El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, ha anunciado el examen preliminar sobre Honduras para establecer la competencia o no de ese tribunal internacional para juzgar los crímenes que fueron cometidos en relación con el golpe de Estado del 28 de junio/09 y la dictadura de Micheletti.
“Hemos recibido muchas comunicaciones sobre Honduras –ha dicho el fiscal de la CPI--, o sea que estamos comprobándolo”. “Hay afirmaciones sobre torturas masivas… Estamos analizando si es de nuestra competencia o no”.
El Estado de Honduras es signatario de la CPI, y, por lo tanto, está sometido a su jurisdicción, de acuerdo con el Tratado. Los delitos de lesa humanidad cometidos durante el golpe militar y el régimen de facto son susceptibles del juzgamiento internacional.
Las características inéditas del golpe de Estado del 28 de junio/09, en el que participaron dos poderes del Estado –Legislativo y Judicial--, las cúpulas de la casi totalidad de los partidos políticos, de los medios de comunicación social, del fundamentalismo eclesiástico, del empresariado ultraconservador, coludidos con el alto mando de las Fuerzas Armadas, alertaron al mundo entero del peligro sobre la institucionalidad democrática de este nuevo tipo de golpe.
De allí la reacción inmediata de América Central, a través del SICA, del continente americano, por medio de la OEA, y de la comunidad internacional representada en la ONU, en condena total y rotunda exigencia del restablecimiento de la integridad constitucional e institucional en Honduras.
La probable intervención de la Corte Penal Internacional –entidad que no es parte de la ONU, aunque guarda su interrelación-- es parte de ese proceso de restablecimiento institucional, máxime cuando el Poder Judicial de Honduras prosigue ligado a la sucesión golpista.
Esta situación ha quedado muy clara con la lenidad aplicada en la investigación y el juzgamiento de las demandas sobre crímenes cometidos durante el desarrollo del golpe de Estado y el régimen de facto, incluyendo la expatriación del presidente de la República José Manuel Zelaya Rosales, en abierta violación de los derechos humanos, que son derechos de rango internacional.
También con la utilización de la amnistía política para sustraer a los presuntos responsables de esos crímenes, dejando de esta manera incólume la impunidad para los altos cargos militares y retrotrayendo en Honduras el predominio del poder militar sobre la soberanía civil, reimplantando el militarismo en nuestro país.
Es de esa manera que los jueces y fiscales que no se han plegado a esta política han sido suspendidos o removidos, y, como lo estamos viendo en este momento, las fuerzas armadas, actuando como poder judicial autónomo, ha decidido juzgar a los militares complicados en el robo de la narco-avioneta King Air de la base de la Fuerza Aérea de San Pedro Sula, no obstante que es un caso que compete a la justicia ordinaria.
En estas circunstancias, es relativamente fácil suponer el resultado del examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre Honduras.
Fuente: Tiempo.hn
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