El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavón, informó, este viernes, que un grupo de juristas internacionales podría ser nombrado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), para estudiar los supuestos juicios imputados al presidente, Manuel Zelaya, defenestrado por el golpe de Estado en junio de 2009, en Honduras.
Pavón reveló que la decisión de asignar un grupo internacional de juristas para evaluar supuestas acusaciones contra Zelaya por el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia, sería el “resultado de un largo y silencioso” trabajo de más de seis meses realizado por el Codeh, desde que solicitó a la CIDH medidas cautelares para Zelaya, y las más de 40 personas que lo acompañaban durante su encierro en la embajada brasileña, impedido de salir por especialistas militares.
Además, dijo, que es su compromiso asumido desde que el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), resolvió exigir el retorno del presidente en el exilio, en las papeletas de la declaración soberana para una constituyente.
Pavón explicó que al revisarse los expedientes, los evaluadores podrían determinar que esos supuestos juicios fueron abiertos contra Zelaya después del Golpe, que las acusaciones tienen motivos políticos y fundamentar su anulación porque son falsas.
Agregó que la decisión debe ser consultada con Zelaya, por lo que Pavón estaría reuniéndose con él, en República Dominicana, la próxima semana. Y, que debido a eso, ha tenido que cancelar un viaje al exterior previsto para ir a recibir una premiación para la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras.
El presidente del Codeh, destacó la participación del periodista, David Romero, con ese propósito, luego de que éste leyera una carta que le enviara Zelaya en la que le pide a Romero, que le yude a determinar el estado de los supuestos juicios falsos contra el defenestrado mandatario.
Pavón solicitó medidas cautelares urgentes al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, mediante un escrito del 26 de octubre de 2009, para el presidente Zelaya y las demás personas que estaban siendo torturadas por militares mediante emisión de infrasonidos, químicos y ruidos estridentes.
En un informe del 30de julio de 2010, la Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (CAN -OEA), constituida para Honduras, “estimó conveniente poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto contra el ex Presidente Zelaya y sus colaboradores”, de acuerdo a las leyes hondureñas.
Después de evaluar si el régimen continuador del Golpe, avanzaba suficiente para ser reingresado a ese organismo regional del que Honduras fue expulsado, la Comisión declaró, en su informe, que “percibía” las acusaciones contra el presidente defenestrado, como “políticamente motivadas”.
Y agregó que en vista de que, los dos procesos que quedan pendientes en contra de Zelaya, si bien corresponden a “hechos ocurridos con mucha anterioridad” al Golpe de Estado, “sólo fueron formalizados, hasta después” de que éste ocurriera.
Los procesos y la acción de la Fiscalía “recién fueron formalizados”, después de derrocado Zelaya como mandatario del país, “al mismo tiempo” que se le acusaba de traición a la patria, abuso de autoridad y otras, “en medio del clima político negativo que produjo el golpe de Estado”, señaló esa Comisión.
“Es evidente que en el momento de iniciarse los juicios se vivía una situación de ruptura constitucional”, la que no se puede ignorar. Por ello, esas acusaciones son percibidas como políticamente motivadas”, declaró la Comisión de Alto Nivel de la OEA para Honduras en su informe.
Pavón reveló que la decisión de asignar un grupo internacional de juristas para evaluar supuestas acusaciones contra Zelaya por el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia, sería el “resultado de un largo y silencioso” trabajo de más de seis meses realizado por el Codeh, desde que solicitó a la CIDH medidas cautelares para Zelaya, y las más de 40 personas que lo acompañaban durante su encierro en la embajada brasileña, impedido de salir por especialistas militares.
Además, dijo, que es su compromiso asumido desde que el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), resolvió exigir el retorno del presidente en el exilio, en las papeletas de la declaración soberana para una constituyente.
Pavón explicó que al revisarse los expedientes, los evaluadores podrían determinar que esos supuestos juicios fueron abiertos contra Zelaya después del Golpe, que las acusaciones tienen motivos políticos y fundamentar su anulación porque son falsas.
Agregó que la decisión debe ser consultada con Zelaya, por lo que Pavón estaría reuniéndose con él, en República Dominicana, la próxima semana. Y, que debido a eso, ha tenido que cancelar un viaje al exterior previsto para ir a recibir una premiación para la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras.
El presidente del Codeh, destacó la participación del periodista, David Romero, con ese propósito, luego de que éste leyera una carta que le enviara Zelaya en la que le pide a Romero, que le yude a determinar el estado de los supuestos juicios falsos contra el defenestrado mandatario.
Pavón solicitó medidas cautelares urgentes al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, mediante un escrito del 26 de octubre de 2009, para el presidente Zelaya y las demás personas que estaban siendo torturadas por militares mediante emisión de infrasonidos, químicos y ruidos estridentes.
En un informe del 30de julio de 2010, la Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (CAN -OEA), constituida para Honduras, “estimó conveniente poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto contra el ex Presidente Zelaya y sus colaboradores”, de acuerdo a las leyes hondureñas.
Después de evaluar si el régimen continuador del Golpe, avanzaba suficiente para ser reingresado a ese organismo regional del que Honduras fue expulsado, la Comisión declaró, en su informe, que “percibía” las acusaciones contra el presidente defenestrado, como “políticamente motivadas”.
Y agregó que en vista de que, los dos procesos que quedan pendientes en contra de Zelaya, si bien corresponden a “hechos ocurridos con mucha anterioridad” al Golpe de Estado, “sólo fueron formalizados, hasta después” de que éste ocurriera.
Los procesos y la acción de la Fiscalía “recién fueron formalizados”, después de derrocado Zelaya como mandatario del país, “al mismo tiempo” que se le acusaba de traición a la patria, abuso de autoridad y otras, “en medio del clima político negativo que produjo el golpe de Estado”, señaló esa Comisión.
“Es evidente que en el momento de iniciarse los juicios se vivía una situación de ruptura constitucional”, la que no se puede ignorar. Por ello, esas acusaciones son percibidas como políticamente motivadas”, declaró la Comisión de Alto Nivel de la OEA para Honduras en su informe.
Fuente: hondurascontraelgolpedeestado.blogspot.com
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