Por Andy Robinson
Cuando el presidente hondureño Manuel Zelaya tomó la decisión a mediados del año pasado de incorporar a Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestras Américas (ALBA), Tegucigalpa empezó a "arder con una controversia entre el gobierno y los sectores empresariales" según Jill Hokanson autor de un informe para la campaña Stop CAFTA.
Plantando cara al proyecto de integración interamericana impulsado por EE.UU. y plasmado en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU., el ALBA atemorizaba a las elites empresariales en Honduras cuyo poder depende de estrechas relaciones económicas y militares con EE.UU.
Creado en diciembre del 2004 por Cuba y Venezuela, ha crecido para incluir a Bolivia, Ecuador, Nicaragua y otros países centroamericanos y caribeños. Y ALBA no es cualquier tratado comercial. Rechaza la apertura económica hacia EE.UU. en favor de la autoayuda regional, más acuerdos con países del sur como China; su consigna es ’Nuestro norte es el sur’. Incluye planes de alfabetización, enseñanza y sanidad gratuitos y la integración del suministro de energía, transporte, y telecomunicaciones.
"Pretendemos corregir asimetrías y desequilibrios" y "recuperar la soberanía" potenciando "empresas estatales en lugar de multinacionales privadas", según explicó en una entrevista concedida a La Vanguardia Bernardo Álvarez, ex presidente del Banco ALBA ahora embajador de Venezuela en Washington.
Como suministrador de petróleo en condiciones favorables y principal fuente de financiación de desarrollo, Venezuela es el peso pesado del ALBA. Honduras —número dos en el ránking latinoamericano de pobreza tras Haití con la mayor concentración de riqueza de Centroamérica— recibía 20.000 barriles de crudo venezolano al día hasta el golpe y 30 millones de dólares de BANADES, el banco de desarrollo venezolano. Eso le permitió subir el salario minimo un 60% e iniciar programas antipobreza. Fue la primera vez en la historia que Honduras tenia un hombro sobre el cual podía llorar que no fuese el del huesudo Tío Sam.
"Con el proyecto estadounidense se da acceso a las multinacionales privadas en todas partes. Nosotros tenemos otra visión de la soberanía", dijo Álvarez. Cuando Zelaya anunció la entrada en el ALBA, el congreso en Tegucigalpa empezó a llamar a abogados, periodistas y a militares, fieles a la memoria del magnate frutero de Alabama Samuel Zemurray, rival de la United Fruit en los años de golpismo frutero a principios del siglo XX, que bromeó: "Puedo comprar la legislatura hondureña por menos de un burro".
Según explica Nicolas Kozloff en un excelente artículo, la multinacional estadounidense Chiquitita, antes United Fruit, protestó ante la asociación empresaria Hondureña de que el aumento del salario mínimo adoptado pro Zelaya complicaría sus operaciones en Honduras, concretamente ocho millones de cajas de piñas y 22 millones de cajas de plátanos "No deberíamos morder la mano e[estadounidense] que nos da de comer", advirtió el ex presidente Ricardo Maduro, un refrán sempiterno en Centroamérica desde las terroríficas derrotas de la izquierda en Nicaragua y El Salvador en los años ochenta..
Pero Zelaya no se detuvo. Suspendió el programa de créditos del FMI en favor de acuerdos con ALBA, otra declaración de guerra contra los frequent flyers de la ruta Tegucigalpa-Miami. Fue el inicio del camino hacia el primer golpe en Centroamérica del siglo XXI. "¡No al comunismo! ¡No a Chávez! ¡No a Zelaya! ¡No al ALBA!" gritaban manifestantes en Miami la semana pasada.
Y es que ALBA pone los pelos de punta no solo en Tegucigalpa sino en Miami, y Washington también. Choca frontalmente con los objetivos del plan de integración de EE.UU. con los países centroamericanos, la cabeza de puente de una segunda ofensiva para generar apoyo al Tratado de Libre Comercio de las Américas —el objetivo principal de EE.UU en la región latinoamericana— tras el fracaso estrepitoso hace cuatro años en la cumbre de Mar del Plata.
El Tratado de libre comercio con Centro América (CAFTA, según sus siglas inglesas que son las más indicadas) pretende crear el libre acceso a mercados, liberalización de inversiones multinacionales, privatización, y protección férrea de derechos de propiedad intelectual de las empresas multinacionales.
