Dina Meza
Dos policías, a llamamiento de guardias de seguridad, que reconocieron al profesor Sergio Rivera como miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, pretendieron llevárselo detenido a una posta policial cercana al Seguro Social, pero el dirigente gritó y logró llamar a una radio para denunciar la represión, este lunes 14 de junio, a eso de las siete de la mañana.
Rivera es un miembro activo del FNRP, ex presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEMH, organización sujeta de mucha represión desde el golpe de Estado, al grado de haber perdido a casi una docena de militantes por estar en pie de lucha contra el golpe de Estado.
Durante su tiempo como presidente del COPEMH recibió muchas amenazas a muerte por desconocidos, su residencia sujeta de vigilancia, la casa de algunos de sus hijos ha sido allanada en el Occidente del país. El constante acoso lo pone en constante riesgo.
El profesor Rivera llegó hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, ubicado en el barrio La Granja, a escasos metros de la posta policial en esa zona, a apoyar a uno de sus compañeros maestros que enfrenta problemas de salud.
Relató que al entrar al IHSS para recoger a su compañero Oscar Padilla, al momento de ingresar a la zona de emergencia, el vigilante al reconocerme fue a traer a dos elementos policiales, diciéndoles que el docente es miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular.
“Primero una mujer policía me dijo que lo acompañara, yo le dije que no, que no venía a cometer ningún delito, luego apareció otro agente policial, este más bravo, más autoritario, tocándose la pistola, diciendo que él era autoridad y tenía que obedecerle a lo que él pedía, entonces le dije que me dijeran el delito por el cual me arrestaban, a lo que respondió que no tenían por qué darme explicaciones”, detalló a defensoresenlinea.com.
Rivera denunció que le querían llevar a la posta que está a la par, “sabía que si me llevaban peligraba mi integridad física y me negué, me puse a gritar en la entrada del hospital, dos empleados del seguro social me dijeron que me entrara e ingresara al centro dejando el carro afuera y desde dentro del Hospital hice la denuncia a Radio Globo y cuando alguien les dijo que la denuncia estaba siendo pasada por la radio ellos procedieron a salirse del hospital”.
A pesar de la acción ilegal y del contubernio entre los dos cuerpos armados, el jefe de vigilantes, un señor de nombre Diego llegó a reclamarle a Rivera sobre cuál era su prejuicio con los militares y policías, además de jactarse que había sido formado por éstos, “sin embargo estoy sorprendido por qué me quieren arrestar si yo no he cometido ningún delito”, manifestó el afectado.
Sobre este hecho que no es aislado sino que es parte de la represión y la persecución política contra la resistencia nacional, Sergio Rivera denunció que los paramilitares han creado una estructura que incluye a guardias de seguridad civiles o guardias privadas y esa estructura implica también tener los ojos abiertos para tener de cerca a los miembros del Frente Nacional de Resistencia.
Los campesinos del Aguán han denunciado que guardias de seguridad al servicio de los terratenientes, participan en los desalojos violentos contra los labriegos, hecho que es conocido por las autoridades del ramo y no toman acciones en su contra, contrario a lo que sucede contra los campesinos aglutinados en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA, sobre el que se ha levantado una campaña para desprestigiar su justa lucha por la tierra, al señalarles como un movimiento armado, con la intención de justificar la militarización de la zona, tal como ocurre hasta ahora.
El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios, creado en julio de 2005, por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, establece que uno de los elementos del mandato del Grupo es identificar, estudiar y supervisar las formas, manifestaciones y modalidades existentes y nuevas que asumen las actividades de los mercenarios y las actividades conexas, y las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas que repercuten en los derechos humanos en general, incluido el derecho de los pueblos a la libre determinación. Lea más.
El Grupo visitó Honduras entre el 21 al 25 de agosto de 2006 para investigar el accionar de las empresas de seguridad y su participación en las violaciones a los derechos humanos y en sus recomendaciones plasmó que : "Se debe comprobar la fiabilidad de los directores privados de la compañía, los accionistas y ejecutivos, así como todo su personal, para asegurarse de que no han había implicado previamente en violaciones de derechos humanos, e investigar si existen cualquier conflicto de intereses entre los puestos ocupados por algunos miembros o ex miembros de las fuerzas armadas o la policía y su participación en empresas de seguridad privada”. Vea todas las recomendaciones.
Sin embargo, desde esa fecha, ninguna se las recomendaciones ha sido implementada, las empresas de seguridad en el país continúan al libre albeldrío, a pesar que hay una unidad con mandato específico para controlarlas.
Fuente: defensoresenlinea.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario