Cuando se cumple un año del golpe de Estado en Honduras, la Corte Suprema de Justicia acaba de destituir a cuatro jueces que se manifestaron contra el golpe militar. Con el gobierno de Porfirio Lobo la represión continúa.
Tirza Flores, magistrada en San Pedro Sula, segunda ciudad más grande de Honduras, es parte de un grupo de jueces que, en 2006, crearon la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) preocupados por la falta de independencia judicial.
El 5 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) decidió, de forma arbitraria, despedir a los jueces Luis Chévez, Ramón Barrios, Guillermo López y a la magistrada Flores, integrantes de la AJD. Un mes después, la destitución fue oficial. Se les acusa de pedir la intervención de los tribunales ante las detenciones ilegales tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
DIAGONAL: ¿Cuál ha sido el proceso de su destitución como jueza?
TIRZA FLORES: Desde que nace Asociación de Jueces por la Democracia, tuvimos mucha oposición por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, tuvimos que esperar más de un año para poder legalizar la asociación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir del golpe militar de 2009, la CSJ se posicionó a favor de los militares y declaró que lo ocurrido era una sucesión constitucional.
Sin embargo, el pueblo hondureño salió a la calle de forma masiva. Lo que siguió fue una gran represión. Todos los días, en diferentes ciudades del país, se produjeron decenas y centenares de detenciones ilegales. Pero los jueces de la Corte Suprema negaron la ilegalidad de esos arrestos e, incluso, se pronunciaron a favor del golpe de Estado en cinco comunicados.
Mientras, desde Jueces por la Democracia hicimos públicos varios documentos señalando que no compartíamos esas afirmaciones y exigimos que este órgano de justicia cumpliese con su función como protector de los derechos fundamentales. Días después, en julio de 2009, se inició un proceso disciplinario contra cuatro jueces de la asociación. En mayo de 2010 nos enteramos por televisión de que nos cesaban, y ante esta situación, los jueces Luis Chévez y Guillermo López, junto a un compañero del partido Unificación Democrática, una escritora y, con el apoyo de la Plataforma de Derechos Humanos y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), llevaron a cabo una huelga de hambre que duró 15 días. El 1 junio de 2010 nuestra destitución era oficial.
Creemos que nuestro despido evidencia la politización de la justicia, y eso garantiza la impunidad. En estos momentos, en Honduras, el poder judicial carece por completo de independencia, está íntimamente ligado a los intereses y dictados de la oligarquía. Por eso, pedimos el reintegro a nuestros puestos, que se revisen estas instituciones y se lleve ante la Justicia a los responsables de las violaciones de derechos humanos durante y después del golpe de Estado.
D.: ¿Han cesado también a trabajadores de otros sectores?
T.F.: Sí, hay represión y persecución política a todos los niveles, diputados, alcaldes, empleados públicos… Es una situación que recuerda a la guerra sucia de los ‘80 [secuestros, torturas y desapariciones a cargo de batallones de la muerte]. Arrastramos la impunidad de entonces: el golpe militar es consecuencia de que no se juzgó a nadie.
Ése es el caso de Billy Joya, conocido por su actividad en grupos paramilitares en los ‘80, que además vivió tranquilamente después en España. Joya compareció el 28 de junio de 2009, como asesor del autor de golpe de Estado, Roberto Micheletti. Ahora, desde la sombra, dirige otra vez la represión, planifica los asesinatos selectivos y reorganiza el aparato militar de entonces.
Es como revivir aquello, la creciente militarización en las carreteras, en las calles, en todos sitios hay retenes militares. Sentimos que no podemos expresarnos. Estamos ante una indefensión absoluta y no tenemos dónde acudir. Hay un clima de represión, falta de libertades y se han producido asesinatos, torturas, detenciones y violaciones. Este año siete periodistas han sido asesinados. La gente tiene miedo, pero sigue movilizándose.
D.: ¿Cómo se organiza la resistencia popular?
T.F.: El FNRP aglutina a todos los grupos de resistencia al golpe. Feministas, lesbianas y gays, campesinos, indígenas, comunidades negras, partidos de izquierda y de centro, estudiantes, e incluso políticos liberales. También, mucha gente no organizada sale a la calle y el FNRP se está organizando en barrios y ciudades.
Pero la represión también abarca lo laboral, a obreros, maestros, que luchan para no perder los derechos que tenían, profesionales... El punto en común de todos es que rechazamos el golpe de Estado. Pedimos una Asamblea Nacional Constituyente, integrada por todos los sectores populares, que apruebe una nueva constitución y poder refundar el país.
Fondos españoles para Lobo
Tirza Flores denuncia el reconocimiento del Estado español a Porfirio Lobo, salido de las elecciones convocadas por los golpistas: “Que España, condicionada por el interés de la UE en la firma del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, reconozca a Lobo, es muy preocupante.
Pero es más inquietante que se reanude la cooperación española, por la cual, grandes cantidades de dinero se destinan al ministerio de Justicia que lidera ahora la represión. Si el dinero de los impuestos del pueblo español va hacia estas instituciones, se está generando un mayor derramamiento de sangre del pueblo hondureño.
Fuente: www.rebelion.org - Diagonal
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