Exigen libertad para los presos políticos de la Reforma Agraria

Marvin Palacios

La Vía campesina, organizaciones de derechos humanos, diputados, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), organizaciones sociales y campesinas exigen la libertad para Carlos Antonio Maradiaga y José Inés Morales, considerados presos políticos de la reforma agraria.

Carlos Antonio Maradiaga y José Isabel Morales están en prisión desde hace 2 años en la Granja Penal El Porvenir de La Ceiba, departamento de Atlántida, zona norte del país.

Se tiene programado el juicio oral y público del 14 al 25 de junio en la ciudad de La Ceiba en donde se determinará si los absuelven o por el contrario los condenan.

La Fiscalía ha acusado a Maradiaga y Morales por la muerte de 12 personas ocurrida el 3 agosto de 2008, cuando un grupo de individuos encapuchados y fuertemente armados atacó a la comunidad Guadalupe Carney en Silin, Trujillo, departamento de Colón en disputa por la tierra., posteriormente producto del enfrentamiento entre miembros de la comunidad Guadalupe Carney y la familia del comisario de policía Henry Osorto (terrateniente de la zona), murieron 12 personas.

Recuerde que el origen de este problema se da por el acaparamiento de tierras nacionales de la reforma agraria por parte de terratenientes de la zona, eso generó una conflictividad agraria hasta que se organizó el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) ubicada en la comunidad Guadalupe Carney como base de trabajo donde se generó una lucha fuerte, expresó el vicepresidente del Congreso Nacional Marvin Ponce.

“Se aprobaron dos decretos en el Congreso Nacional para pagar las tierras, pero los terratenientes voraces querían mas dinero y sobrevaloraron los terrenos para poder hacer negocio con las tierras que históricamente le correspondían al Estado y a los campesinos, producto de ello han fallecido más de 11 campesinos a manos de terratenientes, han matado compañeros en la calle, en los cultivos, en desalojos, hasta que un día hubo un conflicto en la que resultó afectada la familia Osorto, familia de terratenientes”, explicó Ponce.

Añadió que “esto generó un conflicto fuerte en la zona, con una persecución masiva para toda la comunidad sin individualizar las causas, sin individualizar los hechos y entonces los compañeros que están retenidos como parte de la cacería humana que hizo la policía, agarraron a dos compañeros y a ellos les han cargado todos los hechos sin que haya ninguna prueba contundente”.

Por su parte la abogada Karla Escalante de la Via Campesina informó que el caso se estará ventilando con jueces de Trujillo, el juicio es oral y público contra José Isabel Morales y Carlos Antonio Maradiaga, “a estos compañeros hace 2 años se pretende enjuciar injustamente, el Ministerio Público no siendo objetivo, ha presentado requerimiento por los delitos de asesinato, homicidio, asesinato en grado de tentativa, incendio y robo agravado”.

“Estos compañeros denominados presos políticos por la reforma agraria, ya que sabemos que este problema se origina por tierras, que son del estado, tierras que se han pagado doblemente, tierras que aún siendo que todavía existe un decreto actual vigente 18- 2008 que en su artículo 12, da una aportación para finalizar todo este conflicto, pero en su momento, el Estado no ha hecho nada para quitar toda esta problemática agraria y que ahora lo que buscan culpar, son a 2 campesinos, cuya única lucha es por un pedazo de tierra”, explicó la abogada.

Consultado el diputado Marvin Ponce, si ¿existe confianza en que el sistema judicial aplique un juicio justo, a pesar de la desafortunada decisión de no reintegrar a jueces y magistrados independientes que mantuvieron una huelga de hambre de 16 días?, el diputado contestó: no hay que dudar que aquí el esquema golpista sigue a pesar de que el ejecutivo y legislativo han querido dar una cara distinta para poder legitimar al gobierno luego del golpe.

“Todavía no lo han logrado porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) , la policía, la Fiscalía se quedaron con el golpe y siguen actuando como golpistas, prueba de ello es el despido de jueces en una forma inconsecuente, solamente por motivos políticos, prueba de ello es este juicio político de dos campesinos, prueba de ello, son los presos políticos de la resistencia , aparentemente la amnistía solo es para los golpistas, la justicia esta retorcida, lo que procede es destituir la CSJ”, demandó el diputado.