En nombre de CAFTA, Roberto Micheletti —ex consejero delegado de la teleco estatal Hondutel y, desde el golpe, presidente de facto del país— defendía la plena liberalización del sector de telecomunicaciones y la privatización de Hondutel. Zelaya se negó apoyando la presencia estatal en la empresa para financiar programas sociales.
Curiosamente, el levantamiento militar en apoyo a CAFTA se produce mientras economistas de la nueva ola estadounidense lo cuestionan: "Si NAFTA [el acuerdo de libre comercio entre México EE.UU. y Canadá] ha resultado tan decepcionante para México, cuesta creer que CAFTA ayude el desarrollo en Centroamérica", señala el economista de Harvard Dani Rodrik.
Hace tres o cuatro años la victoria de CAFTA sobre ALBA habría estabado garantizada. Conscientes del precio pagado por la desobediencia en los ochenta cuando murieron decenas de miles de campesinos en guerras contrisurgetnes fianciadas desde Washington, los gobiernos centroamericanos apoyaban el nuevo modelo de Washington. Dick Cheney citaba las guerras de contrainsurgencia en El Salvador como ejemplos para una transición democrática en Iraq. Pero desde entonces, partidos de izquierdas han ganado en Nicaragua, Guatemala, y El Salvador. Aunque los dos últimos defienden el CAFTA, no rechazan al ALBA. Es más, el primer balance no es demasaido favorable para el CAFTA. Mientras ALBA ha aportado beneficios tangibles —millones de barriles de petróleo y creditos para el desarrollo carentes de las duras condiciones exigidas por el FMI —, CAFTA ha coincidido con más importaciones desde EE.UU. e inversiones multinacionales.
Los precios de alimentos básicos se han disparado; la protección de patentes fármacos hasta el 2029 impide el uso de genericos y encarece la sanidad. Y, uno de cada siete hondureños se ha marchado rumbo al norte, no a las opulentas comunidades de expatriados centroamericanos en Miami sino a Nueva Orleans, mano de obra barata para la reconstruccion post Katrina.
Cuando el presidente hondureño Manuel Zelaya tomó la decisión a mediados del año pasado de incorporar a Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestras Américas (ALBA), Tegucigalpa empezó a "arder con una controversia entre el gobierno y los sectores empresariales" según Jill Hokanson autor de un informe para la campaña Stop CAFTA.
Plantando cara al proyecto de integración interamericana impulsado por EE.UU. y plasmado en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU., el ALBA atemorizaba a las elites empresariales en Honduras cuyo poder depende de estrechas relaciones económicas y militares con EE.UU.
Creado en diciembre del 2004 por Cuba y Venezuela, ha crecido para incluir a Bolivia, Ecuador, Nicaragua y otros países centroamericanos y caribeños. Y ALBA no es cualquier tratado comercial. Rechaza la apertura económica hacia EE.UU. en favor de la autoayuda regional, más acuerdos con países del sur como China; su consigna es ’Nuestro norte es el sur’. Incluye planes de alfabetización, enseñanza y sanidad gratuitos y la integración del suministro de energía, transporte, y telecomunicaciones.
"Pretendemos corregir asimetrías y desequilibrios" y "recuperar la soberanía" potenciando "empresas estatales en lugar de multinacionales privadas", según explicó en una entrevista concedida a La Vanguardia Bernardo Álvarez, ex presidente del Banco ALBA ahora embajador de Venezuela en Washington.
Como suministrador de petróleo en condiciones favorables y principal fuente de financiación de desarrollo, Venezuela es el peso pesado del ALBA. Honduras —número dos en el ránking latinoamericano de pobreza tras Haití con la mayor concentración de riqueza de Centroamérica— recibía 20.000 barriles de crudo venezolano al día hasta el golpe y 30 millones de dólares de BANADES, el banco de desarrollo venezolano. Eso le permitió subir el salario minimo un 60% e iniciar programas antipobreza. Fue la primera vez en la historia que Honduras tenia un hombro sobre el cual podía llorar que no fuese el del huesudo Tío Sam.
