Andrés Cabanas
El anunciado reconocimiento del gobierno de Porfirio Lobo por parte de Guatemala y otros países,[i] implica la desvalorización de la lógica democrática. Por dos razones fundamentales: desconoce el “pecado original” de un gobierno sucesor de un ejecutivo golpista. Desconoce la votación minoritaria obtenida por Lobo el 29 de noviembre y, por tanto, su escasa representatividad.
El reconocimiento soslaya hechos antidemocráticos ocurridos entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero de 2010, exactamente en un periodo de siete meses: la captura y expulsión ilegal del presidente Zelaya (ilegítima y antidemocrática incluso en el caso de que el mandatario fuese proclive al autoritarismo o al presidencialismo: es el pueblo el que debe tomar la decisión de la revocatoria); la restricción de libertades; la represión; la tutela del Ejército y por tanto del uso de la fuerza durante el proceso electoral, entre otras anomalías. Precisamente los delitos por los que Zelaya es acusado, incluso después de su partida a República Dominicana, deben ser estrictamente atribuidos a sus acusadores: delito contra la forma de gobierno, traición a la patria, falsificación de documentos públicos, uso y abuso de autoridad, fraude al emitir decretos de emergencia y retirar dinero para gastos de publicidad, además de usurpación de funciones.[ii]
Considerar al nuevo ejecutivo como muestra de la superación del golpe y la normalización democrática implica elipsis y amnesia históricas, oficializadas con la amnistía para los militares directamente implicados en la captura y expulsión de Zelaya.
¿Qué intereses se mueven alrededor del acelerado reconocimiento de la nueva presidencia? En el caso de la Unión Europea, el cálculo mercantil-comercial: la urgencia por firmar un Acuerdo de Asociación, para justificar lo cual se califica de positiva la evolución de la crisis hondureña.[iii] En el caso de Estados Unidos, el cálculo geoestratégico, que considera a Honduras como pieza clave en un tablero donde se reconfigura el proyecto hegemónico estadounidense.
En el caso de Guatemala, el cálculo mercantil-político: cabe analizar el reconocimiento en el marco de las reanudadas negociaciones con el empresariado; y en el marco de un intento de recomponer alianzas con vistas al próximo periodo electoral. El reconocimiento implica una concesión fundamental a algunos de los críticos más persistentes del actual gobierno, aglutinados en la Cámara de Comercio, favoreciendo a aquellos que, por medios diferentes al hondureño, intentaron quebrar la institucionalidad actual, promoviendo o aprovechando el asesinato y las acusaciones emitidas en el video de Rodrigo Rosemberg. Supone también un guiño especial para el Alcalde Arzú, defensor del golpe y su lógica subyacente (las democracias duras o las dictaduras de fachada civil), guiño que tiende a fortalecer una alianza preelectoral de intereses estratégicos: Arzú como garantía del voto duro y conservador capitalino; Colom como instrumento de la proyección nacional del Alcalde. Igualmente, supone la devolución del favor por la discreta actitud asumida por el Alcalde durante el ensayo desestabilizador de mayo. En este marco, los principios se sacrifican en función de alianzas coyunturales que, al mismo tiempo, debilitan la unidad anti golpista latinoamericana.
El hiper pragmatismo, la inconsistencia, las decisiones discontinuas, las conveniencias inmediatas, legitiman a los promotores del neo golpismo y el neoconservadurismo en América Latina. Lanzan el mensaje de que la democracia debe ser tutelada, dirigida y finalmente restringida por y en función de intereses oligárquicos sectoriales. Así, se proponen para la región “dictaduras constitucionalistas” instrumentalizadas a través de “golpes militares institucionales”.[iv]
La alternativa a la legitimación golpista debe ser la refundación democrática: un marco en el que los derechos colectivos se impongan sobre los intereses sectoriales; y los principios predominen sobre concepciones casuísticas de la democracia y el derecho.
[i] Entre otros, la Unión Europea en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Asociación, la OEA a través de Estados Unidos, la propia administración norteamericana (con condiciones no explicitadas), el Parlamento Centroamericano.
[ii]http://www.laprensa.hn/Apertura/Ediciones/2010/01/11/Noticias/Manuel-Zelaya-saldria-limpio-con-amnistia.
[iii] Declaraciones de Benita Ferrero, Comisaria Europea de Comercio Exterior, en http://radio.emisorasunidas.com/nacionales.php?id=36602.
[iv] Francisco Palacios Romero.
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