Régimen de Lobo Sosa profundiza emergencia en derechos humanos

Agosto ha sido un mes fatídico para los derechos humanos según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH y parece que el mes de septiembre va por el mismo camino.

Los niveles de represión e intolerancia frente al pensamiento disidente nos han dejado más asesinatos, torturas, detenciones ilegales, amenazas a muerte, persecuciones y hostigamientos que se traducen en más dolor y sufrimiento para miles de familias hondureñas.
El régimen de Pepe Lobo ha demostrado una vez más su naturaleza violenta al ordenar a la policía y al ejército infiltrar y reprimir las asambleas y protestas pacíficas del magisterio; la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha perdido su autonomía y se encuentra militarizada; los campesinos y campesinas de Zacate Grande, el Aguán, La Unión, y Cofrafía han sido reprimidos salvajemente por policías y militares.
Los medios de comunicación y periodistas siguen siendo el blanco predilecto de los represores: El periodista sueco Dick Emanuelsson está sufriendo una campaña de difamación y persecución; René Rojas de Santa Rosa de Copán está siendo amenazado y hostigado por miembros de la policía nacional; Brayan Flores, del periódico El Libertador fue detenido por policías COBRAS sólo por realizar su labor periodística.
Eduardo Coto Barnica de Radio Uno fue detenido ilegalmente por la policía cuando cubría un desalojo violento en Choloma; Richard Casulá de Canal 36 y Carlos Paz de Radio Globo fueron golpeados salvajemente por la policía cuando cubrían las manifestaciones pacíficas del magisterio.
Por otra parte, Santos Ávila, Víctor Manuel Mata, Sergio Magdiel Amaya, Rulbin Marel Villeda, Israel Zelaya y Luís Antonio Hernández han sido asesinados; todos ellos eran miembros de la resistencia hondureña.
Parece ser que al régimen de Lobo Sosa se le ha olvidado que la Comisión de Alto Nivel de la OEA recomendó que el regreso de Honduras a dicha organización está condicionado a que existan avances decididos en las investigaciones para esclarecer los asesinatos y las demás violaciones a los derechos humanos, y poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular y jueces que participaron en actividades contra el golpe de Estado.

Fuente: Radio Progreso

Nuestra Palabra, Editorial Radio Progreso, 7 de septiembre de 2010