Con un “paquetazo” de esos que duelen, el gobierno pretende resolver el problema del déficit fiscal; de espaldas a la historia, sus artífices no se percatan todavía que esas soluciones nunca han logrado nada que no sea volver más dura la vida de nuestro pueblo.
Cada gobierno que pretende una salida fácil al viejo problema del desequilibrio entre ingresos y gastos manda al Congreso un proyecto de ley con los nombres más singulares, como pretendiendo con ello justificar socialmente su emisión y darle relevancia mediática; la actual se llama Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público.
Y como se trata de instrumentos con finalidades exclusivamente fiscales sin referencias al desarrollo y a la justicia social, sus autores fijan, como decían los viejos hacendistas, sus cien ojos donde quiera que haya una transacción o un acto civil que sirva de pretexto para crear impuestos.
El resultado no es un cuerpo jurídico coherente y simple, de aplicación económica, sino una compleja tarifa, una lista de actividades y castigos fiscales, multas y sobrecargos; laberintos y enredos, excepciones y deducciones, montos brutos y netos, que sólo los entienden los contadores, auditores y quienes se especializan en esos menesteres y que abre las puertas a las más controvertidas interpretaciones, a la defraudación o a la evasión.
Hace mucho tiempo vengo planteando la necesidad de una reforma fiscal a fin de convertir la política fiscal del gobierno no sólo en un instrumento que garantice ingresos suficientes para el funcionamiento del Estado, sino que se integre junto a la política monetaria, en fundamento del proyecto nacional de desarrollo económico y social.
Así la política fiscal no sólo debe tener finalidades recaudatorias; es fundamentalmente medio para dar estabilidad y fortaleza a la economía, promover la justicia distributiva, e incentivar la inversión privada, la producción y la cultura.
Pero una reforma así no sólo requiere talento… requiere coraje por los intereses que enfrenta.
En el caso concreto del “paquetazo” es necesario destacar que es una medida aislada, desesperadamente recaudatoria; no tendrá ningún impacto en el problema del combate a la pobreza; no fue pensada en la circunstancia de un gasto público disparado hasta el exceso, en el despilfarro, en el personal supernumerario, en los privilegios, mucho menos en la terrible realidad de la concentración del ingreso.
Este “paquetazo” sin medidas de austeridad y de buen gobierno, si algo resuelve, será problemas muy coyunturales de tesorería.
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