El depuesto Manuel Zelaya afirmó que las elecciones del 29 de noviembre encubrirán el golpe de estado en su contra, mientras que el presidente de facto pidió al ex mandatario que designe sus representantes para el gobierno de unidad nacional.
El proceso electoral "sin acuerdo político, es ilegal y violenta los derechos de los electores, porque oculta el golpe de estado militar, y el estado de facto en que vive Honduras", dijo el mandatario derrocado el 28 de junio desde su refugio en la embajada de Brasil.
Señaló que las elecciones constituyen una maniobra "antidemocrática repudiada por grandes sectores del pueblo por encubrir los autores materiales e intelectuales del golpe de estado... este 29 de noviembre solicito al pueblo que reflexionen y de manera consciente, impugnen y denuncien este fraude electoral".
La declaración se registró un día después de que el subsecretario de estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental, Craig Kelly, concluyó una visita a Tegucigalpa y respaldó los comicios porque dijo que son fundamentales para resolver la crisis política.
El gobernante de facto Roberto Micheletti volvió a pedir a Zelaya que designe a las personas que lo representarían en el gobierno de unidad nacional planteado en el acuerdo Tegucigalpa-San José que fue firmado por los dos superar la crisis política, informó el jueves la presidencia en un comunicado.
Pero Zelaya ha afirmado en varias ocasiones que el acuerdo se convirtió en letra muerta porque Micheletti encabezaría el gobierno de unidad.
El acuerdo también estableció que el Congreso decida si Zelaya será restituido o no en el cargo. El legislativo convocó a la sesión plenaria para el 2 de diciembre, dos días después de las elecciones, decisión duramente cuestionada por Zelaya y sus partidarios.
"El presidente que surja de este proceso sin revertir el golpe de estado, será, débil sometido a las elites que podrán derrocarlo cuando les estorbe, con esto se condena a los pobres de Honduras a que nunca se tomen medidas a favor del pueblo", sostuvo Zelaya quien reiteró además que impugnará los comicios.
El ministro de la presidencia de Micheletti, Rafael Pineda cuestionó las declaraciones de Zelaya. "No corresponden a un ex presidente... ejercer el sufragio es un derecho, votar no es un capricho es un deber ciudadano", apuntó.
El Tribunal Supremo Electoral, por su parte, reiteró el jueves que los preparativos para los comicios se realizan sin contratiempos y aseguró que serán seguros y transparentes.
"La idea fundamental es que no hay que esconder nada. Aquí tiene que actuarse todo con la transparencia que se requiere, pero sobre todo con la credibilidad y la garantía de que es el pueblo hondureño el que va a escoger sus autoridades mediante el libre ejercicio del sufragio", dijo el Magistrado Enrique Ortez.
La entidad ha dicho que unos 250 observadores internacionales llegaran a Honduras.
Por otro lado, el portavoz de la policía Orlin Cerrato confirmó a la AP que una bomba incendiaria de fabricación casera estalló en la medianoche del miércoles en una de las instalaciones de la compañía Celtel de telefonía móvil al este de Tegucigalpa.
El artefacto no dejó heridos, pero si daños en un pequeño muro y destruyó cristales de la oficina. Celtel es la más importante compañía de telefonía móvil de Honduras, afiliada a Motorola de Estados Unidos.
En las últimas semanas más de una docena de artefactos explosivos han estallado, pero sin ocasionar heridos.
Cerrato también informó que en otro incidente, dos guardaespaldas del comerciante y político Ulises Sarmiento, de la provincia de Olancho, fueron muertos por disparos miércoles cuando viajaban en un automóvil. Sarmiento es integrante del oficialista Partido Liberal, no se confirmó si el político viajaba en el automóvil que fue atacado.
Fuente: www.chron.com
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