| El Gobierno de Porfirio Lobo, aupado por los golpistas, reprime a la oposición, mientras es reconocido e invitado por Zapatero a la Cumbre Latinoamericana de Madrid. |
Tras 100 días de Gobierno de Porfirio Lobo la violación de los derechos humanos continúa. Siete periodistas han sido asesinados en Honduras en lo que va de año. El último, Georgino Orellana, murió el 21 de abril de un disparo en la cabeza. Un día antes, el activista Óscar Flores fue secuestrado tras una marcha convocada por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que pide la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que elabore una nueva constitución.
La represión contra los opositores se ha recrudecido desde la llegada de Porfirio Lobo a la presidencia de Honduras el 27 de enero. Sin embargo, Lobo ha sido invitado por el Gobierno español a la Cumbre de la UE con América Latina y el Caribe que se celebrará en Madrid el próximo 17 y 18 de mayo en Madrid. Zapatero confirmó en febrero su reconocimiento a Lobo a pesar de las acusaciones de fraude electoral. Esto ha provocado una respuesta unitaria de varias organizaciones de derechos humanos del Estado español contra la invitación oficial al presidente hondureño. Otros mandatarios, como el nicaragüense Daniel Ortega, también han dado el sí a este Gobierno impulsado por los golpistas.
Pero el FNRP continúa con sus denuncias, a través de multitudinarias concentraciones, por la falta de democracia y la persecución de los opositores. Desde el 20 de abril el Frente ha iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar una nueva carta magna.
30.000 firmas en dos horas
Ese día, en apenas dos horas, los opositores de Porfirio Lobo recogieron más de 30.000 firmas, de las más de un millón que aspiran a conseguir. Ese día uno de sus militantes, Óscar Flores, fue secuestrado. Era un activista muy conocido porque en todas las marchas portaba un cartel que contabilizaba los días de resistencia popular después del golpe militar.
También crítico con el Gobierno era Georgino Orellana, el periodista y catedrático asesinado, que había sido apartado de un grupo mediático por pronunciarse en contra de la línea editorial y que estuvo muy vinculado a organizaciones populares. Las denuncias de las muertes de personas vinculadas con la resistencia popular son constantes y el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, lo oculta bajo argumentos como que esta ‘ola de violencia’ pretende su desprestigio.
La represión también se ha cebado con los campesinos. Ante el crecimiento de la demanda de tierras en el sector del Bajo Aguán (región del norte del país, con más de 3.000 familias campesinas), Lobo movilizó en esa zona a más de 5.000 militares para reprimir a los jornaleros con el pretexto de atacar el narcotráfico. Esta justificación no convenció a nadie ya que el Estado no tiene ningún plan para contener a los narcotraficantes que campan tranquilamente en el país.
A pesar de todo, Lobo trata de dar una visión internacional de una Honduras que se encamina hacia un proceso democrático. Según el FNRP eso sólo es un espejismo que sirve a las corporaciones económicas y a los políticos de la derecha para mantener sus privilegios. Con las condiciones actuales, para “Pepe”, como se hace llamar Porfirio Lobo, gobernar no es una pera en dulce. Los golpistas dejaron desvalijada la nación. La endeudaron emitiendo bonos del Estado, para colocarlos en la banca privada, por valor de 292 millones de euros. Además, gastaron 373 millones de euros de la reserva financiera, comprometiendo los recursos en licitaciones amañadas para la construcción de obras públicas, provocaron el aislamiento diplomático y económico del país, cambiaron las fórmulas de licitación de combustibles que había impulsado el gobierno de Zelaya. Además, anularon la suscripción a la Alternativa Bolivariana de las Américas mediante la cual se obtenían recursos para la producción agrícola y agudizaron los conflictos agrarios al no aplicar las leyes aprobadas.
Ante la presión internacional que pide una solución a la crisis política y económica, Lobo ha decidido poner en marcha lo que denomina “Gobierno de Unidad Nacional”, que no es otra cosa que la distribución de cargos y poderes y que hace más difícil la conciliación de todos los sectores. En el reparto de poder, los militares exigieron la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la marina mercante, la oficina de migración y el Ministerio de Defensa.
Por su parte, el candidato opositor se conformó con el Instituto de la Propiedad. De esta forma podrá solucionar las acusaciones públicas de obtener lotes de terreno para proyectos de construcción de viviendas, uno de sus principales negocios particulares. A la vez, ha llenado el Instituto de cargos nombrados a dedo, entre ellos una comisionada de derechos humanos, que no se sabe qué funciones va a desempeñar.
El reparto de la ‘tarta’
Al partido de ‘izquierdas’ Unificación Democrática, que le hizo comparsa en las elecciones, Porfirio Lobo le dio el corrompido Instituto Nacional Agrario, una patata caliente, en lo administrativo y porque Lobo no comparte su visión de la reforma agraria. Para colmo, el Estado cuenta con una Corte Suprema de Justicia y un Ministerio Público obedientes a los dictados empresariales que dieron el golpe de Estado. Sólo el Congreso Nacional podría tener algún espacio de maniobra, pero éste un día da muestras de querer limpiar el golpe de Estado y otro día dice que no existen mecanismos constitucionales para destituir a la desprestigiada Corte Suprema de Justicia, que continúa paralizando las causas judiciales a los acusados de violar los derechos humanos.
Pero sobre todo, existe una fuerte presión social para detener el aumento de precios de los combustibles, dar solución a los conflictos agrarios, conseguir que la carga tributaria sea mayor para quienes tienen mayores recursos, limpiar las instituciones jurídicas y garantizar los derechos humanos.
El poder de los empresarios
Cualquier medida de cambio del Gobierno choca con los intereses de los grupos empresariales que promovieron el golpe. Controlar los precios de los combustibles significa caminar en contra del libre comercio que defienden los empresarios; la solución a los conflictos agrarios requiere expropiar a los terratenientes y garantizar el respeto a los derechos humanos, que lleva consigo un sistema judicial independiente y una acción policial transparente que no apañe la represión selectiva a la oposición del FNRP. Los empresarios no están por la labor.
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