Ante el inicio formal, ilegal e ilegitimo, de la campaña política para las elecciones generales programadas para el próximo 29 de noviembre, el Consejo de Ministros y demás miembros del equipo de gobierno constitucional del Presidente Manuel Zelaya Rosales, fijamos de manera concreta y pública nuestra posición.
1. Las elecciones solamente pueden realizarse en un contexto de legitimidad y legalidad, lo cual es solamente posible con la restitución del orden constitucional, hecho que pasa necesariamente por la restitución al Poder Ejecutivo del Presidente José Manuel Zelaya Rosales.
2. La ilegalidad en la conformación del tribunal supremo electoral, convierte el proceso mismo en ilegal e ilegitimo.
3. El empecinamiento del régimen dictatorial de no restituir al Presidente Zelaya y restituir el orden constitucional, perpetúa la crisis nacional, al perseguir a líderes políticos y miembros de las organizaciones populares, limitar sustantivamente la libertad de expresión y la difusión de ideas; y los órganos electorales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional están alineados a intereses de los grupos golpistas, contando con el apoyo de los candidatos presidenciales de los dos partidos tradicionales. En estas condiciones no se cuenta con las garantías que otorga únicamente el Estado de derecho.
4. El proceso electoral espurio solo profundiza la confrontación entre los hondureños y condena a Honduras a un permanente aislamiento de la comunidad internacional con nefastas consecuencias, particularmente para los eternamente excluidos de los beneficios del desarrollo y de la política. En un Estado militarizado es inconcebible un proceso electoral.
5. Este proceso electoral, en atención a las circunstancias actuales, carece de credibilidad y transparencia. El régimen golpista, por su propia naturaleza ilegal y espuria, no puede generar la legitimidad y credibilidad necesarias para que el proceso electoral y sus resultados sean ampliamente aceptados por la comunidad nacional e internacional.
6. Condenamos la intención de los golpistas al pretender dirigir, supervisar y llevar a cabo un proceso electoral que, desde ya, está condenado al fracaso interno y al rechazo exterior. Nadie debe obediencia a un gobierno surgido de un golpe de Estado militar.
Tegucigalpa, 2 de septiembre 2009
CONSEJO DE MINISTROS Y EQUIPO DEL
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
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