| 04 de Julio de 2003 |
- Empresarios, funcionarios públicos, políticos y ex militares dentro de los señalados
- Ministro de Seguridad admite conocer el documento con anterioridad
El periodista Renato Alvarez, director del programa de debate "Frente a Frente", del Noticiero TVC que se transmite por los canales 3, 5 y 7 de la Corporación Televicentro, la principal del país, presentó detalles de un documento que contiene los nombres, empresas y cuentas bancarias de políticos, ex militares, polícias, fiscales, jueces, ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y empresarios del área comercial vinculados a redes de narcotráfico en el país. Posterior a esto, Álvarez recibió amenazas de muerte y la posibilidad de enfrentar querellas judiciales en los tribunales para que revele la fuente del documento. Pese a las amenazas, el comunicador sostiene que mantendrá el secreto profesional, en tanto, el Comité por la Libre Expresión en Honduras (C-Libre) asumió su defensa legal. Fuentes oficiales aseguraron conocer el documento, incluso, sostienen que representantes del gobierno de Estados Unidos (EEUU) también saben del mismo. A raíz de las críticas sobre la baja incautación de drogas en territorio hondureño, las autoridades han agilizado los operativos, superando significativamente, en los primeros meses del año, la cantidad de droga incautada en años anteriores.
RADIOGRAFÍA AL NARCOTRÁFICO. El 24 de junio, el periodista Álvarez divulgó en su programa televisivo, un documento que contempla un organigrama y detalles de los carteles del narcotráfico y las bandas de policías infiltrados por estas agrupaciones que operan en todo el territorio hondureño.
En el documento se menciona a Juan Ramón Matta (cuadro I) y al colombiano Arcadio Molina, como los jefes de uno de los carteles que opera en Tegucigalpa y el departamento insular de Islas de la Bahía, frente a la costa atlántica hondureña, quienes tienen vínculos con redes en Colombia y México.
El cartel del centro está dirigido por los hermanos Alvaro, Jaime y Mario Flores Ponce. El primero fue director general de la Policía Nacional de 1995 a 2002; el segundo ocupa actualmente el cargo de jefe de la unidad policial contra robo de automóviles y el tercero es propietario de una empresa de seguridad privada. En el caso del comisario de policía, Jaime Flores Ponce, se detallan los grandes movimientos de dinero efectuados en sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, en moneda local y en dólares, hasta el 29 de mayo de este año.
Un tercer cartel es el de la norteña ciudad de San Pedro Sula, principal centro industrial y comercial del país, integrado por jefes policiales y colombianos, propietarios de la empresa Electrodomésticos Populares, entre ellos Rosel Barralaga, dedicado a la venta de refrigeradoras, estufas y televisores de bajo costo. En la también norteña ciudad de La Ceiba se mencionó a los hermanos Carrión, propietarios de una poderosa cadena de tiendas de ropa, calzado y cosméticos en Honduras y Costa Rica.
En el cartel de occidente se contemplan a dos cubanos, sin dar sus nombres, que operan en la ciudad de La Entrada, en el departamento de Copán.
Otro de los grupos opera en oriente (departamentos de Olancho, Colón, El Paraíso y La Mosquitia), lidereados por los hermanos Santiago, Mateo y Wilkin Montalván, junto a Eduardo Sarmiento, ex diputado al Congreso Nacional; Filiberto Marimón, de la empresa Tabacaleras de Danlí y varios colombianos que operan a orillas del río Patuca y La Mosquitía, una apartada y selvática zona. En el caso del ex diputado Sarmiento, se indica que en sus haciendas hay pistas clandestinas, donde aterrizan las avionetas procedentes de Colombia con los cargamentos de cocaína.
Estos cartales, según el documento, tienen toda una estructura jerarquizada para el manejo del trasiego de droga que va desde la elaboración de planes y las operaciones de transporte, almacenaje, asesoría legal, contabilidad, inversiones y lavado de dólares, complejo proceso que cuenta con la complicidad de bandas integradas por oficiales de la Policía, entre ellos tenientes, capitanes, mayores y hasta cuatro coroneles. En estos casos no se revelan los nombres (cuadro II).
De igual manera se cita como cómplices al actual director de Fiscales del Ministerio Público, Humberto Palacios Moya, y 17 fiscales bajo su cargo. Ante los señalamientos, el funcionario negó toda vinculación con el narcotráfico y dijo que todo era una trama para separarlo del cargo por su lucha contra el crimen organizado.
El ex magistrado a la Corte Suprema de Justicia (1994-1998), Hernán Silva Baltodano, se le cita como abogado de la mafia de narcotraficantes el sureño departamento de Choluteca.
UN SECRETO A VOCES. Dado lo delicado del tema, el periodista invitó al programa televisivo al ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, y en su presencia leyó fragmentos del documento. El funcionario en ningún momento desmintió, ni cuestionó, el contenido del mismo; al contrario, dijo que ya lo conocía y reveló que desde septiembre del 2002 el informe estaba en poder del entonces subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Hemisféricos, Otto Reich, quien lo recibió en el transcurso de una visita oficial al país.
