sábado, 8 de mayo de 2010

ACOMPAÑAMOS LA LUCHA POR RECUPERAR LA INSTITUCIONALIDAD DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS

Los efectos nefastos del Golpe de Estado del pasado 28 de junio del año 2009, continúan profundizándose en perjuicio del pueblo hondureño, las instituciones y personas aun rescatables de este Estado fallido; frente a una Corte Suprema de Justicia salpicada y altamente cuestionada por patrocinadora y promovedora de la ruptura constitucional.

No hay expectativas de que el estado de cosas cambie a favor de un a verdadera democracia, no se valora ninguna voluntad política desde los sectores poderosos que plantee una propuesta ampliamente democrática de reconstruir Honduras y a la altura de la realidad que hoy agobia a golpistas y golpeados. Por ello la Resistencia se afianza en la propuesta para la realización de una Asamblea Nacional Constituyente.

Cómo confiar en el poder judicial, en donde sus autoridades arguyen que los hechos ocurridos son una “sucesión constitucional” cuando esa figura no existe en ninguna parte del mundo, vaya sabios que imparten justicia que entre el derecho y la justicia, privilegian el acomodo, el servilismo y la corrupción..

Por otra parte, dentro del poder judicial son la excepción un sector de jueces (zas) y magistrados(as), funcionarios(as) y empleados(as), en particular, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), quienes asumieron una posición de condena al Golpe de Estado, incorporándose en demostraciones pacíficas, denuncias públicas y acciones legales orientadas a la tutela de garantías constitucionales.

Como consecuencia de su postura digna en defensa de las garantías y derechos del pueblo hondureño los jueces Ramón Enrique Barrios, Luís Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el defensor público Osman Fajardo Morel, son objeto de persecución por parte de las autoridades a quienes abrieron expedientes disciplinarios y de forma arbitraria e injustificada han sido despedidos a partir del 6 de mayo del corriente año, con quienes nos solidarizamos y exigimos su reintegro, condenamos el hostigamiento y la represión de que son objeto.

No dudamos que acompañar a estos profesionales, es luchar por recuperar la institucionalidad del poder judicial de Honduras, es defender la reservas de la moral, la ética y los principios universales de la libertad y del pensamiento.

Resistimos y Venceremos.

San Pedro Sula, Mayo de 2010




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