Roberto Quesada
“La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias”. --Antonio Fraguas Forges, Humorista español.
A pocas semanas para que se celebre la gala anual de la entrega de los premios Oscar en Hollywood, pareciera que Honduras participa pero no por obtener una estatuilla en el séptimo arte sino por recobrar en la vida real, que, como casi siempre, supera a la ficción, aunque sea un poco de la paz que había antes del golpe de Estado militar. No es que entonces no existiera la delincuencia común sino que el desorden institucional simplemente la agravó y la elevó a un nivel que en estos últimos meses ha puesto a Honduras en el estrellato como uno de los países más violentos, más peligrosos del mundo, al menos así lo han señalado muchos medios internacionales.
Pero más allá de lo que digan los medios o el oficialismo, es mejor consultar a gente de carne y hueso, ciudadanos de a pie, como usted o yo, que viven o han viajado últimamente a Honduras. Este es el caso de la señora Oneida Fernández, quien pasó diciembre y enero en San Pedro Sula. Me cuenta doña Oneida, con rostro atemorizado que dice tanto como sus palabras: “La cosa está horrible. Los asaltos están de casa en casa. A la trabajadora de la casa la asaltaron saliendo de la casa, la asaltaron otro día cuando regresaba, y también la asaltaron mientras esperaba en una clínica para que la atendiera el doctor. Usted camina por un barrio y aparentemente no pasa nada, pero es que también la gente tiene miedo de denunciar o hablar del tema de la violencia”.
Las personas que he consultado coinciden en que debe tenerse más que precaución en Honduras, incluso de la misma policía porque muchas veces los asaltos los han cometido uniformados y queda siempre la duda de si en verdad fueron policías o delincuentes disfrazados de guardianes del orden. A este tipo de violencia debe sumarse, desde el 28 de junio cuando se asestó el golpe de Estado militar, la violencia política, misma que ha venido siendo denunciada durante el golpe de Estado militar y aun ahora en el gobierno de Pepe Lobo, que todavía no ha cumplido un mes.
Sin duda, la prioridad del gobierno de facto fue en el aspecto militar: comprar unidades para la represión, bombas lacrimógenas, armas, contratar paramilitares e incluso desempolvar algunos llamados veteranos de guerra o reservistas. Es de suponer que esa infraestructura fue la primera en fortalecerse, incluso antes del golpe de Estado militar, con la idea de “preservar” a punto de terror una aparente calma en el país. Esto quizá con miras a que la dictadura, como solía ocurrir con los golpes de Estado, se perpetuara en el poder. Ante el contundente fracaso del golpe de Estado militar, al no ser reconocido por absolutamente nadie y precipitarse por el descalabro económico debido a la avorazada fiebre de corrupción, sin precedentes en el país, tuvieron que salir (¿o aparentaron salir?) dejando esa estructura militar o paramilitar muy bien montada. Desmantelar esta fuerza casi invisible es sin duda una gran responsabilidad del gobierno entrante y un gran reto para su ministro de seguridad Oscar Alvarez.
El presidente Pepe Lobo, hecho que me consta, en los tiempos difíciles de los ochenta fue representante y fundador del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), en Olancho. Es para no dudar de que ello lo convierte en alguien que sabe el valor de la vida, que ha estado de cerca con quienes han perdido un familiar por el terrorismo de Estado. No es una garantía porque ya se han dado casos que otrora defensores de derechos humanos, se les encuentra en el extremo opuesto de la vida. Esperemos no sea éste el caso del presidente Lobo.
