La Junta Directiva Nacional de la Asociación de Jueces por la Democracia, a la opinión pública y a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos denuncia nuevos hechos de persecución política en contra de los jueces y juezas en Honduras.
Con ocasión de los eventos del 28 de junio, que produjeron el rompimiento del orden constitucional en nuestro país, la Corte Suprema de Justicia, estimo públicamente que lo acaecido era una “sucesión constitucional”, en contrapartida nuestra asociación apreció que lo sucedido tenia las características de un golpe de estado y, como consecuencia, estos sucesos –que ya datan de 100 días- representan una afrenta a la institucionalidad y la naturaleza de un Estado Democrático de Derecho.
El posicionamiento de nuestra asociación incomodo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y ha dado lugar a procesos disciplinarios en contra de, por lo menos, siete jueces y juezas y otros funcionarios judiciales, supuestamente por haber apoyado actos (protestas y marchas) relacionados con la exigencia del restablecimiento del orden constitucional, siendo notorio en estas actuaciones la parcialidad con que han actuado las autoridades judiciales ante aquellos jueces y funcionarios que se han manifestado a favor del golpe de estado.
Unido a estos hechos, están los procesos de intimidación y de amenazas de traslados forzosos de jueces, como ocurre en San Pedro Sula, en donde existe el temor de que se proceda a la remoción de juzgadores que desempeñan cargos administrativos, tal es el caso, del Abogado Mauricio Mateo García, Coordinador del Juzgado Unificado de lo Penal y de la Abogada Elvia Ondina Varela, Coordinadora del Tribunal de Sentencia, contra ambos hay acciones destinadas a separarles de sus cargos, todo esto con la finalidad de nombrar en su lugar a jueces o juezas afines a las autoridades, con lo cual se asumiría un control jerárquico de los dos tribunales penales mas importantes del país, después de los similares existentes en la capital Tegucigalpa. Además de que dichas remociones serían una clara represalia por su posicionamiento en contra del Golpe de Estado en nuestro país.
Como continuidad de estas actuaciones contrarias a la garantía de inamovilidad en el cargo, están los nombramientos al margen de los procesos de oposición o concurso, de tres magistrados(as) de Cortes de Apelaciones, que actualmente impulsa la Corte Suprema de Justicia, en esta jurisdicción de San Pedro Sula, burlando las expectativas de centenares de aspirantes que, por años esperaron concursar para acceder a estos cargos; de igual manera se está procediendo con el nombramiento de un regular número de jueces y juezas en todo el país. Estos nombramientos realizados o por realizar, constituyen una grave violación de la Ley de Carrera Judicial, y por las características de los nombramientos son indicativos de un reparto político-partidario que actualmente se produce en la Corte Suprema de Justicia, lo cual es atentatorio a la Independencia del Poder Judicial.
Los jueces y juezas con procesos disciplinarios actualmente son: Adan Guillermo López Lone, Juez de Sentencia; Elvia Ondina Varela, Juez de Sentencia y Coordinadora del Tribunal de Sentencia; Luis Alonso Chévez de la Rocha, Juez contra la Violencia Domestica; Tirza Flores, Magistrada de Corte de Apelaciones; Juan Carlos Zelaya, Juez de Letras;, Ramón Enrique Barrios, Juez de Sentencia; y, Mauricio Mateo García; Coordinador del Juzgado Unificado de lo Penal.
A esta Lista hay que agregar a la Jueza Maritza Arita trasladada arbitrariamente de un juzgado penal a un juzgado civil; a Osman Fajardo Morel, Defensor Público, y a otros jueces y funcionarios que han sido objeto de sanciones y acciones de intimidación de parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, pero que tienen temor de realizar las denuncias correspondientes. Estas represalias han ocurrido por actuaciones de tutela de derechos fundamentales o por el posicionamiento a favor del Estado de Derecho y en contra del golpe de estado.
En suma, las actuaciones disciplinarias en contra de al menos siete jueces, los nombramientos en contravención de la ley de carrera judicial, y todas las acciones de hostigamiento y de intimidación, que tienen lugar en la situación de precariedad institucional por causa del golpe de estado, son en la práctica actos o hechos que persiguen menoscabar derechos y libertades ciudadanas de quienes disienten de la fractura al orden constitucional, y por otro lado, constituyen acciones encaminadas a profundizar el control político-partidario del Poder Judicial, debilitándole en su independencia para su función de control de la legalidad, de tutela de derechos, y acentuando su carácter de órgano sometido a los intereses de los grupos políticos y económicos involucrados en la consumación del golpe de estado del 28 de junio.
San Pedro Sula, Cortes, 7 de octubre del 2009.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
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