La falsificación de la edición de La Gaceta —Diario Oficial de la República— correspondiente al 22 de enero de 2010 es una prueba patética del derrumbe de la institucionalidad en Honduras.
En los anales de la corrupción en nuestro país nunca se había llegado hasta este nivel, en el que la promulgación de las leyes fuera dolosa y fraudulenta, merced al abuso de poder por parte del Ejecutivo y/o del Legislativo, dándole el tiro de gracia a la ya macilenta seguridad jurídica.
Las dos ediciones de La Gaceta número 32,120, una de ellas publicada, al parecer, de acuerdo con los procedimientos administrativos normales, y la otra de solamente 20 ejemplares, impresos a matacaballo, en la oscuridad de la noche y con los minutos contados, después de que el jefe de Estado de facto, Micheletti, sancionó la concesión otorgada por el congreso nacional a una empresa “italiana” para la inicua explotación de la represa de Nacaome, pasan a ser, en Honduras, el emblema de la corrupción administrativa.
La sola cronología de los acontecimientos relacionados con este caso es indicativa de la profundidad del foso en que ha caído la institucionalidad, pues nadie, por ingenuo que fuese, podría ignorar o disimular la concatenación de los hechos consumados en el último día y a última hora, con la intención de camuflarlos frente a la mirada pública.
El 13 de enero/10, en la última sesión de la cuarta legislatura, el congreso nacional, presidido por José Alfredo Saavedra, aprobó un bulto de decretos sobre obras públicas, entre ellos la sonada concesión de la represa de Nacaome. En esa misma sesión, Micheletti fue declarado diputado vitalicio, concediéndole, además, una serie de canonjías y privilegios, todo esto en términos inconstitucionales.
El 21 de enero/10 Micheletti anunció que, a partir de ese día, se retiraría de la Jefatura de facto una vez concluida su última sesión en consejo de ministros de facto, y allí mismo sancionó el decreto legislativo de la concesión de la represa de Nacaome, ordenando, en la alta noche, su publicación inmediata en La Gaceta del 22 de enero/10, que lógicamente se imprimió el día anterior. Las prisas, dicen, son malas consejeras, pero las urgencias no dan para más tiempo.
El decreto de marras, todo el mundo lo sabe, fue remitido al congreso nacional por el secretario de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), Saro Bonano, quien dice estar listo para demandar judicialmente a cualquiera que lo calumnie. Por su parte, el ex-presidente del congreso nacional, José Alfredo Saavedra, dice que ni cuenta se dio de la tal concesión porque su papel en la asamblea legislativa se contraía a presidir las sesiones, o sea dar la palabra a los diputados.
Sin embargo, las candilejas del escándalo no pueden dejar de alumbrar al trío involucrado en el proceso de remisión, aprobación legislativa, sanción ejecutiva y promulgación de la concesión aludida, o sea el trío Micheletti-Saavedra-Bonano.
Un escenario aún más espléndido, en la gesta golpista, por la presencia del Primer Héroe Nacional del Siglo XXI, Libertador de las Américas, Vicepresidente de la Internacional Liberal, Héroe del Cardenal y de los Empresarios, Salvador de la Democracia… ah, y Presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal.
Como broches de oro para el cierre de este “histórico” asunto, queda el anuncio del diputado Saavedra, jefe de la bancada liberal en el congreso nacional, de presentar el día de hoy una iniciativa para derogar la concesión de Nacaome y la del presidente del congreso nacional orientada a la revisión de los decretos legislativos aprobados en los últimos tres meses del régimen de facto.
Por si esto fuera poco, cabe también reparar en que la anulación de la publicación de las dos Gacetas del 22 de enero/10, cuya resolución fue publicada en La Gaceta del 11 de febrero/10 está firmada por la licenciada Martha Alicia García, gerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, algo que, según tenemos entendido, corresponde al Ejecutivo, que es quien ordenó dicha publicación.
Editorial Diario Tiempo, 15 de febrero de 2010
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