respeto por los derechos humanos y la reconciliación del pueblo hondureño”.
“Honduras —añade la Declaración del G-16— ha tenido una larga y difícil lucha para proteger los derechos humanos y enfrenta desafíos de particular dificultad tras el golpe de Estado de junio de 2009”.
El G-16, asimismo, “alienta (al presidente Lobo y su gobierno) a que tome en consideración la puesta en marcha de una estrategia de fortalecimiento del sistema nacional de promoción y protección de los Derechos Humanos y la construcción de un Plan Nacional de Acción que sirva como directriz de las políticas públicas en la materia”.
Editorial Diario Tiempo, 11 de junio de 2010
Fuente: Vos el soberano
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