Uno de los objetivos de la ley contra el terrorismo según el defensor de Derechos Humanos, Wilfredo Méndez, es criminalizar aquellas organizaciones que apoyan a la oposición política y la calificó de muy grave, porque con el argumento que están interviniendo las finanzas de esas organizaciones, “en realidad interfiere directamente en las agendas políticas Entendidos en derechos humanos analizan la mencionada normativa aprobada a matacaballos que lo que se pretende es legalizar las represiones a las luchas sociales poniendo como argumento que están involucradas en actos de terrorismo” sostuvo.
Tegucigalpa. El fondo de la creación de la ley contra el financiamiento del terrorismo, es intervenir y evitar el apoyo para las organizaciones que impulsan el frente Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que impulsa una refundación del país.
El Coordinador general del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez asegura que la ordenanza está dirigida en contra del movimiento opositor al golpe de Estado, o de la oposición política al gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
Uno de los objetivos de esta ley según Méndez es criminalizar aquellas organizaciones que apoyan a la oposición política y califico de muy grave, porque con el argumento que están interviniendo las finanzas de esas organizaciones, en realidad interfiere directamente en las agendas políticas.
El trasfondo del estatuto no es controlar si los recursos son efectivamente invertidos o si vienen de buenas fuentes; sino de intervenir en la agenda y evitar el apoyo a las organizaciones que impulsan al frente Nacional de resistencia Popular.
En este sentido El Ciprodeh ha asignado un equipo de abogados para analizar y verificar la posibilidad de interponer una acción de institucionalidad, quienes tendrían un informe parcial a mediados de la semana, y esperarán a que se promulgue la norma antiterrorista en el Diario Oficial La Gaceta para proceder.
El jueves 18 de noviembre de 2010, La Cámara Legislativa aprobó, la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, que pretende mantener control jurídico del dinero que ingresa al país y del cambio de moneda extranjera.
A pesar del compromiso del presidente del Congreso de no aprobar leyes sin ser consensuada, La ley que contiene 83 artículos, fue aprobada a espaldas de la población hondureña, bajo supuesto criterio de seguridad, impone a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a informar al Estado sobre donaciones en efectivo, vehículos y equipo.
El decreto antiterrorista se adopta debido a los decomisos de dólares, aeronaves y otras acciones ocurridas en los últimos meses. La rapidez con que se logró, hace suponer que ya estaba lista y los escenarios fueron propicios.
Oscar Álvarez secretario de seguridad manifestó que las organizaciones deberán demostrar que utilizan los recursos para el avance social y no para marchas que desestabilizan el país, refiriéndose a las movilizaciones de la resistencia en contra del golpe de estado.
Entendidos en derechos humanos analizan la mencionada normativa aprobada a matacaballos que lo que se pretende es legalizar las represiones a las luchas sociales poniendo como argumento que están involucradas en actos de terrorismo.
Fuente: ellibertador.hn
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