11 de septiembre de 2010.- El 17 de agosto recién pasado denunciamos el asesinato de Víctor Manuel Mata Oliva (40), Sergio Magdiel Amaya (18) y Rodving Omar Villegas (15), miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA); todos asesinados cuando se trasladaban de la ciudad de Tocoa hacia la comunidad de Panamá.
En esa oportunidad señalamos que pese a la existencia de una Acta de Compromiso firmado entre MUCA y el régimen de Porfirio Lobo Sosa, en el que se establecía el compromiso de instruir a la secretaría de Seguridad y Defensa Nacional a “mantener un entorno respetuoso de los derechos humanos” (Inciso 10 del Acta de Compromiso), se seguían cometiendo asesinatos de campesinos y persistían las denuncias de hostigamiento, amenazas, mal trato físico y sicológico que los cuerpos de seguridad del Estado ejecutaban en colaboración con personal de seguridad privada contratados por empresarios agroindustriales de la zona.
Ayer, entre las 2:45 y 3:00 de la tarde, fue asesinado Francisco Miranda Ortega, 55 años, en el sitio conocido como Cacho Güey, cerca de la Cooperativa La Aurora -afiliada a MUCA- a la que estaba asociado. Según los testimonios de vecinos del lugar entre cinco y seis hombres parapetados entre palmeras dispararon contra él, siguiendo procedimiento similar al utilizado contra los tres campesinos que señalamos en el primer párrafo de esta denuncia.
Y la causa del conflicto está intacta. El Acta de Compromiso sigue sin cumplirse. De las 3,000 hectáreas cultivadas que debían entregarse en abril apenas se entregaron 1,704 hectáreas y se olvidaron de entregar las 1,000 hectáreas cultivadas y 3,000 sin cultivar noventa días después de la entrega inicial; es decir, a mediados del mes de julio.
El empresario Miguel Facussé insiste en que si no se le pagan los 750 millones de lempiras que pide por las 3,000 hectáreas no cederá ante la solicitud del régimen de Porfirio Lobo, pese a que el avalúo realizado por especialistas en plantaciones de Palma Africana y conocedores de los precios de las tierras en esa región dictaminaron que su valor no pasa de los 286 millones de Lempiras. Es más, una comisión interinstitucional del Estado realizó otro avalúo y concluyó en que su valor era de 280 millones de Lempiras.
Mientras tanto las carreteras de la región están vigiladas por policías y militares. Hay retenes en distintos puntos pidiendo documentos y cotejándolos con listas de personas que supuestamente tienen órdenes de captura causadas precisamente por el mismo conflicto agrario y que de acuerdo al Acta de Compromiso deberían de suspenderse.
Con todo lo que ha sucedido en el país no es difícil concluir en que de no modificarse la política agraria del actual régimen persistirán las violaciones a los derechos humanos de los campesinos integrados a movimientos reivindicativos en el sector rural.
Como no hay institución estatal a la que se pueda acudir para evitar tales violaciones seguimos apostando a las acciones de incidencia política que puedan realizar organizaciones de derechos humanos en el ámbito internacional con gobiernos e instancias supranacionales que ejerzan presiones sobre el régimen actual con el propósito de que cumpla con los convenios internacionales sobre derechos humanos y los que ha contraído con los campesinos del Valle del Aguán.
Fuente: Aporrea.org
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