La directora para América Central y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Alejandra Nuño, ha expuesto ante legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la grave situación que prevalece en Honduras respecto a la libertad de expresión y los derechos humanos.
La directora de CEJIL considera que nuestro país es el más peligroso del continente americano para los periodistas. “En México —dice—, con una población de 112 millones de habitantes, cuatro periodistas han sido asesinados en 2010. En Honduras, con menos de ocho millones de habitantes, ocho periodistas han sido asesinados este año”.
Asimismo ha señalado que a partir del golpe de Estado del 28 de junio/09 se impusieron severas restricciones a los medios de comunicación para silenciar la oposición. “Estos ataques a los medios han tenido un profundo efecto intimidatorio en el libre intercambio de ideas en Honduras, convirtiendo a la reconciliación nacional y la democracia plena en un anhelo distante”.
En consecuencia, CEJIL estima que la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA) en esas condiciones sería un retroceso para la libertad de expresión y los derechos humanos. Propone el establecimiento en Tegucigalpa de una oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para apoyar los esfuerzos de protección a la libertad de prensa y a los derechos humanos.
Los problemas de la libertad de expresión en nuestro país no solamente se remiten a la persecución de periodistas y los atentados contra los medios de comunicación social, sino que tienen que ver con la inoperancia de los organismos de seguridad del Estado y del Poder Judicial encargados de investigar y de castigar a los responsables de la comisión de estos delitos.
Los periodistas y los medios de comunicación están en un verdadero estado de indefensión, a consecuencia del desorden institucional que se vive en Honduras, lo cual indica la persistencia de la crisis política generada por el rompimiento del hilo constitucional del 28 de junio, que desató una “guerra interna”, con la aplicación del terrorismo de Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha investigado in situ esta situación, durante el gobierno de facto y con el actual gobierno, y sus informes, ajustados a la verdad, son patéticos. Otros organismos, supuestamente creados para proteger la libertad de expresión, han asumido un posición tibia, casi cómplice, definitivamente por razones ideológicas y fetichismos empresariales.
Es obvio que la situación de la libertad de expresión y de los derechos humanos, como lo hemos explicado en varias ocasiones, es un aspecto clave por considerar en lo relacionado con la reincorporación de Honduras a la OEA. También debe ser una cuestión de primer orden en la agenda de la Comisión de la Verdad.
De hecho, la reconciliación nacional no es posible lograrla mientras no exista en Honduras un sistema de comunicación comprometido con el desarrollo democrático y abierto a la libertad de pensamiento y de expresión. Esto tiene que ver, asimismo, con la vigencia de un sistema de seguridad democrática, en el que el poder militar esté sometido al poder civil y profesionalmente esté totalmente al margen de la política.
Editorial Diario Tiempo, 22 de junio de 2010
Fuente: tiempo.hn
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