Por su parte el ministro de seguridad Oscar Alvarez, quien no sólo ha negado sino que le ha causado malestar que lo vinculen a hechos represivos contra dirigentes populares o miembos/as de la Resistencia, además de enfrentar la delincuencia común y el crimen organizado, debe también esclarecer la violencia contra sindicalistas, como los casos denunciados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), como lo es “el allanamiento ilegal a la residencia del dirigente social Porfirio Ponce Valle, vicepresidente de la Junta Directiva Central del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares STIBYS, sindicato base del Frente Nacional de Resistencia Popular, hechos que colocan en alto riesgo la vida e integridad del dirigente y su familia”. A esto debe sumarse una larga lista de denuncias como el asesinato de Vanessa Zepeda, detenidos sin causa aparente, casas o locales asaltados con las típicas tácticas de los ochenta. Sin olvidar el reciente caso de tortura sufrida por los periodistas de Radio Globo.
De hecho, hace apenas unos días, el presidente Lobo, al rubricar la “Declaración de Chapultepec”, promovida por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), frente a alumnos de la Unitec y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), garantizó que su administración le dará seguimiento a 3,000 denuncias que pesan contra el Estado hondureño, sobre violación de derechos humanos.
Claro, para que todo esto se concrete es casi imposible que en ello sólo estén involucrados la policía y el gobierno, es imperante la colaboración ciudadana, pero para que esto sea posible el ministro Oscar Alvarez debe de convencer al pueblo hondureño de que la policía no es su enemiga sino su protectora. Tarea nada fácil luego de ver la repartición de toletazos por parte de la policía a la población civil desarmada durante el golpe de Estado militar.
Por la experiencia vivida por los vecinos centroamericanos y en la misma Honduras, se sabe que este tipo de asaltos a dirigentes populares, los asesinatos selectivos, las amenazas e implementación del terror no conducen a nada, no detienen procesos de reformas ni democracias participativas, sólo profundizan las raíces del odio entre compatriotas y alejan cualquier posibilidad de convivencia pacífica.
No es fácil el reto del ministro Alvarez, quien tiene detractores pero también mucha gente que cree que estando él al frente la seguridad retornará al país… Difícil pero no imposible, eso sí teniendo la solidaridad del pueblo y para ello es primordial que desaparezca esa cacería de compatriotas por sus ideales: el derecho a pensar, es el derecho a vivir. El Sr. Alvarez tiene en sus manos que en el futuro pueda levantar en alto su frente si oye que dicen por allí: ¡Cada país obtiene el Oscar que se merece!
Roberto Quesada: Premio Periodístico Jacobo Cárcamo 2009 e hijo predilecto de La Ceiba, 2009. Escritor y diplomático hondureño, autor de varios libros, entre los que destacan El desertor (1985), Big Banana (Seix Barral), Nunca entres por Miami (Mondadori), Los barcos (Baktún), La novela del milenio pasado (Tropismos, Salamanca). El humano y la diosa (Premio de Literatura del Instituto Latinoamericano de Escritores, USA). Actualmente su novela Big Banana es traducida al italiano y trabaja en una nueva novela.
Fuente: Diario el Tiempo - Vos el soberano
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Obviemos que fue Pepe Lobo, el mismo "humanitarioq que valora la vida humana", el que propuso la pena de muerte hace unos anios y la propuso para fortalecer su campana política, basándose en demagogia. No nos enganemos.
ResponderEliminarHablamos del mismo Óscar Álvarez, sobrino del carnicero más grande de nuestra historia, el mismo que en una entrevista al Baltimore Sun, confesó lo que vienieron a ensenar los argentinos y la CIA (y hasta con mucho orgullo habla de "perfeccionar" la desaparición de individuos?)?
El mismo Óscar Álvarez que cada vez que se reaparece en la escena política, vuelve a resurgir el mito "nino pobre tatuado" aka chivo expiatorio? El mismo en cuya gestión durante el gobierno de Maduro se ejecutaron a dos tercios de ninos pobres, acusados de "ser mareros", cuando en realidad todo esto fue hecho extrajudicialmente, sin prueba alguna, a la ley medieval?
No nos hagamos de la vista gorda, por favor, no hay que enganarse tampoco, eso no es ni por cerca ser racional, ni centrista, ni objetivo, no aboguemos por criminales en busca de la reconciliación porque caemos en la negligencia.