De nuevo el presidente Lobo Sosa da otro paso al frente para acreditar a su gestión gubernamental en la promoción y protección de los derechos humanos y para salvaguardar la responsabilidad del Estado de Honduras en el ámbito internacional.
Ese es el sentido, a nuestro juicio, del anuncio sobre la creación de una Comisión Presidencial de Derechos Humanos, con estructura legal, administrativa y de investigación propia, totalmente al margen del desprestigiado Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
A primera vista podría tenerse la impresión de que el gobierno, en lo que respecta a la cuestión clave de los derechos humanos, no ha logrado estructurar una política coherente y confiable que sirva al esfuerzo de conseguir el reconocimiento internacional, y, más específicamente, la reinserción de Honduras en el sistema interamericano.
La consecución de ese reconocimiento internacional, que completaría la legitimación del gobierno, pasa por la prueba de la institucionalidad inherente a la garantía y protección de los derechos humanos, es decir la seguridad jurídica y la seguridad interna, que involucra al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Hasta ahora esa institucionalidad ha fracasado en el cumplimiento de sus responsabilidades, lo cual ha creado, por así decirlo, una actitud adversa en la población hondureña y en la comunidad internacional, que no advierte un cambio favorable después de los atropellos y crímenes perpetrados por el golpe de Estado del 28 de junio y la instalación del régimen de facto.
La primera señal del presidente Lobo Sosa de cambiar el rumbo de la política de derechos humanos fue la creación del ministro asesor en Derechos Humanos, cuya misión tiene visos de ser, ante todo, promocional. De allí, suponemos, la idea de establecer un mecanismo más consolidado institucionalmente, con normativa legal específica y autoridad para la investigación.
De acuerdo con nuestra plataforma jurídica, el Estado de Honduras tiene, en la materia y en síntesis, dos exigencias ineludibles: a) En lo interno la obligación de proteger y promover los derechos humanos, y b) Ante la comunidad internacional la responsabilidad de proteger los derechos humanos frente a las violaciones que se cometan en su territorio por parte de las autoridades del Estado.
Esos dos puntos básicos, esenciales, son los que deben ser resueltos en el proceso de solución de la crisis política, del desorden institucional, y en el desarrollo de una política de reconciliación nacional.
Entonces, la creación de una Comisión Presidencial de Derechos Humanos podría servir, entre otros objetivos, para deslindar la responsabilidad del Estado, o, cuando menos, del Poder Ejecutivo, en torno a las violaciones cometidas en el período del 28 de junio hasta acá, lo que permitiría, suponemos, el encausamiento judicial de los responsables de los crímenes relacionados con los derechos humanos cometidos por las autoridades, que son crímenes de alcance internacional, para más señas.
Son aventuradas, por supuesto, estas consideraciones. Por consiguiente, no será hasta cuando se realice este proyecto que sabremos a qué atenernos. Sin embargo, es evidente que, a estas alturas, el gobierno tiene necesidad –por no decir la urgencia—de redefinir su política en materia de derechos humanos.
Fuente: tiempo.hn
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