"Con el proyecto estadounidense se da acceso a las multinacionales privadas en todas partes. Nosotros tenemos otra visión de la soberanía", dijo Álvarez. Cuando Zelaya anunció la entrada en el ALBA, el congreso en Tegucigalpa empezó a llamar a abogados, periodistas y a militares, fieles a la memoria del magnate frutero de Alabama Samuel Zemurray, rival de la United Fruit en los años de golpismo frutero a principios del siglo XX, que bromeó: "Puedo comprar la legislatura hondureña por menos de un burro".
Según explica Nicolas Kozloff en un excelente artículo, la multinacional estadounidense Chiquitita, antes United Fruit, protestó ante la asociación empresaria Hondureña de que el aumento del salario mínimo adoptado pro Zelaya complicaría sus operaciones en Honduras, concretamente ocho millones de cajas de piñas y 22 millones de cajas de plátanos "No deberíamos morder la mano e[estadounidense] que nos da de comer", advirtió el ex presidente Ricardo Maduro, un refrán sempiterno en Centroamérica desde las terroríficas derrotas de la izquierda en Nicaragua y El Salvador en los años ochenta..
Pero Zelaya no se detuvo. Suspendió el programa de créditos del FMI en favor de acuerdos con ALBA, otra declaración de guerra contra los frequent flyers de la ruta Tegucigalpa-Miami. Fue el inicio del camino hacia el primer golpe en Centroamérica del siglo XXI. "¡No al comunismo! ¡No a Chávez! ¡No a Zelaya! ¡No al ALBA!" gritaban manifestantes en Miami la semana pasada.
Y es que ALBA pone los pelos de punta no solo en Tegucigalpa sino en Miami, y Washington también. Choca frontalmente con los objetivos del plan de integración de EE.UU. con los países centroamericanos, la cabeza de puente de una segunda ofensiva para generar apoyo al Tratado de Libre Comercio de las Américas —el objetivo principal de EE.UU en la región latinoamericana— tras el fracaso estrepitoso hace cuatro años en la cumbre de Mar del Plata.
El Tratado de libre comercio con Centro América (CAFTA, según sus siglas inglesas que son las más indicadas) pretende crear el libre acceso a mercados, liberalización de inversiones multinacionales, privatización, y protección férrea de derechos de propiedad intelectual de las empresas multinacionales.
En nombre de CAFTA, Roberto Micheletti —ex consejero delegado de la teleco estatal Hondutel y, desde el golpe, presidente de facto del país— defendía la plena liberalización del sector de telecomunicaciones y la privatización de Hondutel. Zelaya se negó apoyando la presencia estatal en la empresa para financiar programas sociales.
Curiosamente, el levantamiento militar en apoyo a CAFTA se produce mientras economistas de la nueva ola estadounidense lo cuestionan: "Si NAFTA [el acuerdo de libre comercio entre México EE.UU. y Canadá] ha resultado tan decepcionante para México, cuesta creer que CAFTA ayude el desarrollo en Centroamérica", señala el economista de Harvard Dani Rodrik.
Hace tres o cuatro años la victoria de CAFTA sobre ALBA habría estabado garantizada. Conscientes del precio pagado por la desobediencia en los ochenta cuando murieron decenas de miles de campesinos en guerras contrisurgetnes fianciadas desde Washington, los gobiernos centroamericanos apoyaban el nuevo modelo de Washington. Dick Cheney citaba las guerras de contrainsurgencia en El Salvador como ejemplos para una transición democrática en Iraq. Pero desde entonces, partidos de izquierdas han ganado en Nicaragua, Guatemala, y El Salvador. Aunque los dos últimos defienden el CAFTA, no rechazan al ALBA. Es más, el primer balance no es demasaido favorable para el CAFTA. Mientras ALBA ha aportado beneficios tangibles —millones de barriles de petróleo y creditos para el desarrollo carentes de las duras condiciones exigidas por el FMI —, CAFTA ha coincidido con más importaciones desde EE.UU. e inversiones multinacionales.
Los precios de alimentos básicos se han disparado; la protección de patentes fármacos hasta el 2029 impide el uso de genericos y encarece la sanidad. Y, uno de cada siete hondureños se ha marchado rumbo al norte, no a las opulentas comunidades de expatriados centroamericanos en Miami sino a Nueva Orleans, mano de obra barata para la reconstruccion post Katrina.
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