Uno de los jueces hondureños en huelga de hambre desde el pasado lunes tuvo que ser llevado de emergencia este sábado a un hospital tras sufrir de un ataque de hipertensión, acompañado de taquicardia. Este sábado se cumple la sexta jornada de la protesta, que busca revertir el despido de cuatro jueces por oponenrse al golpe de Estado de junio pasado.
Uno de los jueces hondureños en huelga de hambre desde el pasado lunes, en rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de despedirlo, junto a tres colegas más que condenaron el golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya, fue hospitalizado este sábado tras sufrir un ataque de presión alta, informó uno de sus compañeros.
Guillermo López fue llevado al estatal Hospital Escuela "porque se le subió la presión y le pegó taquicardia", explicó uno de los jueces huelguistas, Luis Alonso Chévez.
Por su parte Tirza Flores, esposa de López, dijo que en el hospital fue atendido y "ya está fuera de peligro".
Este sábado se cumple la sexta jornada de la huelga iniciada por cinco jueces miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia: López, José Pineda, Gerson Medina, Pablo Munguía y Luis Alonso Chévez. No obstante el jueves pasado se sumaron el estudiante de bachillerato Michael Urbina y el pequeño productor ganadero Teodoro Carbajal.
Sin embargo este sábado quedan cinco personas: los jueces Chévez, Pablo Munguía, Tom Pandy, el jueces Teodoro Carbajal y Michael Urbina. López se reincorporaría al ser dado de alta del hospital.
La protesta, que tiene como escenario el parque La Merced, frente al Congreso, en el centro de la capital, busca revertir el despido anunciado el 5 de mayo pasado de los jueces Alonso Chévez y Guillermo López (ambos ayunantes), Ramón Enrique Barrios, y de Tirza del Carmen Flores, sancionados por condenar el golpe de Estado contra el gobierno de Zelaya.
Este viernes, el diputado Marvin Ponce presentó ante el Congreso Nacional una moción para investigar a la Corte Suprema por la decisión, catalogada como arbitraria.
El legislador propuso al parlamento nombrar una comisión para analizar la conducta administrativa del organismo judicial.
Autoridades del país centroamericano han instado al máximo tribunal del país a resolver el problema y revertir los despidos, que también provocó el rechazo del Frente Nacional de Resistencia Popular y de organismos defensores de los derechos humanos.
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