Por Carlos Palacios
El golpe de estado perpetrado en Honduras, en Junio pasado, ha constituido una flagrante violación a la institucionalidad de ese país, y a los derechos humanos de los hondureños, quienes son reprimidos salvajemente por el ejército. Los golpistas que cocinaron el golpe en contubernio con el ejército, la oligarquía, corporaciones internacionales y probablemente la embajada de Estados Unidos, como se denunciara en los albores del golpe, han instalado un gobierno a la medida de sus intereses, comportándose con una prepotencia que los ha llevado al desconocimiento y aislamiento internacional, para que restituyan al presidente depuesto Manuel Zelaya, quien de acuerdo a las leyes de ese país, es el legitimo presidente. Reprimen ferozmente a los ciudadanos que defienden el artículo 3. De la Constitución de la Republica de Honduras que reza: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman sus funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos, el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden institucional”
La soberbia y abuso de los golpistas queda claro ante la comunidad internacional, al rechazar la intervención conciliatoria de los organismos como la OEA y de realizar actos terroristas en contra de la Embajada de Brasil, al lanzarles gases para expulsar de esa sede y poder capturar al Presidente Zelaya, a mas de cortar la energía eléctrica y el agua. Ninguna posibilidad de negociación ha sido aceptada por estos aventureros golpistas, quienes vociferan que aguantarán cualquier presión internacional pero que no cederán el poder, sino hasta después de las elecciones a celebrarse en mes de noviembre.
Esta obsesión por mantener el poder obedece al secular dominio de los clubes de poder, la oligarquía criolla que emergiera desde la tiempos de la colonia, y que en complicidad con el ejercito, gobiernos y oligarquías extranjeras y la generalmente negativa participación de la iglesia católica, conformaron la maquinaria con la que han mantenido a las grandes mayorías marginadas del quehacer político, educacional, de salud y sobre todo de una inclemente explotación, que ha degenerado en crimen organizado que se incrustan en todos los organismos del estado, como tristemente lo experimenta el pueblo guatemalteco.
Los golpes de Estado, como el que vive Honduras, corresponden al negro pasado, hoy en pleno siglo XXI, las condiciones , la voluntad soberana del pueblo y la conciencia de la comunidad internacional, están en plena evolución por un mundo mejor, por una sociedad más justa, y es inadmisible la brutalidad de los golpes de Estado, haciendo que los ejércitos cumplan con su máxima jurídica de ser apolíticos, y de resguardar la soberanía nacional y así poder dejar atrás su triste papel de masacrar, torturar y expatriar a su pueblo.
Eso lo sabe la comunidad internacional, y si exige el retorno a la constitucionalidad de Honduras, es precisamente porque entiende que para la instauración de la democracia, debe respetarse la decisión soberana de las mayorías, y reinstalar a Zelaya como presidente libremente electo por el pueblo, y hacer que prevalezcan las elecciones populares y no aceptar las abigarradas ambiciones de grupúsculos que instigan a los golpes militares.
La reinstalación de Zelaya como presidente legitimo de Honduras, es un grave desafío para el pueblo hondureño, pero sobre todo para los organismo de la comunidad Internacional, ya que de no hacerlo, podría fácilmente aceptarse que avalaron el golpe y la decisión oligárquica. Tampoco la solución son los resultados de la elección preestablecida para noviembre, porque esto también crearía un peligroso antecedente de que hay que “derrocar: y hacer “elecciones”. Prueba de ello son los grupúsculos poderosos que existen en Guatemala, y que pretendieron derrocar al gobierno actual poco antes del derrocamiento de Zelaya, mediante el montaje de un video de un conocido abogado, anunciando su asesinato por del presidente y otros funcionarios… se abortó este conato de golpe, gracias a la intervención de la sociedad civil y de instituciones internacionales como las Naciones Unidas.
Es en conclusión, un intríngulis que debe ser superado, y la única salida positiva para Honduras y como ejemplo de rechazo para otras retrogradas fuerzas y oligarquías, que persiguen el status quo, es la reinstalación de Zelaya como Presidente electo por el pueblo, hacer prevalecer la ley, y si Zelaya la violó, tiene que ser juzgado y obviamente los golpista que violaron la ley deben ser juzgados, como corresponde a un país civilizado, aún a sabiendas de que ellos hicieron la ley a la medida de sus intereses, por lo que debe buscarse la intervención de organismo internacionales.
Fuente: www.albedrio.org
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario