- Boris Yopo H.
- Cientista político y ex embajador
Sin embargo, las recomendaciones de este informe no avalan la existencia de un cambio sustantivo, como señaló el Canciller Alfredo Moreno, para justificar este cambio de política en una materia tan sensible no sólo para Honduras, sino para toda América Latina. Porque si bien el informe reconoce los esfuerzos del Presidente Lobo por promover la reconciliación nacional, entre ellos, la creación de la comisión de verdad y reconciliación, y las bases de una institucionalidad para proteger los derechos humanos, por otra parte, el informe consigna que “persiste un clima de amenazas y hostigamientos contra los defensores de los derechos humanos, contra comunicadores sociales, y sectores que se opusieron al golpe de Estado”, y en su acápite 4d. pide explícitamente el cese de la impunidad en la violaciones a los derechos humanos ya verificadas por la CIDH de la OEA, y por la Oficina del Alto Comisionado de los DD.HH de la ONU.
La decisión parece responder más bien a las presiones de sectores conservadores en Chile y la región, que han estado haciendo “lobby” hace meses para que se reconozca al gobierno de Lobo.
Aún más, hace pocos días, tres relatores de derechos humanos de la ONU en Ginebra, deploraron la persecución política que llevó a la destitución de varios jueces que se opusieron al golpe de Estado del 2009, poniendo así además, en tela de juicio la independencia e imparcialidad de los altos tribunales que existen en este país. Por otra parte, el ex presidente de Guatemala, Eduardo Stein, Coordinador de la Comisión de Verdad y Reconciliación, declaró hace poco, que la situación política sigue “altamente intoxicada”, con pocos espacios para avanzar en la reconciliación nacional. Finalmente, el informe no hace ninguna recomendación respecto a la reincorporación de Honduras a la OEA, pero sí pide, como un paso crucial, que se ponga fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto contra el ex presidente Zelaya y sus colaboradores, que al haber sido formulados en un contexto de golpe de Estado, son “acusaciones percibidas como políticamente motivadas”.
Entonces, ¿cuál es el avance significativo que justifica ahora este cambio de postura del actual gobierno? La verdad es que no la hay, y la decisión parece responder más bien a las presiones de sectores conservadores en Chile y la región, que han estado haciendo “lobby” hace meses para que se reconozca al gobierno de Lobo, apoyados además por Estados Unidos, quién hace poco envió a la región al subsecretario para asuntos del hemisferio occidental, para hacer una solicitud en el mismo sentido. Es muy lamentable además, que con este paso, se haya provocado una fisura en una política de acercamiento con un sector mayoritario de países de la UNASUR, respecto de los cuáles Chile tiene intereses importantes y permanentes, y se haya optado por criterios de “alineamiento ideológico” que aunque apaciguan el “frente interno” del gobierno, dañan a nuestra política exterior y la imagen de nuestro país en el vecindario.
Y es que más allá de las expresiones de buena voluntad del actual presidente hondureño, sin la presión y supervisión constante de la comunidad hemisférica, no habrá cambios significativos en una situación de “democracia tutelada” donde los poderes fácticos (oligárquicos y militares) de siempre, siguen dictando los términos y grandes decisiones que rigen a este país. Honduras debe reincorporarse a la comunidad hemisférica de naciones, pero una vez que al ex presidente se le hayan levantado todos los cargos y se le reconozca su status de ex mandatario, y cuando hayan habido avances sustanciales en materias de reconciliación y derechos humanos, que hasta ahora, como el propio informe de la comisión de la OEA, de la Alta Comisión de DD.HH de la ONU, y del Coordinador de la Comisión de Verdad y Reconciliación, atestiguan, no se han producido.
Avalar ahora el retorno a la OEA sin estos requisitos, no hará sino consolidar el actual estado de cosas en Honduras, y constituirá un triunfo político para los sectores golpistas que verían ratificados ahora a nivel internacional, actos que han significado un importante retroceso para el avance democrático en América Latina, y que nuestra región no puede volver a tolerar. Una elección ex post facto, no debe servir para “blanquear” un golpe de Estado. Hoy hay también instrumentos internacionales para defender la democracia, y en este caso, el gobierno de Honduras debe cumplir plenamente con las recomendaciones que plantea la comisión de alto nivel de la OEA, antes de que este país sea aceptado nuevamente como un “miembro responsable” de la comunidad hemisférica de naciones.
Fuente: elmostrador.cl
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