Militarismo y derechos humanos

Muchos de los ciudadanos que simpatizaron y favorecieron - por falta de entendimiento y cultura, en virtud de la manipulación mediática de que fueron objeto - el golpe de Estado militar del año anterior, quizá no tienen, y probablemente jamás obtendrán, la conciencia del enorme y terrible daño asestado a nuestra sociedad por el grupo de conspiradores responsables de tal delito. No solo hundieron al país en una calamitosa bancarrota, haciendo trizas nuestra economía y aumentando el desempleo, exhibiendo posteriormente, desenfreno y cinismo descarados, al corromper por dinero sus actos de gobierno, sino que nos legaron un Estado militarizado, con mayor propensión a la impunidad que antaño, cuya transformación y vuelta a la civilidad podría costarnos décadas, si es que existen férrea determinación y buena voluntad en los liderazgos nacionales.

Las declaraciones realizadas al respecto, por Oscar Arias, Presidente Costarricense, en Cancún y reportadas por Diario Tiempo el 24/02/10 son dramáticas y elocuentes “es lamentable que se encuentre ausente el Gobierno de Honduras, cuyo pueblo es víctima del militarismo y no merece castigo sino auxilio”, además, seguía manifestando Don Oscar “el gasto militar en la mayoría de los países de la región es inexcusable frente a naciones de pueblos cuyos mayores enemigos son el hambre, el analfabetismo y la desigualdad”

La historia se encarga de demostrar que las sociedades víctimas del militarismo suelen envilecerse por la deslegitimación de la autoridad civil ante el poder militar, resultando en corrupción e impunidad de las instituciones obligadas a la aplicación de la justicia y el derecho, perdiéndose con ello la acción de equilibrio y contrapeso que todo sistema republicano de gobierno necesita para salvaguardarse a si mismo. Además, la administración de los bienes del Estado se transforma en coto de caza y trofeo de guerra de quienes poseen las armas, resultando en fácil e innoble enriquecimiento, institucionalizándose así la corrupción. Pero lo trágico de esta aberración ocurre con las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, las que, ante la debilidad y ausencia del Estado de Derecho, son toleradas y hasta justificadas por medios de comunicación, iglesias y ciertos grupos sociales; el espíritu ciudadano se pervierte y prostituye a tal nivel de ignominia en tales regímenes despóticos, que el servilismo y la delación pasan a ser la normal conducta de un sector de la sociedad, mientras el miedo y el horror cunden por todas partes.

Como no deseamos que la historia se repita, el pasado debe aleccionarnos, y, por otro lado, enriquecer la memoria colectiva nacional: tomó casi 20 años – de democracia aparente, que no efectiva ni participativa – civilizar a medias nuestra sociedad, si bien, por lo visto en 2009, la milicia nunca terminó de educarse, solo estaban replegados. Jamás, ningún hondureño debiera olvidar lo acontecido en los años 80, porque tuvo, especialmente, dos gravísimas consecuencias: primeramente, la desaparición y asesinato de casi 200 compatriotas, sin que a la fecha los responsables – muchos de ellos viviendo impunemente entre nosotros - paguen por esos delitos, porque se les amnistió sin obligarlos previamente a confesar sus culpas, tal y como sí se hizo en otras latitudes; y, en segundo lugar; nuestro país generó una imagen externa, de nación sin honor, carente de vergüenza e identidad, en virtud de la sórdida sumisión de nuestros políticos y militares a los EUA, aliándose ambos para intervenir en los conflictos de nuestros vecinos, facilitando nuestro territorio a tropas extranjeras.

Estas cicatrices validan fielmente cualquier definición de militarismo, y, a su vez, nos previenen para denunciar las actitudes y hechos que actualmente estamos presenciando, como síntomas claros de un potencial reinicio de esa terrible distorsión social. Las evidencias de hoy saltan a la vista por doquier: la tardanza del Presidente para remover de su puesto a la cúpula golpista, lo que incluyó reuniones, y, según se afirma, presiones locales para que continuaran, y externas para que salieran, dio como resultado un extraño nombramiento en el liderazgo castrense, con anunciada caducidad para finales de año; la concesión del ejecutivo para trasladar la venta de especies fiscales del COHEP al ministerio de seguridad, confirmando que nuestra “democracia” permite el tráfico de influencias y privilegios, realizado a espaldas del pueblo, ya que ninguna de tales instituciones está facultada para recaudar tributos; luego, la tendenciosa difusión de globo sondas, para medir la reacción de la opinión pública ante la imprudente, infame y aviesa intención de entregar el control de HONDUTEL al estamento militar, precisamente bajo la dirección de Romeo Vásquez.

Como si lo anterior no fuese alarmante, debe ahora prestarse muchísima atención a los reiterados reclamos contra los organismos de seguridad del Estado, en el sentido que continúan con su campaña sistemática de represión, intimidación y eliminación, iniciada el año anterior, contra las organizaciones opuestas al golpe de Estado. Por fortuna, ya Diario Tiempo hizo lo propio, denunciando virilmente en su editorial del 05/03/10 que “La polarización de la sociedad hondureña, creada con la intervención mediática, principalmente con la finalidad de darle espacio al terrorismo de Estado en sus formas más refinadas y brutales, sigue siendo el mejor instrumento para la eliminación física de la oposición política, una vez que ésta ha sido satanizada. Este es, por lo tanto, el mayor problema de derechos humanos hoy día presente en Honduras”.

Ante la indiferencia de nuestra sociedad, y el silencio cómplice del comisionado de Derechos Humanos, la CSJ y la Fiscalía, un grupo de nueve congresistas demócratas de los Estados Unidos, recientemente envió una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton en la que le “urgen a investigar rigurosamente”, dado que “organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales reportan amenazas de muerte, secuestros, golpizas y asesinatos de activistas políticos. Estamos alarmados al notar que el Presidente Lobo, en vez de buscar solucionar las violaciones serias de derechos que han sido cometidos y siguen ocurriendo en Honduras, ha firmado una amnistía amplia, perdonando los crímenes relacionados con el golpe de estado”. Concluyen su carta los congresistas, exhortando a la señora Clinton a que “envíe un mensaje no ambiguo de que la situación de derechos humanos en Honduras será un componente determinante en decisiones futuras sobre la normalización de relaciones y restablecimiento de asistencia financiera”.

Tome nota la sociedad entera para que, se encare valientemente y se impida el renacer del terror, no vaya ser que la indiferencia de hoy se convierta mañana en horrible y lastimero lamento.

Oscar Moncada Buezo

Fuente: Vos el soberano

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