El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo ha vuelto a la carga en el caso del Canal 8 de televisión, para favorecer a la empresa Teleunsa, invadiendo las competencias del Poder Ejecutivo y desconociendo facultades privativas del Poder Legislativo.
En efecto, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo ha ordenado a los operadores de cable sacar del aire a Canal 8, no obstante que no tiene facultades para otorgar frecuencias y canales del espectro radioeléctrico, propiedad del Estado, cuando esto es función, por ley, de CONATEL, dependencia del Ejecutivo.
Tampoco puede el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo disponer de los canales del espacio radioeléctrico, tal como pretende hacerlo al ordenar la migración del Canal del Estado —Canal 8— al Canal 20, invirtiendo lo dispuesto en el decreto del congreso nacional de referencia, que, dicho sea de paso, puede considerarse como una concesión graciosa con el fin de de no dejar mal parado el fallo judicial equivocado que dio inicio a este conflicto.
Esta acción del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo es, también, un atentado al Poder Legislativo que emitió un decreto o ley que le otorga el Canal 8 de televisión al Ejecutivo como medio de comunicación del gobierno para informar al público, desde la perspectiva gubernamental, sobre los diversos temas que interesan a la nación.
El caso de Canal 8 es historia reciente que ha acaparado la atención de la ciudadanía hondureña por su incidencia en la comunicación social y la libertad de información, ya que el gobierno tiene la obligación de informar a la nación sobre sus actuaciones, proyectos y políticas de Estado. Para ello necesita sus propios medios de comunicación social.
Asimismo, para garantizar en un sistema democrático la libertad de expresión y de información, es necesario que el Estado disponga de sus propios medios de comunicación exclusivos porque no puede obligar a los medios privados a publicar sus productos informativos si éstos no desean hacerlo.
El hecho de que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo persista en extralimitarse en sus competencias invadiendo las del Ejecutivo y las del Legislativo, y que, por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ratifique estas viciadas actuaciones, denota la gravedad del descarrilamiento institucional y del caos existente en la relación entre los poderes en el Estado.
El decreto legislativo está vigente, y, por lo tanto, es ley. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo no puede desconocerlo, y, por lo mismo, ese decreto solamente podría ser impugnado por medio de un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia si hubiera mérito para ello, que, dadas las circunstancias, no lo hay.
En fin, este acontecimiento desvela una situación cada vez más escandalosa en el interior del Poder Judicial y en la inter-relación de los poderes en el Estado que hace aún más frágil al actual régimen constitucional, dejándolo a la deriva en la ruta emprendida por el gobierno para lograr a plenitud la legitimidad.
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