Por el informe de la Secretaría de Seguridad al congreso nacional sobre la muerte de 11 periodistas entre 2007 y 2010 nos enteramos de que “estos crímenes no obedecen a una política del Estado de Honduras de hostigar o atemorizar a los periodistas o medios de comunicación”.
De los 11 periodistas asesinados, 9 lo fueron a partir del segundo semestre de 2009 hasta la fecha, y nadie sabe las causas ni mucho menos hay barruntos sobre los responsables de esta oleada criminal.
En el informe de referencia se insiste en que estos hechos “tampoco (constituyen) una amenaza a la libre expresión del pensamiento y la libertad de información”. Sin embargo, por aquello de las dudas, el secretario de Seguridad, Oscar Alvarez, ha recomendado a los periodistas que midan su lengua y no se acerquen a lugares peligrosos.
El tema de los periodistas asesinados en Honduras sigue acaparando la atención de los organismos de defensa de los derechos humanos y de los que específicamente pugnan por la libertad de expresión y de información. Hoy en día esa lucha es prioritaria, una vez que hay conciencia de que el control del pensamiento colectivo es la base del poder.
En todos estos años resulta sorprendente que ninguno de los asesinatos de periodistas haya sido esclarecido, y ni siquiera se encuentren pistas prometedoras. Pero es impresionante el reconocimiento de la Secretaría de Seguridad sobre “la falta de una política nacional de seguridad eficaz permanente, transparente, coordinada e integral para garantizar a la ciudadanía su libertad y respeto a la vida”.
También es conmovedor el juicio de la Secretaría de Seguridad de que “el sistema de justicia en general y especialmente la parte de la investigación criminal sigue adoleciendo de fallas y poca eficiencia en sus resultados, por lo que hay que poner más énfasis en seguir modernizando, profesionalizando y capacitando el recurso humano en la parte investigativa”.
Pero una vez que se ha pronunciado el mea culpa de la Secretaría de Seguridad ante la asamblea legislativa, todo parece haber sido disculpado, a la manera del “I’m sorry” con que los norteamericanos expían sus culpas y desaguisados.
Sin embargo, la trascendencia de los asesinatos de los periodistas continuará incólume porque tiene una connotación demasiado inquietante para la sociedad hondureña y para nuestro país, que no se constriñe al problema de los derechos humanos y la libertad de expresión del pensamiento y de información, si no que abarca todo el espectro de la seguridad individual y colectiva.
Tiene que ver con las inversiones para la producción, con la estabilidad política y social, con las relaciones internacionales, y, en fin, con todo lo concerniente a la vida y el bienestar de la población. En tal dimensión, no se valen las excusas porque lo que importa son los resultados. Y ante eso, es evidente que no hay tiempo para la espera…
Fuente: tiempo.hn
De los 11 periodistas asesinados, 9 lo fueron a partir del segundo semestre de 2009 hasta la fecha, y nadie sabe las causas ni mucho menos hay barruntos sobre los responsables de esta oleada criminal.
En el informe de referencia se insiste en que estos hechos “tampoco (constituyen) una amenaza a la libre expresión del pensamiento y la libertad de información”. Sin embargo, por aquello de las dudas, el secretario de Seguridad, Oscar Alvarez, ha recomendado a los periodistas que midan su lengua y no se acerquen a lugares peligrosos.
El tema de los periodistas asesinados en Honduras sigue acaparando la atención de los organismos de defensa de los derechos humanos y de los que específicamente pugnan por la libertad de expresión y de información. Hoy en día esa lucha es prioritaria, una vez que hay conciencia de que el control del pensamiento colectivo es la base del poder.
En todos estos años resulta sorprendente que ninguno de los asesinatos de periodistas haya sido esclarecido, y ni siquiera se encuentren pistas prometedoras. Pero es impresionante el reconocimiento de la Secretaría de Seguridad sobre “la falta de una política nacional de seguridad eficaz permanente, transparente, coordinada e integral para garantizar a la ciudadanía su libertad y respeto a la vida”.
También es conmovedor el juicio de la Secretaría de Seguridad de que “el sistema de justicia en general y especialmente la parte de la investigación criminal sigue adoleciendo de fallas y poca eficiencia en sus resultados, por lo que hay que poner más énfasis en seguir modernizando, profesionalizando y capacitando el recurso humano en la parte investigativa”.
Pero una vez que se ha pronunciado el mea culpa de la Secretaría de Seguridad ante la asamblea legislativa, todo parece haber sido disculpado, a la manera del “I’m sorry” con que los norteamericanos expían sus culpas y desaguisados.
Sin embargo, la trascendencia de los asesinatos de los periodistas continuará incólume porque tiene una connotación demasiado inquietante para la sociedad hondureña y para nuestro país, que no se constriñe al problema de los derechos humanos y la libertad de expresión del pensamiento y de información, si no que abarca todo el espectro de la seguridad individual y colectiva.
Tiene que ver con las inversiones para la producción, con la estabilidad política y social, con las relaciones internacionales, y, en fin, con todo lo concerniente a la vida y el bienestar de la población. En tal dimensión, no se valen las excusas porque lo que importa son los resultados. Y ante eso, es evidente que no hay tiempo para la espera…
Fuente: tiempo.hn
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