Cuando dejamos pasar este comportamiento, lo normalizamos, lo aceptamos hasta volverse costumbre y después hasta de aparente legalidad.
Debemos entender, y hacer entender, que no se puede comparar la solidaridad de un extranjero en asuntos políticos nacionales, y que en este caso no se trata de eso, sino de la injerencia de un estado en la autonomía política de otro estado.
No puede tampoco intervenir para, supuestamente, reconstruir un partido político que se resquebraja voluntariamente o que se hizo añicos sobre el suelo nacional. Este partido tampoco debería permitirlo, ni llamar a otro estado para ser orientado, o salvado. Si acaso ese es el propósito.
Es prohibido a los partidos políticos "mantener dependencia o subordinación con partidos políticos, personas naturales o jurídicas extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religion o secta."(72 de la Ley electoral).
Del mismo modo, la valoración de los derechos humanos de las hondureñas y de los hondureños, si ha de hacerlo, Estados Unidos debe hacerlo de manera igualitaria y equitativa.
Sobretodo, porque el Departamento de Estado se ha asignado la tarea de hacer una valoración anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.
Siete meses después, la embajada de Estados Unidos emite un comunicado en el que manifiesta su "grave preocupación por la violencia en Honduras", relacionada con el golpe de Estado.
La madre de las violencias y de la que se derivan todas las demás, es el golpe de Estado. Y existen fundamentadas evidencias, expresadas por analistas, incluso estadounidenses, y por el propio presidente Zelaya, sobre la participación de sectores en EE.UU., que aun no son investigadas por el gobierno de ese país.
En relación al atentado Cabrera-Ochoa, la Embajada ha llamado “a las autoridades competentes a investigar a fondo estos crímenes y enjuiciar a los responsables. La libertad para expresar sus propios puntos de vista políticos debe ser protegida por todas las ramas del gobierno”, según expresa una publicación de La Tribuna.
No obstante, Estados Unidos ha mantenido un extraño silencio al respecto de la persecución de miles de personas, y sobre más de un centenar de asesinatos con características de ejecución, -por los mismos motivos de libertad de expresión y de participación que ahora reclama para el caso Cabrera.
Personas muy honradas, reflexivas y amorosas de su patria que, de haber estado cometiendo delito, debieron ser investigadas y enjuiciadas con justicia, al igual que debió serlo el presidente constitucional, Manuel Zelaya.
Es suspicaz, como ahora, los mismos sectores golpistas comienzan a enarbolar el retorno y el derecho de libertad y participación política del presidente Zelaya, probablemente siempre que éste deje pasar el golpe de Estado y no intente más reclamar la restitución constitucional.
El presidente Zelaya no debió ser perseguido, ni repatriado, ni obligado a acogerse en otro país. Y, el golpe no debió ocurrir jamás. Ahora existe el propósito de pretender aparecer todo como que nada pasó. El golpe queda soterrado en esa falsa realidad de "everything is ok" que están fabricando, y el golpismo está allí sin resolverse.
Pero, la postura de la resistencia tendrá que ser distinta, por la propia razón y esencia que la hace resistir.
Del mismo modo, debe exigirse las aclaraciones necesarias sobre las acusaciones expresas de la comunicadora Cabrera, que aribuyó a la Resistencia el acto perpetrado en su contra, según la misma publicación de La Tribuna.
En la que se lee textualmente: "La periodista acusó hoy del atentado a miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular contra el golpe de Estado, aunque dijo que no pudo ver a quienes le dispararon."
La nota completa sobre las expresiones de Cabrera, puede leerse en el siguiente link: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=104445
Fuente: elprogresoresiste.codigosur.net
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