domingo, 15 de noviembre de 2009

La dictadura recluta como “observadores” a ultraderechistas

Para enmascarar la invalidez de los comicios del 29 de noviembre, el régimen usurpador de Roberto Micheletti está reclutando por dondequiera, a través de una asociación de empresarios golpistas, a "observadores" procedentes de organizaciones ultraderechistas.

"Ya confirmaron entre 300 y 500 observadores", afirma la portada del diario La Prensa, propiedad del magnate local Jorge "Pepsi" Canahuati, mientras el autor de un artículo en páginas interiores valora, en su fiebre golpista, en "unos 600" los "observadores internacionales procedentes del Norte, Centro y Sudamérica" que asistirán a estas elecciones. Para encontrar estos observadores cuando todos los organismos internacionales que se dedican a esta actividad se han negado a colaborar, la junta militar-empresarial de Tegucigalpa confía en uno de sus socios más activos, Amílcar Bulnes, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Bulnes expresó al diario La Prensa de su amigo Canahuati, que el proceso electoral "es protagónico para propiciar un mejor clima de inversión", que debe basarse "en la estabilidad social", una opinión compartida por la jerarquía del ejército, de la policía y de los escuadrones de la muerte de Billy Joya.

"Vendrán de Estados Unidos, Europa, Chile, Argentina, Colombia y de Centroamérica", precisa Bulnes, al revelar que dos de los más "eminentes" representantes de la ultraderecha continental, los ex presidentes de Guatemala, Álvaro Arzú y de El Salvador, Alfredo Cristiani, "vendrán".

Ya se había anunciado anteriormente que los comicios del régimen golpista dispondrán —también a título de "observadores"— de enviados del grupo neonazi UnoAmérica y de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Libertad, un apéndice de la Fundación Libertad, financiada por la NED, y de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), del ex mandatario español José María Aznar.

La organización UnoAmérica, vinculada a la CIA y financiada por la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), está relacionada con el intento de asesinato este año contra el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.
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