La Corte Suprema de Justicia de Honduras despidió ayer a cuatro jueces y un defensor público que enfrentaban procesos disciplinarios por haber criticado el golpe de Estado del pasado 28 de junio y la posición que mantuvo la Corte al respecto.
CEJIL expresa su más enérgica condena a la decisión tomada por 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema hondureña, porque significa una represalia al ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de asociación; además, es un claro mensaje amedrentador para cualquier otro funcionario judicial que cuestione a las autoridades que avalaron el golpe de Estado. La independencia judicial se ve seriamente debilitada con esta decisión.
“El despido de los operadores de justicia demuestra, una vez más, las grandes contradicciones del Gobierno hondureño, que por un lado anuncia la instalación de una cuestionada Comisión de la Verdad y por otro despide a jueces por ejercer sus derechos y actuar de forma independiente. Queda claro que en Honduras no existe espacio para el debate libre de ideas sino intolerancia y represión para quienes piensan diferente”, dijo Alejandra Nuño, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.
Los despedidos son los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique barrios, la magistrada de la Corte Penal de Apelaciones, Tirza Flores, y el defensor público Osman Fajardo Morel.
A López, Chévez y Fajardo se les atribuye haber participado en manifestaciones contra el golpe de Estado; a Barrios lo cuestionaron por haber publicado un artículo en un periódico en el que cuestionaba, con argumentos jurídicos, la posición de la Corte Suprema de denominar sucesión constitucional al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, y a la magistrada Flores se le sancionó por haber presentado un recurso de amparo constitucional a favor del presidente Zelaya y otros funcionarios que fueron despojados del poder.
Los jueces y la magistrada Flores son miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia (ADC), presidida por López.
“Este es un retroceso para el proceso de búsqueda de independencia de los jueces. La Corte envía un mensaje de que los jueces no deben ser críticos, sino sumisos y obedientes, y que los jueces honestos, responsables e independientes estorban”, dijo la magistrada Tirza Flores.
CEJIL abogará por la restitución de los funcionarios judiciales despedidos en todos los espacios jurídicos, políticos y diplomáticos existentes, para evitar la consolidación de un nuevo daño a la independencia judicial y a la democracia hondureña.
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