La presencia masiva de la población en las calles condena la actitud de los diputados del Congreso de querer derogar el decreto de adhesión de Honduras a la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), denunció el dirigente campesino Rafael Alegría.
Quien va a refundar y transformar el Estado de Honduras es la Resistencia, afirmó Alegría en medio de un enardecido discurso.
Antes de la asonada castrense del 28 de junio, mediante la ALBA Honduras estaba siendo beneficiada con tractores, financiamiento en el agro, cooperación de médicos y maestros internacionalistas de alfabetización, dijo.
Desde la firma de la ALBA el 9 de octubre de 2008, esta ha favorecido a los sectores más pobres de la nación centroamericana, resalta un comunicado del Frente dado a conocer al inicio de la manifestación.
El documento repudia las medidas económicas impulsadas por la oligarquía en contra del pueblo y señala que estos grupos privilegiados intentan destruir las conquistas sociales de los sectores populares organizados.
Advierte que el régimen modificó la fórmula para calcular el precio de los combustibles en función de beneficiar a las compañías transnacionales y que se están realizando contratos para favorecer a los empresarios implicados en el golpe de Estado.
El dinero de la ALBA ahora está en los bancos de los que financiaron el golpe militar al presidente Manuel Zelaya, denunció el dirigente de la Resistencia Carlos Eduardo Reina, en un discurso frente a la multitud reunida en el parque La Merced.
Reina afirmó que a la fecha se registran 144 asesinatos, seis mil torturados y golpeados y 19 mil millones de lempiras (más de mil millones de dólares) que los golpistas usurparon de las reservas del Banco Central de Honduras.
La multitud reunida en la plaza, contigua a la sede del Congreso, coreó consignas contra la amnistía a los golpistas que los diputados anunciaron aprobarán el próximo lunes.
Los manifestantes denunciaron el estado represivo en que viven, agudizado desde finales del año pasado con el incremento de asesinatos, la persecución y el exilio de miembros del Frente Nacional.
Por esa razón, Reina hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que acentúen la presión sobre el régimen de Roberto Micheletti y del general Romeo Vásquez Velásquez.
El Frente recordó que después de la asonada militar se han aumentado las tarifas del agua, los precios de la canasta básica familiar y vaciado las reservas internacionales y los ahorros de las empresas estatales de electricidad y comunicaciones.
Apunta que otras de las medidas planificadas por el régimen son la reducción real del salario mínimo, la devaluación de la moneda (lempira) y la privatización de las empresas estatales.
Ratificó su exigencia de retornar al orden constitucional y de instalar una Asamblea Nacional Constituyente democrática y popular.
Alegría anunció que la próxima movilización masiva está planificada para el 27 de enero, cuando toma posición Porfirio Lobo Sosa, proclamado ganador de las cuestionadas elecciones del pasado 29 de noviembre.
Fuente: Prensa Latina
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