Después de tres décadas, organismos de derechos humanos en El Salvador y Honduras todavía reclaman algunos cuerpos no encontrados de los centenares de desaparecidos durante la década de 1980.
En el resto de Latinoamérica, esta cruda realidad también es compartida, puesto que las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) contra personas que luchaban por la liberación de su patria fueron acallados con golpes de Estado para instaurar dictaduras que legalizaban cualquier acto de irrespeto a la humanidad.
La puesta en marcha de encarcelamientos ilegales, torturas y toda clase de vejaciones contra los derechos humanos fueron el itinerario que cumplió la CIA y sus colaboradores secretos.
Para ello utilizó a militares, policías, periodistas, sindicalistas infiltrados y una gama de personajes, cuya identidad nacional fue absorbida por los millones de dólares empleados para financiar la desaparición forzada de personas afines a ideas socialistas.
Mediante una campaña de prensa y propaganda crearon una caracterización maléfica de los militantes de la izquierda y ello significó un punto clave para que la población rechazara las ideas de una patria con mayores oportunidades de vida, fuera del alcance hegemónico estadunidense.
Específicamente en Honduras, el extinto militar Gustavo Álvarez Martínez ejecutó lineamientos de la CIA y sometió a una terrible persecución política a jóvenes, religiosos y todo hondureño opuesto a seguir viviendo en condiciones de extrema pobreza.
Luego, los mismos que le otorgaron ese poder, se encargaron de que no viviera más.
Nueva telaraña
Pero el legado de Álvarez Martínez caló en la mente de su sobrino Óscar Álvarez, quien se encargó de seguir hilvanando la telaraña de su tío.
Óscar Álvarez estudió ciencias políticas en Estados Unidos y ha recibido cursos de seguridad en varias escuelas militares de esa nación del norte.
Entre los sitios de estudio en donde Óscar Álvarez se preparó, está la Army Ranger Association, las Fuerzas Especiales y el cuerpo de cadetes de la Texas A & M University, por mencionar algunas.
Todas esas entidades se caracterizan por sus vínculos directos con la CIA y otras centrales de inteligencia, como el Buró Federal de Investigaciones, consideradas por Estados Unidos importantes para su seguridad nacional.
Los nexos de Óscar Álvarez con organismos estadunidenses le hicieron pulir en los últimos años su experiencia contra la delincuencia organizada, narcotráfico, terrorismo, pandillas y contrabando humano, según pesquisas efectuadas por la radio emisora Progreso, situada al norte de Honduras.
Las investigaciones de ese medio centroamericano revelan que Óscar Álvarez, previo a participar en el proceso electoral espurio de 2009 como aspirante a diputado, fungía como vicecónsul de Honduras en Dallas, Texas, lugar donde residía con su esposa e hijos.
Resurgimiento del showman
Ahora Óscar Álvarez ejerce como secretario de Seguridad en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, cuestionado por surgir de un proceso espurio bajo el régimen de facto de Roberto Micheletti.
La primera vez que Álvarez ejerció el cargo de secretario de Seguridad fue en el gobierno del presidente Ricardo Maduro Joest (2002-2006), cuyo mandato estuvo plagado con campañas de la prensa fascista contra jóvenes que delinquían en organizaciones conocidas como “maras”.
En ese periodo se comprobó que sólo el 6 por ciento de los delitos era cometido por tales pandilleros.
Indagaciones de Radio Progreso afirman que Óscar Álvarez utilizó su campaña publicitaria de capturar “mareros” como mecanismo mediático para hacer creer que arriesgaba su vida por la “seguridad” de la población y ello le sirvió para llegar como diputado al Congreso Nacional.
Todo esto se efectuó bajo el amparo de una ley violatoria de los derechos humanos, conocida como Ley Antimaras, que llevó al resurgimiento de los escuadrones de la muerte, según pesquisas de Radio Progreso.
Durante 2002-2006, Álvarez fue showman por sus exageradas apariciones en medios de comunicación que lo presentaban capturando “mareros” con uniforme de la Secretaría de Seguridad, chaleco antibalas y gorra, en los barrios más pobres de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Según investigaciones y denuncias de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, los jóvenes “mareros” así presentados eran realmente sacados de penales para que las televisoras captaran sus imágenes junto a Óscar Álvarez. El empecinamiento de Óscar Álvarez de crear un estado de guerra en Honduras a través de la prensa fascista duró los cuatro años en que estuvo a cargo de esa institución gubernamental.
Sin embargo, el testimonio de una joven agente de la Policía Nacional describió las crueldades a las que era sometida en esa etapa, bajo estrictas órdenes de sus jerarcas.
En una de sus cartas, antes de ser abatida a tiros por desconocidos, la policía Ana Bessy Ramírez narra: “Por la noche salen a asesinarlos, los arrojan a los cañaverales; a veces los cuelgan o los matan con armas de fuego, y tal vez me eliminen como lo hacen con ellos”.
Antes de perecer, la joven Ramírez acusó a sus colegas policías de ser criminales y corruptos. Su asesinato en Honduras aún no es esclarecido.
Manual de la CIA
Típicas acciones están descritas en el manual utilizado por la inteligencia estadunidense para manipular a los órganos de seguridad de los Estados latinoamericanos.
De esa manera han desarticulado insurrecciones pacíficas o armadas y han creado un ambiente de inseguridad, como el prevaleciente en Honduras desde 2002 hasta finales de 2006.
