*Diez periodistas asesinados, más de cuatro mil denuncias de violaciones contra derechos humanos y persecución contra activistas de ONG.
Por: Carlos Salinas Maldonado
Desde aquel fatídico 28 de junio, cuando el presidente Manuel Zelaya fue levantado a punta de pistola de su cama y obligado a dejar el país vestido solo con su pijama, en Honduras se han registrado más de cuatro mil denuncias de violaciones de derechos humanos, violaciones a mujeres por parte de policías, acoso a activistas de organizaciones sociales y el asesinato de al menos diez periodistas, todos críticos con el golpe.
Aquel arriesgado titular de El Libertador —un periódico mensual cuya política editorial es contraria al golpe y crítica con el que fuera presidente de hecho de Honduras, Roberto Micheletti, al que llama “dictador” en sus notas— le valió el odio de las fuerzas que de facto se hicieron con el poder en Tegucigalpa, por lo que su director y periodistas sufren constantes amenazas. Durante la fuerte represalia tras el golpe, El Libertador tuvo que dejar su redacción en el casco viejo de la capital hondureña para ser producido de forma clandestina.
“Lo pensé hasta último instante”, dice Lagos Henríquez, “hasta que me llegó una información de una persona muy vinculada al Gobierno de Zelaya. La esposa de un alto oficial de las Fuerzas Armadas le dijo que en una reunión con Roberto Micheletti y Martha Lorena Alvarado (vicecanciller del gobierno de facto), acordaron capturarme y llevarme a la Penitenciaria Nacional. Una vez adentro, un reo se encargaría de asesinarme”, cuenta el periodista, quien estuvo la semana pasada en Managua junto a miembros de su redacción.
A Lagos Henríquez le advirtieron que dejara el país o que se escondiera. “Pero dejar el país en un momento así era como una traición”, dice. Y la redacción optó por la clandestinidad que, sin embargo, no les garantizó la seguridad: hasta donde estaban llegaron grupos partidarios del régimen de facto y robaron los equipos del periódico, además de amenazar al personal.
Desde entonces, el acoso ha sido constante. A un editor del diario lo bajaron de un taxi cerca de un concurrido centro comercial y, sin explicación alguna, supuestos oficiales lo agredieron. Sus compañeros denuncian que lo dejaron tirado en una calle, golpeado, y sus agresores se largaron “como si nada hubiera pasado”.
Hace un año secuestraron a un reportero gráfico en el centro de Tegucigalpa, a unas cuadras de la redacción, y lo trasladaron a un lugar a 30 kilómetros de la capital, donde le quemaron la cara y brazos con cigarrillos. El reportero, Delmer Membreño, decidió dejar Honduras por miedo.
El coordinador de la redacción, Bryan Flores, también ha sido víctima del acoso. Cuenta que hace dos meses, en una manifestación, varios policías lo detuvieron “sin motivo alguno”, lo interrogaron e inmediatamente lo acusaron de pertenecer a la Resistencia, el movimiento político social creado en respaldo a Manuel Zelaya tras el golpe de Estado.
“Me dijeron pendejo chavista, venezolano, y comenzaron a intimidarme. Querían provocarme para que les respondiera y tener argumentación para agredirme. Por fortuna llamé al director y al apoderado legal del periódico, explicándoles los motivos de la detención”, narra Flores. El acoso no pasó a más, pero otros periodistas hondureños no han corrido con la misma suerte.
Asesinato e impunidad
Un informe preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cortado hasta mayo de 2010, denuncia que Honduras habían sido asesinados siete periodistas “por causas que podrían estar asociadas al ejercicio de su profesión”. Los periodistas independientes de aquel país dicen que hasta septiembre son diez los periodistas asesinados. En su informe, el CIDH expresa su “profunda preocupación” sobre lo que está ocurriendo en el país centroamericano. La CIDH ha llegado incluso a otorgar medidas cautelares a personas que se encuentran en situación de riesgo.
En un comunicado reciente, la CIDH expresó: “Es preocupante la persistencia de agresiones contra comunicadores y medios de comunicación así como la ausencia de resultados en las investigaciones acerca de los asesinatos de periodistas ocurridos este año en Honduras. El mantenimiento de la impunidad es una de las mayores amenazas a la libertad de expresión, pues no solo niega la justicia a las víctimas sino que afecta a la sociedad en su conjunto al estimular el temor de los informadores y la autocensura”.
La CIDH ha registrado en su informe una lista desconsoladora, que registra el horror al que están sometidos los periodistas en Honduras. Entre los muertos de ese macabro listado están: Joseph Hernández Ochoa, periodista del canal 51 de Tegucigalpa, asesinado a balazos el 1 de marzo pasado. Diez días después fue asesinado el periodista de Radio América David Meza Montesinos, en La Ceiba.
Como si de una ruleta de la muerte se tratara, el 14 de marzo le tocó el turno al periodista Nahúm Palacios, director de noticias de la Televisora Canal 5, quien, según la CIDH, contaba con medidas cautelares otorgada por esa organización, por lo que “el Estado tenía el deber de tomar las medidas necesarias para salvaguardar su vida. Sin embargo, según lo informado, no habría cumplido con dicho deber”, afirma el informe.
