ASESINATOS DE PERIODISTAS EN HONDURAS

Comunicado del Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN)

El OISDHHN expresa su más enérgica condena por los asesinatos de tres periodistas en Honduras en la primera quincena de marzo.

El pasado domingo, 14 de marzo, a las 11 de la noche fue asesinado el periodista Nahúm Palacios, quien fue director del Canal 5 de televisión en el Aguán. Según fuentes policiales, los criminales le asestaron casi treinta balazos de AK-47 antes de que llegara a su vivienda en el barrio Los Pinos de Tocoa, mientras conducía su vehículo. La persona que le acompañaba fue gravemente herida.

Desde el golpe de Estado el 28 de junio del 2009, Nahúm Palacios había sido víctima de múltiples amenazas y atropellos por parte de los militares de la zona, en particular por el mismo Capitán Tercero de la Base Naval de Castilla, quien además ordenó la detención de cuatro miembros de Televisora del Aguan, Canal 5, tal como fue documentado posteriormente en el informe que entregamos el 7 de agosto del 2009 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana, por su parte, exigió al Estado hondureño decretar medidas cautelares de protección a favor del periodista Palacios. En su informe del 20 de enero del 2010, la CIDH hizo referencia explícita al caso de Nahúm Palacios y el Canal 5 en los siguientes términos: “En el departamento de Colón, al menos dos canales fueron obligados a cortar su transmisión por varios días.

Tal fue lo que sucedió con el Canal La Cumbre y Televisora de Aguán, Canal 5. Nahúm Palacios, director de Canal 5, relató a la CIDH que el 28 de junio ’varios miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron al canal’ y lo ‘obligaron a cortar la transmisión’".

Durante los últimos días, Palacios transmitió vasta información sobre el conflicto agrario en el Bajo Aguán, desvirtuando con datos veraces la fuerte campaña en otros medios de comunicación y sectores políticos influyentes que intenta deslegitimar y criminalizar las luchas campesinas por la tierra en la zona.

El 11 de marzo fue asesinado David Meza Montecinos, reportero de Radio El Patio de La Ceiba, corresponsal de Radio América y del Noticiero Abriendo Brecha. Su ejecución ocurrió en similares circunstancias que la de Palacios.

Asimismo, el 2 de marzo hombres que se conducían en motocicleta dispararon en más de cuarenta ocasiones contra Joseph Ochoa, quien viajaba junto a la comunicadora, Karol Cabrera, quién salió herida del ataque.

Las muertes violentas de los periodistas se suman a otras dos acaecidas durante el mes de febrero: el señor Julio Funes Benítez, sindicalista y líder del Frente de Resistencia contra el golpe de Estado en su comunidad, y la señora Claudia Brizuela, hija del dirigente sindical y social Pedro Brizuela.

Estos hechos demuestran que la situación de derechos humanos en Honduras no solo sigue siendo grave, sino que las controvertidas elecciones celebradas para consumar el golpe de Estado no han terminado con la impunidad.

Adicionalmente, en el caso de Nahúm Palacios, se evidencia que las medidas cautelares para protegerlo no fueron efectivas debido a que el Estado no las ejecutó correctamente por negligencia o complicidad.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Honduras debe adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Todas las personas sin distinción deben estar igualmente protegidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política”.

Ante la trascendencia de los hechos denunciados, el Observatorio hace un llamado a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Honduras y a la Dirección Nacional de Investigación Criminal para que de inmediato los investiguen, identifiquen a sus responsables y se haga justicia.

La comunidad internacional debe condenar enérgicamente estos hechos y exigir a las autoridades hondureñas acciones concretas que demuestren el compromiso estatal con el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos. El Poder Judicial debe garantizar que las personas cuenten con las garantías judiciales que les permitan conocer la verdad de los hechos, y obtener justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas. Asimismo, Honduras debe implementar las medidas de protección a favor de los beneficiarios de medidas cautelares así como de todas aquellas personas que se encuentran en situación de riesgo.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA) FIAN Internacional

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA-España)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHESColombia)

Solidaridad Mundial - Bélgica

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA-El Salvador)

Südwind (Austria) Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD

Para más información contacte: Martin Wolpold-Bosien, wolpold-bosien@fian.org

Marcia Aguiluz, maguiluz@cejil.org

Luis Guillermo Pérez, LuisG.Perez@cifcaeu.org