jueves, 15 de julio de 2010

“Máxima seguridad” de Oscar Álvarez titular de la Secretaría, contradice “humanismo cristiano” de Lobo

Red Morazánica de Información
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Tegucigalpa. 14 Julio 2010. Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTR) valoró que las medidas para prisión de máxima seguridad propuestas por titular de la Secretaría, Oscar Álvarez, contradice el discurso de un gobierno “humanista y cristiano”, reiterado nacional e internacionalmente, por Porfirio Lobo.

El CPTR califica de “síntoma peligroso para la construcción de la democracia, y da cuenta de la fragilidad institucional”, que el Secretario de Seguridad defina, por su propia cuenta, “una política de violación a derechos humanos” en el sistema penitenciario que ignora deliberadamente el derecho a la integridad personal como prerrequisito para los derechos sociales, económicos y políticos de los hondureños.

Las medidas consisten, según declarado por Álvarez, en “incomunicación con el exterior, con una hora diaria de salida de la celda para tomar el sol, encadenados de los pies, sin contacto con sus familiares y la comida la recibirán a través de una hendidura prevista en la puerta de la celda”.

En el análisis del CPTR, tales medidas violentan principios del Derecho Penal liberal, de la Doctrina Internacional de Derechos Humanos y de la Constitución de la República al decidir imponer en esta cárcel ese régimen “cruel e inhumano”

Acusó que se trata de "una copia del modelo carcelario norteamericano", concebido para causar "el mayor escarnio posible"a la persona en cautiverio como forma del sistema de retribuir y reprimir con la máxima severidad.

El CPTR reclama que Honduras tiene compromisos internacionales de orientar sus acciones en función del desarrollo de los derechos humanos “de todos los habitantes, más allá de su condición legal”.

Llamó, además, a los operadores de justicia, a instruir de la manera más apropiada a las autoridades de la Secretaria de Seguridad para emitir un reglamento de funcionamiento que garantice los derechos humanos enmarcado en los mandatos internacionales y nacionales aplicables a las personas privadas de libertad,.

A la vez, exige el CPTR sea aprobada la Ley del Sistema Penitenciario y se ajuste la cuestión penitenciara dentro de un contexto amplio de la propia política de Derechos Humanos que impulsa la oficina de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.

Fuente: resistenciahonduras.net


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