El 26 de marzo los asesinados fueron los periodistas José Bayardo Mairena, de Canal 4 R.Z. Televisión, y Manuel Juárez, de Radio Excélsior, “quienes circulaban por una carretera cerca a la ciudad de Juticalpa en el departamento de Olancho”. A ellos se les unió el 13 de abril el locutor de la radio W105, Luis Antonio Chévez Hernández, asesinado en la populosa San Pedro Sula. En esa misma ciudad, pero el 20 de abril, fue asesinado Jorge Alberto Orellana, del canal Televisión de Honduras.
A esta lista macabra hay que sumar el asesinato de activistas de organizaciones civiles y la muerte de ciudadanos que han participado en protestas contra el golpe de Estado. Claudia Mendoza, periodista del medio digital revistazo.com, denunció a Confidencial que un asesor legal que trabaja en el equipo del medio fue asesinado cuando apoyaba una investigación que afectaría a un importante consorcio hondureño, relacionada con la violación de derechos laborales. La misma Mendoza es portadora de medidas cautelares, por haber sido amenazada en varias ocasiones.
El Estado Hondureño ha querido minimizar estos casos. En su informe, la CIDH afirma que el viceministro de Seguridad de Honduras, Armando Calidonio, afirmó que “hasta el momento no existe relación de las muertes de los periodistas con el ejercicio de su profesión”. Pero la CIDH afirma que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y varias organizaciones no gubernamentales “manifestaron que en algunos de estos casos existen hipótesis serias que permiten relacionar los asesinatos con el ejercicio de la profesión periodística”. Además, varias organizaciones aseguran que en Honduras no se ha producido avances en las investigaciones y, según el informe, “opinan que no hay voluntad de parte de las autoridades de esclarecer los asesinatos”.
El riesgo es ser periodista
Una lluviosa mañana de la semana pasada, entre sorbitos de café y chupadas a un cigarrillo, Jhonny Lagos Henríquez explico el peligro que acarrea ser periodista en Honduras. “Ponemos la vida sobre la mesa cada mañana”, dice Lagos después de soltar la última bocanada de humo. “Lo que está en juego, ante todo, es la transmisión de información que la prensa tradicional jamás va a publicar”, afirma en referencia a la posición asumida por los grandes medios hondureños, que en plena crisis desatada por el golpe se decantaron por noticias de farándula: después de todo, acababa de morir el rey del pop, Michael Jackson, y el mundo lo lloraba.
Henríquez fundó El Libertador hace más de siete años, y nunca se imaginó que la crónica de su vida sería aquella que daba cuenta de la brutalidad de la extrema derecha latinoamericana en los comienzos del siglo XXI. El golpe de Estado le dio a El Libertador una popularidad que hasta ese momento no tenía, tanto así que el tiraje pasó de diez mil ejemplares hasta 70 y 80 mil durante los momentos más tensos de la crisis, asegura su fundador.
Lo que sin embargo no se tradujo en una mejora económica para un medio tan pequeño. Lagos Henríquez asegura que durante la época más dura del golpe tuvo que echar mano de sus ahorros y acudir a préstamos para que el periódico, de tirada mensual, saliera a la calle. El Gobierno no daba ni un peso en anuncios y la empresa privada tenía –aún lo tiene– pavor por anunciarse en un medio abiertamente opositor y combativo. “En Honduras, diez familias lo controlan todo, incluyendo los medios de comunicación. Esa misma oligarquía fue la que financió, acuerpó e inspiró el golpe de Estado del 28 de junio de 2009”, dice el periodista.
Lagos Henríquez, después de sorber las últimas gotas de la taza de café, agrega: “El golpe de Estado coloca en dos bandos a los medios de comunicación hondureños: medios en resistencia y medios de comunicación golpistas”. La frase deja clara la profunda polarización por la que atraviesa Honduras.
“El periodismo da un mandato universal, que es el compromiso con la sociedad. Si el golpe de Estado daña a la mayoría de los hondureños, significa que nosotros estamos en contra del golpe de Estado, pues como periodistas estamos en ese compromiso moral, filosóficamente hablando, de la búsqueda de la verdad”, afirma. “No creemos en un periodismo aséptico ni un periodismo puro. O se está del lado de la corrupción o se está contra ella”, remata.
Su periódico es una muestra clara de que el periodismo que ejercen se aleja mucho de esa “pureza”. En sus titulares El Libertador apoya abiertamente a “Mel” Zelaya, ataca con dureza y ferocidad al régimen de Micheletti y acusa a la oligarquía del país de mandar de hecho en Honduras. Porfirio Lobo “tiene el Gobierno”, afirma el diario, “pero el poder político y económico lo detenta la oligarquía, que le advierte que si se pone del lado del pueblo será castigado como ‘Mel’”.
La respuesta violenta e injustificada que ciertos sectores dan a este tipo opiniones demuestra el nivel de intolerancia que afloró en Honduras desde el golpe. En una sociedad en la que se respetan las mínimas normas democráticas y jurídicas, comentarios como los de El Libertador no generarían el odio que ahora amenaza a sus periodistas. Y éstos no vivirían con miedo sólo por ejercer esa profesión.
Así lo explica el coordinador de la redacción de El Libertador, Bryan Flores: “Los periodistas que trabajamos para medios alternativos no sabemos si el día siguiente vamos a amanecer vivos, si vamos a llegar con vida a nuestras casas. Vivimos en zozobra, vivimos el día a día”.
Nota tomada del semanario Confidencial de Managua, Nicaragua
Fuente: ellibertador.hn
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