Según los intereses de la burguesía predominante en el gobierno de turno, para tener el control mental de los ciudadanos, dedican importancia al trabajo mediático que efectúa la prensa.
Según informes presentados por organismos internacionales publicados en un portal de Radio Progreso, al que titula la “Violencia al servicio de su imagen”, algunos periodistas fueron buenos amigos de Óscar Álvarez cuando ejerció como secretario de Seguridad (2002-2006).
En dicha gestión, Álvarez gastó más de 200 mil dólares para comunicadores que subastaron su profesión para contribuir con la metodología que la CIA demandaba cumplir.
Según Radio Progreso, Óscar Álvarez arregló la forma en que la Secretaría de Seguridad registró la muerte de 69 internos en la granja penal del municipio del Porvenir, situado en la norteña ciudad hondureña de la Ceiba.
En el centro penal de San Pedro Sula fueron asesinados misteriosamente otros 107 reos, y en el municipio de Chamelecón, un autobús de la ruta urbana que transportaba 28 personas fue acribillado por desconocidos.
Aún no se sabe quiénes fueron los culpables de aquellos hechos ocurridos en medio de la campaña electoral de noviembre de 2005, donde el entonces candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo, proponía aprobar la pena de muerte para detener la violencia.
En la actualidad y nuevamente a la cabeza de la Secretaría de Seguridad, Óscar Álvarez pone en práctica todo lo aprendido en las escuelas estadunidenses.
Tácticas militares
Ejemplo de que Óscar Álvarez fue un brillante alumno lo demostró en su primer día como ministro de seguridad en el mandato espurio de Porfirio Lobo.
Álvarez empezó con una operación en la colonia El Pedregal, donde los habitantes han permanecido en una fuerte resistencia desde la asonada castrense del 28 de junio de 2009 que derrocó al gobierno constitucional.
Allí, supuestamente Óscar Álvarez encontró un misil RPG-7 de fabricación Rusa que, según dijo a la publicación mensual investigativa hondureña El Libertador, fue de los utilizados por la guerrilla izquierdista salvadoreña y nicaragüense.
Resulta que en una nota de la agencia internacional AP de 1985, Óscar Álvarez apareció vinculado a los boinas verdes estadunidenses Byron Carlisle y Keith Anderson, procesados por intentar cambiar por cocaína armas ocupadas a guerrillas centroamericanas.
Otra de las tácticas utilizadas por la CIA para crear una falsa expectativa de que un colaborador está combatiendo el crimen o el narcotráfico consiste en que el funcionario reciba supuestas amenazas.
Falsa víctima
Por ejemplo, en el caso de Honduras, Óscar Álvarez denunció recientemente ante la prensa que el grupo mexicano denominado Los Zetas estarían amenazándole de muerte a él y a otros jefes policiales, y que recientemente los “mareros” en Honduras lo sentenciaron a muerte.
Este acto lo reveló después de su reciente visita a Colombia en donde se reunió con el vicepresidente de esa nación para firmar un plan de acción de combate al narcotráfico.
Óscar Álvarez dijo: “Vamos a librar a Honduras de tanto maldito que hace fechorías, porque la ciudadanía merece vivir en un país digno y seguro”.
Nuevamente comienza la campaña de terror infundida por este estudioso de las academias estadunidenses de contrainsurgencia, cuya trayectoria ha contribuido a mantener la impunidad existente hoy en Honduras.
Óscar Álvarez tiene la obligación de servir a quienes debe su formación y sus actuaciones van encaminadas a debilitar cualquier estructura que conforme un movimiento social, como lo ha hecho históricamente la CIA en la región.
Amparado en un afanoso combate contra el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, entre otros epítetos, Estados Unidos desarrolla fuertes programas contra los movimientos sociales gestados en Latinoamérica.
Ataque a los derechos humanos
Recientes atentados, torturas, secuestros, allanamientos y asesinatos perpetrados contra miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) mantienen un patrón similar a los realizados en años anteriores.
Por tal motivo, para el Frente resulta de suma importancia que los organismos de derechos humanos internacionales realicen una visita de urgencia a Honduras, puesto que existen evidencias de lo ocurrido actualmente en el país.
En el comienzo de la segunda década del siglo XXI, es inaudito que se restrinjan las libertades a las que tiene derecho cualquier ciudadano del mundo, como lo está viviendo en este instante el pueblo de Honduras, por negarse aceptar un gobierno represivo surgido de un cuartelazo que hizo retroceder la historia Latinoamérica.
Los nuevos personeros que están al frente del gobierno de facto de Honduras son los mismos que han escrito un pasado desalentador y violatorio de los derechos humanos en esta nación centroamericana, denuncia el FNRP.
La entidad, que agrupa a los movimientos sociales, indica que por ese motivo busca nuevas alternativas pacíficas que disminuyan la precariedad en que viven más del 70 por ciento de los hondureños.
Alerta que no actuar ante estos hechos registrados en el corazón de América es darle nuevamente paso libre a la impunidad favorable a los que financiaron el golpe en confabulación con las Fuerzas Armadas y sectores conservadores religiosos que han bendecido el derramamiento de sangre ocasionado por la represión en las avenidas, donde el pueblo resiste y resistirá.
Ronnie Huete es colaborador de Prensa Latina en Honduras.
Fuente: Prensa Latina
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