Los generales del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas, encabezados por Romeo Vásquez Velásquez, dicen estar dispuestos a someterse al imperio de la justicia, como buenos ciudadanos respetuosos de la ley y como militares profesionales dispuestos a morir en defensa de Honduras y su Constitución.
Tranquilos, calmados y serenos —como decía Rosuco—esperan que el largo e implacable brazo de la justicia hondureña no los alcance por los supuestos delitos de abuso de autoridad y expatriación ilegal del presidente José Manuel Zelaya Rosales, cargos que el fiscal general Luis Rubí, y el fiscal especial contra la corrupción Henry Salgado aducen para su juzgamiento en los tribunales penales.
La tranquilidad, calma y serenidad de estos altos jefes castrenses hace juego con su formación militar que les da nervios de acero. Porque de no ser así estarían en pánico frente a la guadaña de fiscales y jueces decididos a mantener inalterable la tradición justiciera del Estado, que no conoce los vicios de la impunidad, la prevaricación, la sumisión ni la venalidad.
De suerte que la noticia sobre los requerimientos de la fiscalía general a la corte suprema de justicia, para que un juez especial (dada la altura jerárquica de los acusados) dé la orden de captura y los juzgue, no ha causado ninguna sorpresa porque la nación hondureña, consciente de la rectitud y patriotismo del ministerio público, no esperaba menos.
No esperábamos menos los hondureños, confiados como estamos en la honradez y espíritu de sacrificio de la fiscalía general y de los magistrados de la corte suprema de justicia, hasta el grado de que los creemos capaces de ordenar para sí mismos el mismo juzgamiento que para los militares aludidos, aunque estos últimos, en realidad, deberían ser juzgados en Consejo de Guerra, que es cosa muy distinta.
De darse esta situación, tendríamos en Honduras un nuevo caso de impacto mundial, similar al del Golpe de Estado del 28 de junio/09, porque los requerimientos abarcarían también a los fiscales generales, a los magistrados de la corte suprema de justicia y a los diputados al congreso nacional que, en compañía con los milicos, derrocaron al presidente de la República, rompieron el hilo constitucional e instalaron una dictadura, violando la Constitución de la República y los tratados y convenciones internacionales.
Sin embargo, es imposible llegar a tanto extremo porque desaparecería lo que apenas queda —en esta Honduras irredenta y ajena— de la entelequia de los “poderes constituidos”. Se rompería, entonces, la cadena de premisas necesarias para formar el silogismo de la amnistía política —con todo y delitos “conexos”— que, a fuego lento y en baño María, se cocina en el inmaculado templo de la representación nacional, conocida vulgarmente como asamblea legislativa.
Y para evitar la catástrofe y pueda Honduras y su pueblo retornar a la “democracia”, al Estado de Derecho, y a la silla en el teatro de la comunidad internacional, el congreso nacional hará justicia patriótica a los Líderes Militares del 28 de junio, que libraron la madre de todas las batallas contra el monstruo de la reivindicación económica y social y, con ello, rescataron su poder armado para garantizar la continuidad del orden “democrático” establecido.
Amén.
Fuente: Tiempo.hn
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario