Un Juez Ejecutor que llegó con una orden de desalojo sin sello y sin firma de los tribunales ,se hizo acompañar de un contingente policial para desalojar a varias familias en la Colonia Cerro Grande de la capital, sin darles tiempo de nada, el sábado 03 de julio.
Las tierras están en litigio desde hace unos 30 años entre la familia Gómez y el señor José Hasbum Touché. En la actualidad el juicio se encuentra en Casación y una jueza informó en la tarde del viernes que no había ordenado ningún desalojo.
Una delegación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, se hizo presente al lugar, debido a las denuncias de fuerte presencia policial y de el grito de auxilio de los pobladores de los sectores afectados.
Este desalojo violentó un Auto Acordado de la Corte Suprema de Justicia, donde señala que se debe anunciar con unos 90 días de antelación antes de ejecutar una acción de esta naturaleza y debe apegarse al Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Ana de Gómez señaló que se trata de algo insólito cuando existe dicha sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, “anduvimos levantando un acta notarial anoche (el viernes) y hemos estado presentando documentos porque la Juez Thelma Cantarero nos quiso hacer un desalojo disfrazado”.
La señora de Gómez dijo que no le quisieron mostrar el expediente a un representante de los derechos humanos, que llegó a hacer una inspección de éste a solicitud de ella por las irregularidades que se presentaban.
La Jueza Ana Julia Hernández les informó que no ordenó ningún desalojo porque el caso se iba a juicio oral y público, levantamos un acta notarial y eso nos dejó tranquilos, para ya muy de noche me avisaron que habría un desalojo, agregó la entrevistada.
Esa acción inició en la madrugada del sábado y una persona dijo ser el Juez Ejecutor pero no andaba carnet y no es empleado del Tribunal de Sentencia. Defensoresenlinea.com quiso entrevistar a un hombre de saco y corbata, que dijo llamarse Carlos Mauricio Borjas y tener el mandato del Tribunal de Sentencia, pero que no accedió a brindar declaraciones.
Se le solicitó que mostrara la orden de desalojo y enseñó un papel donde supuestamente la Juez Thelma Cantarero ordenaba el desalojo, pero el documento no tenía sello ni firma. En la parte superior decía que se trataba del expediente número TST/FM/0801-2008-22431. Los desalojos se estarían efectuando de la zona uno a la siete exceptuando la seis.
En la zona cinco, fueron demolidas unas siete viviendas, tractores y hombres con herramientas echaron abajo los sueños de estas familias que sacaron préstamos para poder adquirir un terreno y construir la casa.
Una mujer que lloraba desconsolada señaló que era muy temprano de la mañana “ni siquiera nos habíamos levantado cuando nos dijeron tienen 30 minutos para desalojar, llegaron policías que nos dijeron malas palabras, al mando de un oficial de apellido Leiva. Ni siquiera hemos tomado café y nuestros hijos están sin comer”.
Me siento destrozada porque estoy en la calle, no tengo a nadie que me de albergue y ni siquiera puede conseguir un carro que me lleve de aquí, expresó en medio de sus enseres y alguna comida, bajo un sol ardiente, “mire como me botaron la casa, es una injusticia lo que están haciendo con nosotros , con los pobres hacen lo que quieren y como el rico tiene dinero puede comprar a cualquiera", dijo entre sollozos.
María Luísa de Gómez denunció que el señor Hasbum Touché mueve todo por el poder del dinero, “nosotros no podemos pagarle a la policía ni al ministro de seguridad, estas cosas ya se habían arreglado en el tribunal donde hay una sentencia de Casación, pero vamos a seguir en la lucha , vamos a recuperar nuestra tierra.
La abogada Odalis Rubio señaló que la gente ha gastado entre 100 a 200 mil lempiras en mejoras a los terrenos comprados a la familia Gómez y que se trataba de un desalojo ilegal, por lo que anunció una denuncia contra jueces y policías ante el Ministerio Público.
Desalojo violentó Pacto Internacional
El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales forma parte del derecho interno de Honduras mediante Decreto Legislativo número 961-1980 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 23167 el 30 de junio de 1980.
Los Estados partes en este Pacto están obligados a adoptar medidas inmediatas a todos los niveles destinadas a eliminar la práctica de los desalojos forzosos y se ha recomendado que los gobiernos proporcionen de modo inmediato indemnización, compensación y/o viviendas o terrenos sustitutivos adecuados y suficientes en base a negociaciones mutuamente satisfactorias.
En consonancia con estas obligaciones, la Corte Suprema de Justicia de Honduras, emitió un Auto Acordado, donde establece un Protocolo, en el Artículo 1.- reza que “ El presente protocolo tiene como objetivo adoptar las medidas judiciales para controlar los efectos negativos de los desalojos forzosos, tanto en la ciudad como en el campo, a fin de prevenir violaciones a una amplia gama de derechos humanos resultantes de la ejecución de los mismos”.
En el Artículo 6, expresa que los Juzgados se abstendrán de ordenar desalojos forzosos en tanto no se haya acreditado en autos que :
1.- Las personas sujetas al desalojo, han sido avisadas por lo menos con noventa días
anticipación.
2.- Se ha facilitado a las personas afectadas, información relativa al desalojo y en su caso, a los
fines a que están destinadas las tierras o las viviendas.
3.- Se contará con la presencia de representante del Comisionado Nacional de Derechos
Humanos en el desalojo.
Sin embargo la acción emprendida contra los pobladores de Cerro Grande violentó este convenio Internacional, el desalojo se llevó a cabo afectando la dignidad de las personas, sus derechos fundamentales y se generó miedo porque los policías de la preventiva y del Escuadrón COBRAS llegaron bien armados, aparte que guardias de seguridad del señor Hasbum Touché permanecieron con sus fusiles listos por muchas horas.
El Comisionado Chamorro, de la Policía Metropolitana número Uno mostró una orden que le entregó el Ministro de Seguridad para que acompañara al Juez Ejecutor, “eso es lo que estamos haciendo dijo mientras aseguraba que era un desalojo pacífico, aquí no hay golpeados”, eso en contraste con las aseveraciones de los y las afectadas que aseguraron que los policías parecía que llegaban a una guerra.
El Artículo 8 de tal protocólo de la CSJ , dado que Los jueces ejecutores nombrados en casos de desalojos , serán co- responsables de los Abusos cometidos por los agentes a su deben de elaborar una Lista de los bienes muebles...
Se recomienda además despenalizar las Causas. Los jueces deben desviarlas a los juzgados de lo civil en Ee caso de asentamientos humanos, en las ciudades y cuando se trate de conflictos agrarios , será el Instituto Nacional Agrario , INA , el Que dilucide el conflicto.
Sin embargo la acción emprendida contra los pobladores de Cerro Grande violentó este convenio Internacional .El desalojo afectó la dignidad de las personas, generó miedo porque los policías de la preventiva y del Escuadrón COBRAS llegaron bien armados , sumado a ello los guardias de Seguridad del señor Hasbum Touché permanecieron con sus fusiles listos, por muchas horas .
El comisionado Chamorro, de la Policía Metropolitana Número Uno, mostró una orden que le entregó el Ministro de Seguridad para que acompañara al Juez Ejecutor , este oficial aseguraba que era un desalojo pacífico , "aquí no hay golpeados " , en contraste con aseveraciones de los y las afectadas aseguraron que los policías parecía que habían llegado a una Guerra.
Con El golpe de Estado la la institucionalidad del país se vino por la borda , situación aprovechada por los mismos grupos de poder que dieron el golpe para favorecerse a sí mismos , en el caso de la tenencia de la tierra la , los Operadores de Justicia hacen comparsa para despojar a humildes campesinos y pobladores de sus terrenos , tal es el caso también del Bajo Aguán donde a pesar de existir un compromiso firmado por el régimen de Porfirio Lobo Sosa , los jueces y fiscales continúan con órdenes de desalojo en los asentamientos y de captura contra campesinos que están en los predios , ocasionando desalojos violentos que han dejado varios muertos, entre ellos al joven Oscar Geovanny Ramírez, de 16 años, que un balazo le cegó la vida, el 20 de junio pasado.
Fuente: defensoresenlinea.com
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