Carlos Antonio Maradiaga y José Isabel Morales están acusados de asesinato, homicidio, asesinato en grado de tentativa, incendio y robo agravado. el Ministerio Público esta solicitando 350 años de cárcel para cada uno de los imputados, a quienes las organizaciones campesinas consideran como presos políticos, debido a que las pruebas aportadas por la Fiscalía no son objetivas, ni claras, ni contundentes.

Cabe señalar que la detención de los dos campesinos fue destacada por los medios de comunicación controlados por la oligarquía, como la “captura de los cabecillas de la masacre de Silín”, en un afán de criminalizar la lucha campesina por la tierra e influir ante los tribunales en torno a declarar como culpables a los imputados.

Antecedentes del conflicto

La ley de modernización agrícola aprobada durante la administración del ex presidente Rafael Leonardo Callejas generó la perdida de las tierras para muchas familias campesinas, en donde empresas asociativas quebraron y otras se vieron obligadas a vender para pagar deudas.

Las tierras de Silin, Colón, eran propiedad del puertorriqueño, Temístocles Ramírez pero el gobierno la expropió para que funcionara el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) , en donde se capacitó a contingentes militares hondureños, salvadoreños y nicaragüenses con el propósito de perseguir y reprimir a grupos disidentes en la region centroamericana.

Años después Estados Unidos obligó al estado hondureño a indemnizar a Temístocles Ramírez por 18 millones de dólares. En el gobierno de Callejas se demandó que estas tierras servirían para fines de reforma agraria y que fuese entregada a los campesinos.

Posteriormente un decreto aprobado en la misma administracion Callejas, permitió a las municipalidades, titular las tierras, lo que aprovechó la alcaldía de Trujillo para traspasar las tierras a los mismos ganaderos que la habían tenido en su poder en años anteriores.

Estas desafortunadas acciones desataron una serie de enfrentamientos, porque dentro de las parcelas compradas por el Estado de honduras para fines de reforma agraria, nadie podía celebrar actos y contratos o venderlas, pero la municipalidad de Trujillo sí las vendió.

En la administración del ex presidente Ricardo Maduro se desembolsaron 35 millones de lempiras para indemnizar por mejoras esas mismas tierras para traspasarlas a las cooperativas campesinas, pero las mismas fueron sobrevaloradas bajo componendas políticas y no se resolvió el problema.

El ganadero y oficial de policía Henry Osorto llevó a otra gente a ese sector y eso hizo estallar más el conflicto. A raíz de este sangriento suceso los terratenientes y ganaderos de manera impune y deliberada han acusado ante el Ministerio Público a 32 miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MUCA).

La abogada Karla Escalante cuestiona el accionar mostrado hasta el momento por parte de la fiscalía y adelantó que la oligarquía quiere sentar un precedente frente a la lucha por la tierra emprendida por las organizaciones campesinas.

El Ministerio Público debe ser objetivo, pero en este caso lo ha hecho sin criterio, porque desde el mismo momento de los hechos presentaron el requerimiento y no se tomó un tiempo para investigar y documentar pruebas sostuvo la abogada.

“Ellos (fiscales) lo que querían era acusar a alguien por lo que había hecho, sin previa investigación. Los campesinos acusados son representativos de la reforma agraria y creo que el objetivo de ellos es de presentar ante todo el campesino, qué sucede al meterse con estos grupos oligárquicos, qué sucede entre un campesino ante un terrateniente, es un hecho que ellos pretenden para que todo el campesinado vea lo que sucede al momento de querer luchar por un pedazo de tierra, es para que la reforma agraria no suba su perfil”, comentó Escalante.

Los jueces que estarán a cargo del juzgamiento de los presos políticos son: Karol Jackeline Ortega Rodríguez, Yesi Paulita Ventura Rivera, Henry Geovanny Duarte Zaldívar y Danilo López fuentes (suplente).

Maradiaga y Morales han pasado serias dificultades en prisión al punto de llegar a recibir amenazas a muerte, situación que obligó a la Via campesina y al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) a solicitar su reubicación en un lugar mas seguro.

El diputado de Unificación Democrática Marvin Ponce resume lo que a su juicio es el actual sistema judicial hondureño: “no hay un aparto de justicia transparente, legítimo, expedito, probo, lo que hay es un sistema de justicia politizado, parcializado con el golpe y que criminaliza todos los actos políticos que no sean afines al pensamiento golpista de los magistrados en su mayoría”.

Fuente: Defensores en Línea