Víctor Manuel Ramos
La Constitución de 1982 quizá fue buena en su tiempo. Pero nadie pretenda que sea pétrea porque los tiempos y las ideas cambian. Cambian también las correlaciones de fuerza y si, en ese entonces, quienes decidían por el pueblo eran los oligarcas, es lógico que hayan hecho una Constitución a su medida y antojo, misma que les ha permitido administrar el país para su beneficio, olvidándose, por completo, de las más esenciales y elementales reivindicaciones que reclama el pueblo de Honduras.
Esa Constitución reconoce muchísimas cosas. Dice que todos los hondureños somos iguales ante la ley, que el origen del gobierno se basa en la opinión de las mayorías, que Honduras es un Estado democrático y muchas bellezas más que no han pasado de ser papel mojado.
La verdad es que, desde 1981, con esta y con las anteriores Constituciones, el pueblo no ha visto satisfechas sus aspiraciones, por el contrario se ha ido acumulando en su conciencia una serie de frustraciones que han ido acrecentando la rebeldía y desencanto para el actual sistema de cosas.
Uno de los conceptos de la Constitución que ha fallado es la representatividad. El pueblo no se ha sentido realmente representado por las personas que ha escogido a través de las urnas, en procesos electorales en los que la ley Electoral limita la participación del pueblo con su derecho a ser electo y facilita la escogencia de los representantes de la oligarquía. Y ahí es donde está el asunto trascendental que nos tiene envueltos en esta crisis política: los eternos detentadores del poder se aferran, hechos un nudo, frente a las posibilidades de que el pueblo mismo, no a través de representantes falsos, sino mediante su acción directa, reconduzca al país hacia un régimen de justicia social y respeto a los derechos y garantías que están en la constitución pero que son, ahora, un sueño para casi toda la hondureñidad.
Esa y no otra es la razón por la cual los militares y la oligarquía aplicó, a su gusto y antojo, la constitución, el pasado 28 de junio, y sacó, a puta bala y en pijama, al Presidente escogido por el pueblo y también, mediante una flagrante violación de la Carta fundamental de Honduras, se le envió al exilio. Las masas salieron a las calles para oponerse al golpe de Estado militar, pero igualmente, en vez de respetar el artículo que dispone que la soberanía reside en el pueblo, los militares respondieron con garrote, gases, desapariciones, asesinatos, encarcelamientos y persecución, sin olvidar el latrocinio al que sometieron al presupuesto nacional, dejándolo, en el plazo de 6 meses, totalmente vacío. Temían que el pueblo retomara su derecho a decidir por Honduras.
No hay tales caballos de Troya, señora Ninfa Arias, ni crea Ud. en los cuentos de superhéroes que se inventa Juan Ramón Martínez. La gran mayoría del pueblo está en contra de esta situación que exige una pronta solución, una solución que sea el resultado de la voluntad de las mayorías no de las élites. Por eso la información con que cuenta la Cancillería, en relación con la situación de Honduras, sobre la opinión de los gobiernos que antes tenían cordiales relaciones con Honduras, es para que el Canciller esté preocupado. La opinión extranjera y la gran mayoría de los hondureños no aceptan las explicaciones burdas que da el oficialismo para justificar el golpe y todas sus consecuencias de represión. Y todos, fuera y dentro de nuestras fronteras, queremos rectificaciones. Eso es lo que demanda ese bloque inmenso que no está en contra del pueblo, porque es el mismo pueblo.
Por las mismas razones, el nombramiento de Lizzy Flores, como embajadora en la ONU, no nos viene más que confirmar que a esos puestos no pueden aspirar más que los miembros de la minoría gobernante. Y, señora Ninfa Arias, no invente. La señora Lizzy no tiene la capacidad para estar en la ONU y Ud. lo sabe perfectamente. Está ahí, porque así lo quiso su padre.
Aunque se ha repetido hasta la saciedad, no está demás citar nuevamente al embajador gringo quien al caracterizar la justicia en Honduras dijo que la justicia catracha es una serpiente que solo muerde a los descalzos. Estos siempre estarán a merced de la ley del más fuerte, si no es que elevan su voz y cambian el curso de Honduras.
Y vea Ud., amable lector, las incongruencias: mi amigo Juan Ramón condena, en lo que le acompaño, los golpes de Estado que se dieron en contra de Honduras, aupados por López Arellano y su camarilla de militares y civiles, pero a renglón seguido, y aquí es donde no coincidimos, celebra el putch patrocinado por Romeo Velásquez con la complicidad de Micheleti y de la Empresa Privada. Y todo porque el Presidente Zelaya quiso hacer valer lo que la Constitución dice taxativamente, que es en el pueblo, y no en los fusiles, en donde reside la soberanía. Además amenaza a Lobo, llegado a donde está con el respaldo de un exiguo 15% de los votantes, con aplicarle el artículo 239, constitucional.
Ahora el pueblo entendió qué es lo suyo, qué es lo que le pertenece y, que no les quepa la menor duda, está dispuesto a recuperarlo.