En la presentación del documento, el ministro Álvarez sostuvo que la Policía Nacional hace todos los esfuerzos por combatir el crimen organizado, pero aún carece de los recursos necesarios y por ello solicitó al Poder Legislativo una ampliación del presupuesto de L.1,200 a L1,500 millones (de US$69.5 a US$89.6 millones), al tiempo que abogó por una mayor coordinación de las instituciones involucradas en la lucha contra la delincuencia, en particular el Ministerio Público (MP).
En una declaración posterior a la presentación del documento, el ministro Álvarez restó valor a los datos, pero reiteró que no deben desestimarse, al tiempo que rechazó que su asesor de imagen, Leo Torres, mencionado por el periodista, tenga vinculación con los carteles de la droga, ya que antes de ser nombrado fue minuciosamente investigado.
El funcionario aseguro tener información de que varios ex jefes policiales se reunieron recientemente en Nicaragua con capos de la droga para planear mi muerte. Agregó también que las investigaciones del Ministerio de Seguridad indican que en Honduras operan tres capos que manejan el narcotrófico, quienes junto a los dueños de la droga, movilizan cantidades millonarias de dólares, superiores al presupuesto nacional.
AMENAZAS: LA REACCIÓN. Luego de denunciar públicamente los nexos de empresarios y funcionarios públicos con las redes de narcotráfico que operan en Honduras, el periodista Renato Álvarez recibió llamadas y mensajes telefónicos intimidatorios primero, y luego llamadas de cinco abogados para decirle que sería procesado en los tribunales si no revelaba la fuente del documento.
En declaraciones públicas, Álvarez comentó que uno de los abogados, que dijo representar a un grupo de empresarios, me indicó que si revelaba la fuente no me harían nada; de lo contrario, debía prepararme para ir a la cárcel o pagar una millonaria indemnización.
El periodista sostiene que el documento le fue entregado por una fuente confiable que le garantizó que en su elaboración se utilizaron datos de investigaciones del Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público, además de la Agencia Antidrogas de EEUU. Inclusive, se menciona como fuentes de información al actual fiscal general Roy Medina, al ex director de Investigación Criminal, Wilfredo Alvarado y al vice presidente del Congreso Nacional, Ramón Velásquez.
Según un comunciado de C-Libre, integrado por un grupo de periodistas independientes, el periodista Alvarez en ningún momento acusó a las personas sindicadas en el informe, sino que demandó una investigación a fondo de la denuncia.
Aunque no se han concretado las querellas en los tribunales de Tegucigalpa por parte de algunos de los mencionados en el documento, el C-Libre solicitó al prestigiado abogado Enrique Flores Lanza que, de ser necesario, asuma la defensa legal del periodista.
TRABAJO BAJO PRESIÓN. La difusión del documento coincidió con la captura en la frontera terrestre de Costa Rica y Nicaragua del diputado hondureño al Parlamento Centroamericano, César Díaz Flores, el 20 de junio (Inforpress 1517) y las reiteradas críticas del embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Larry Palmer, quien sostiene desde hace meses que las autoridades hondureñas bajaron sustancialmente la intercepción de cargamentos de droga (Inforpress 1504).
El presidente Ricardo Maduro, por su parte, ha expresado que el gobierno de Estados Unidos debe incrementar su ayuda económica para fortalecer a los equipos de la Policía Nacional y del MP para los operativos antidrogas. Por ahora, el gobierno de Washington otorga unos dos millones de dólares anuales para la lucha antidrogas.
El bajo perfil de la lucha antidrogas en Honduras se ha consignado en los más recientes informes del Departamento de Estado de EEUU y de la Organización de Estados Americanos, al grado que círculos políticos locales temen que el próximo año el país puede quedar descertificado.
Tras las críticas, los ministerios de Seguridad y Público intensificaron los operativos antidrogas, al grado que en los últimos tres meses incautaron 1,407 kilos de cocaína, frente a los 90 kilos interceptados durante el 2002.
| I - Linaje con experiencia |
| Juan Ramón Matta es hijo del famoso capo hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, quien fue capturado en un operativo de las Fuerzas Armadas de Honduras en abril de 1988 y entregado a la agencia antidorgas de Estados Unidos (EEUU), que lo encarceló en una prisión de máxima seguridad y luego fue condenado por el delito de narcotráfico y por su vinculación con la muerte del agente Enrique Camarena, en México, a principios de la dácada de 1980. La captura y posterior entrega de Matta Ballesteros generó violentas protestas que culminaron en el incendio del consulado de EEUU en Tegucigalpa, ya que según la Constitución, ningún hondureño puede ser entregado a autoridades extranjeras, sin ser juzgado y efectuarse un proceso formal de extradición. |
| II - Mecanismos para el trasiegos de droga |
| El fiscal de lucha contra el crimen organizado, Mario Chinchilla, declaró que las bandas internacionales de narcotraficantes de Colombia introducen las drogas en las costas hondureñas, mediante embarcaciones o aeronaves rápidas, que son recibidas por sus contactos locales que cuentan con un cabecilla, personal de transporte, asesores legales, administradores y sicarios fuertemente armados. Posteriormente, la droga es almacenada en ciudades como Tela y La Ceiba, para luego ser transportada en vehículos pesados hacia territorio guatemalteco. Los narcos aprovechan que la costa atlántica hondureña es sumamente extensa y poco vigilada, además, ya no se cuenta con una red de radares que en el pasado detectaban la aeronaves, aseguró. |
Fuente: inforpressca.com
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