Tegucigalpa, 03 junio 2010. “La institucionalidad está funcionando para las personas que planificaron y ejecutaron el Golpe, pero no está funcionando para las víctimas de derechos humanos”, evaluó la vocera del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Mary Agurcia.
“Una de las cuestiones que más resentimos, no es la pérdida de la institucionalidad,… el problema que tenemos es que, a veces, no lo vemos desde ese ángulo y decimos que la institucionalidad no funciona, y no es cierto”, explicó.
“La institucionalidad sí funciona, sólo que no funciona como deseáramos”, dijo, ayer, al reflexionar en el foro, Derechos Humanos y Comisión de la Verdad, del ciclo de análisis, Pueblo Pensamiento, abierto por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y coordinado por el Grupo de Pensamiento Crítico.
Ministerio Público es indiferente
La situación se agrava porque el Ministerio Público, que tiene el “monopolio” de la acción penal, “comienza a ignorar a las organizaciones de derechos humanos”, aseguró Agurcia.
Acusó que las organizaciones litigantes presentan las denuncias al Ministerio Público, que debe canalizarlos a los tribunales, pero la gran mayoría de los casos denunciados -de un promedio de 300-, sólo 4 han sido elevados con requerimiento fiscal.
“Lo irrisorio es que las victimas no son las víctimas de tortura. Las víctimas son el Estado de Honduras y la administración pública,” y a los violadores de los derechos humanos “se les acusa de delitos que pueden ser amnistiables”, ironizó.
Agurcia cuestionó que se aprobó un decreto de amnistía que abarca por lo menos “un año y medio antes de que ocurriera el Golpe,” desde enero de 2008, hasta enero de 2010, por dos años.
Están acusando por abuso de autoridad y falta a los deberes de los funcionarios, delitos que el decreto de amnistía incluye. Hasta ahora la amnistía no ha sido aplicada a ninguno; pero “da lo mismo, porque los jueces han tenido resoluciones que son realmente graves en materia de derecho”, asoció.
Hay un retroceso muy grande de la institucionalidad. Primero “porque no nos están representando, y, la otra, es la militarización del país, instituciones que costó mucho esfuerzo al pueblo, retirarlas del ámbito militar, están de nuevo en manos de los militares”, apuntó.
Instituciones “sensibles” como la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE), Migración, otras como el Programa de Atención Familiar (Praf), y otras en manos de militares en retiro, detalló.
Y, agregó, “los retenes militares que se mantienen abiertos en muchísimas zonas del territorio, calles que fueron recuperados y se han perdido nuevamente”.
La profundización de “la impunidad es más grande, el único poder constituido [La Corte] hace fallos como los que recién vimos, con los Jueces por la Democracia, que fueron “despedidos sin haber sido oídos en juicio, sin haberse defendido”, refirió.
Se criminalizó a la Resistencia, y muchas personas aun aguardan juicio, hay 147 personas acusadas y perseguidas por razones política, 70 de ellas están todavía presentándose a firmar en los tribunales porque sus juicios contra ellos, continúan.
Fuente: Red Morazánica de Información
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