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La Constitución de 1982 quizá fue buena en su tiempo. Pero nadie pretenda que sea pétrea porque los tiempos y las ideas cambian. Cambian también las correlaciones de fuerza y si, en ese entonces, quienes decidían por el pueblo eran los oligarcas, es lógico que hayan hecho una Constitución a su medida y antojo, misma que les ha permitido administrar el país para su beneficio, olvidándose, por completo, de las más esenciales y elementales reivindicaciones que reclama el pueblo de Honduras.
Esa Constitución reconoce muchísimas cosas. Dice que todos los hondureños somos iguales ante la ley, que el origen del gobierno se basa en la opinión de las mayorías, que Honduras es un Estado democrático y muchas bellezas más que no han pasado de ser papel mojado.
La verdad es que, desde 1981, con esta y con las anteriores Constituciones, el pueblo no ha visto satisfechas sus aspiraciones, por el contrario se ha ido acumulando en su conciencia una serie de frustraciones que han ido acrecentando la rebeldía y desencanto para el actual sistema de cosas.
Uno de los conceptos de la Constitución que ha fallado es la representatividad. El pueblo no se ha sentido realmente representado por las personas que ha escogido a través de las urnas, en procesos electorales en los que la ley Electoral limita la participación del pueblo con su derecho a ser electo y facilita la escogencia de los representantes de la oligarquía. Y ahí es donde está el asunto trascendental que nos tiene envueltos en esta crisis política: los eternos detentadores del poder se aferran, hechos un nudo, frente a las posibilidades de que el pueblo mismo, no a través de representantes falsos, sino mediante su acción directa, reconduzca al país hacia un régimen de justicia social y respeto a los derechos y garantías que están en la constitución pero que son, ahora, un sueño para casi toda la hondureñidad.
Esa y no otra es la razón por la cual los militares y la oligarquía aplicó, a su gusto y antojo, la constitución, el pasado 28 de junio, y sacó, a puta bala y en pijama, al Presidente escogido por el pueblo y también, mediante una flagrante violación de la Carta fundamental de Honduras, se le envió al exilio. Las masas salieron a las calles para oponerse al golpe de Estado militar, pero igualmente, en vez de respetar el artículo que dispone que la soberanía reside en el pueblo, los militares respondieron con garrote, gases, desapariciones, asesinatos, encarcelamientos y persecución, sin olvidar el latrocinio al que sometieron al presupuesto nacional, dejándolo, en el plazo de 6 meses, totalmente vacío. Temían que el pueblo retomara su derecho a decidir por Honduras.
No hay tales caballos de Troya, señora Ninfa Arias, ni crea Ud. en los cuentos de superhéroes que se inventa Juan Ramón Martínez. La gran mayoría del pueblo está en contra de esta situación que exige una pronta solución, una solución que sea el resultado de la voluntad de las mayorías no de las élites. Por eso la información con que cuenta la Cancillería, en relación con la situación de Honduras, sobre la opinión de los gobiernos que antes tenían cordiales relaciones con Honduras, es para que el Canciller esté preocupado. La opinión extranjera y la gran mayoría de los hondureños no aceptan las explicaciones burdas que da el oficialismo para justificar el golpe y todas sus consecuencias de represión. Y todos, fuera y dentro de nuestras fronteras, queremos rectificaciones. Eso es lo que demanda ese bloque inmenso que no está en contra del pueblo, porque es el mismo pueblo.
Por las mismas razones, el nombramiento de Lizzy Flores, como embajadora en la ONU, no nos viene más que confirmar que a esos puestos no pueden aspirar más que los miembros de la minoría gobernante. Y, señora Ninfa Arias, no invente. La señora Lizzy no tiene la capacidad para estar en la ONU y Ud. lo sabe perfectamente. Está ahí, porque así lo quiso su padre.
Aunque se ha repetido hasta la saciedad, no está demás citar nuevamente al embajador gringo quien al caracterizar la justicia en Honduras dijo que la justicia catracha es una serpiente que solo muerde a los descalzos. Estos siempre estarán a merced de la ley del más fuerte, si no es que elevan su voz y cambian el curso de Honduras.
Y vea Ud., amable lector, las incongruencias: mi amigo Juan Ramón condena, en lo que le acompaño, los golpes de Estado que se dieron en contra de Honduras, aupados por López Arellano y su camarilla de militares y civiles, pero a renglón seguido, y aquí es donde no coincidimos, celebra el putch patrocinado por Romeo Velásquez con la complicidad de Micheleti y de la Empresa Privada. Y todo porque el Presidente Zelaya quiso hacer valer lo que la Constitución dice taxativamente, que es en el pueblo, y no en los fusiles, en donde reside la soberanía. Además amenaza a Lobo, llegado a donde está con el respaldo de un exiguo 15% de los votantes, con aplicarle el artículo 239, constitucional.
Ahora el pueblo entendió qué es lo suyo, qué es lo que le pertenece y, que no les quepa la menor duda, está dispuesto a recuperarlo.
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