Por LÍDICE VALENZUELA
Cada día, en cada una de las principales ciudades de Honduras, entre ellas Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, segunda en importancia, miles de mujeres y hombres humildes cogen las calles en una insurrección pacífica e inédita en América Latina, para repudiar el golpe de Estado militar perpetrado el pasado 28 de junio contra un gobierno que, hasta cierto punto, les brindó alguna esperanza.
Con poco más de siete millones y medio de habitantes, esa nación es una de las más pobres de Centroamérica y de la región latinoamericana. La mayor parte de la población es indígena o mestiza y vive de la pequeña agricultura. Poseía hasta 2007 el peor sistema educacional de América Central, con un millón 300 mil analfabetos. Sin embargo, el gobierno del depuesto presidente Manuel Zelaya pretendía declarar al país libre de analfabetismo antes de concluir su mandato este año, gracias a la implantación del método cubano de enseñanza Yo, sí puedo y la asesoría de profesores de la isla caribeña.
La miseria, analfabetismo, insalubridad, y otros muchos flagelos sociales pudieron haber desaparecido, o al menos aliviarse, cuando el gobierno de Zelaya firmó la adscripción de su país a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba) y se unió, con las características propias de la política hondureña, a la corriente progresista que de manera creciente existe en América Latina.
El panorama de pobreza de Honduras y la desigualdad en la distribución de la riqueza son enormes. El 52,9 por ciento de los habitantes está por debajo de la línea de pobreza, y un 36,2 vive en extrema pobreza. Resultaba indispensable, para cambiar esa dramática situación, una reestructuración de las bases de la sociedad, que solo podía hacerse con una nueva Constitución nacional.
UN GOLPE EN CONTRA DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN AMÉRICA LATINA
Zelaya fue utilizado por la derecha latinoamericana para dar un ejemplo de su fortaleza y tratar de demostrar al estilo de los años ‘80 que, a pesar de la mayoría de regímenes progresistas y de izquierda en Latinoamérica, aún es posible dar un golpe de Estado militar. Lo que no se imaginaron los oligarcas es lo que sucedería después. Al presidente lo montaron en pijama en un avión que tocó pista primero en la base norteamericana de Palmerota, en el territorio de Honduras, y luego lo trasladó a Costa Rica.
Aunque ha hecho intentos por regresar y ha viajado a numerosos países en busca de apoyo, el mandatario continúa en el exterior, pide a sus coterráneos que actúen de manera pacífica (a pesar del costo en vidas humanas, heridos, desaparecidos y detenidos por el golpe militar) y promete el retorno a su cargo.
Sin embargo, la situación política en Honduras es diferente a la existente cuando Zelaya fue obligado a abandonar el país, precisamente el día que pretendía consultar al pueblo sobre la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre, para preguntarles entonces si era viable la instalación de una Asamblea Constituye que redactara una nueva Carta Magna.
Siempre ha sido muy pobre la mayoría de los hondureños, pero también ha demostrado una digna tenacidad en la defensa de su soberanía e identidad nacionales. Ahora, brinda un inédito ejemplo de resistencia y consecuencia con sus ideas, y en contra de los golpistas. Como armas solo emplean la razón.
En la actualidad, la población de ese pequeño país defiende la vuelta de su presidente para demostrar a los orquestadores del golpe y sus socios internos que no permitirán un retroceso en el proceso político latinoamericano. El efecto de "bola de nieve" del golpe de Honduras que esperaba la oligarquía latinoamericana, resultó solo un espejismo, pues en la medida que la resistencia interna crece en ese país y se organiza en las localidades a nivel de departamentos, municipios, aldeas, villas, barriadas, la derecha comprende que las consecuencias de otro golpe de Estado serían incalculables.
Fracasaron en Venezuela cuando intentaron derrocar al presidente Hugo Chávez Frías en 2002 y el pueblo lo devolvió al palacio presidencial de Miraflores, y fracasaron en Honduras en la medida que la dictadura militar no logra consolidarse.
Sucedió lo contrario a lo que pensaron los promotores de Washington y sus socios del llamado país del banano. En un proceso político vertiginoso, en poco más de dos meses, el pueblo, representado por los sectores mas empobrecidos, identificó a sus enemigos internos y defiende, en cambio, el liderazgo de dirigentes latinoamericanos como Chávez, Fidel Castro (Cuba), Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales (Bolivia).
Es en este contexto de lucha que los hondureños aprendieron a conocer a sus verdaderos amigos. Durante la presidencia de Zelaya llegaron hasta los lugares más recónditos de ese país colaboradores cubanos de la salud, quienes aún se mantienen allí compartiendo la suerte de los pobladores sin dejar de atenderles. También profesores que comenzaron a enseñar a leer y a escribir a los analfabetos. Gracias a los acuerdos con el Alba, muchos hogares hondureños recibieron energía eléctrica por primera vez, en tanto Venezuela le vendía al país el petróleo a precios preferenciales.
Junto a ellos, curando sus heridas, están en las manifestaciones los jóvenes hondureños egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, que fueron escogidos para estudiar en Cuba al carecer de recursos económicos.
En poco más de dos meses, día por día, los miles de manifestantes en las diferentes provincias exigen el retorno de Zelaya, la celebración de elecciones libres y democráticas y la instalación, sin referendo, de una Asamblea Constituyente.
NADA DE ELECCIONES FRAUDULENTAS
El presidente de facto, el empresario Roberto Micheletti, se encuentra virtualmente solo en el poder, pues el golpe de Estado que encabezó, recibió el repudio de las organizaciones internacionales y de los grandes centros de poder político, entre ellos Estados Unidos.
Ahora el golpista trata de legitimar la ruptura del orden constitucional con la celebración de elecciones el próximo 29 de noviembre.
Los comicios de finales de año estaban marcados de antemano, pues el presidente Zelaya concluiría su mandato el próximo enero. Con su abrupta salida, el mandatario fue eliminado de momento de la escena política, junto a las posibilidades de que uno de sus seguidores políticos continuara el proceso de transformaciones económicas y sociales emprendidas para mejorar la calidad de vida de la población.
Los movimientos sindicales, sociales, indígenas y de otros sectores siempre existieron en Honduras, pero a raíz de la asonada se constituyeron en el Frente Popular de Resistencia contra el Golpe de Estado. Aún en los primeros momentos del zarpazo militar, millares de personas, sin convocatoria previa, dejaron sus hogares. Se ayudan unos a otros, marchan entre montañas, viven bajo los puentes y planifican las acciones del día siguiente en plena calle.
Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros no reconocerán, según confirmaron, el resultado de los comicios armados por Micheletti, quien en una vertiginosa carrera mediática trata de impulsar el motor político. Pero este ya no está en la casa presidencial, sino en la vía pública, en manos del pueblo representado por maestros en huelga, mujeres que crearon un frente de lucha y desafían a los soldados golpeándoles, en los estudiantes que dejaron atrás sus libros, en los obreros que permanecen de brazos caídos. Honduras está paralizada por su propia gente.
Tal parece que la derecha ignora que mientras más tiempo mantenga en el poder a esa parodia de gobierno, más fuerte y radical se torna la oposición en su contra y más exigente será el pueblo a la hora de escoger su futuro modelo de vida.
Para quienes siguen de cerca los acontecimientos, si llegaran a efectuarse los comicios, el resultado siempre favorecerá a los golpistas, pues el Tribunal Supremo Electoral (TSE) responde a los intereses de la oligarquía.
Hay varios candidatos a la presidencia, pero todos coinciden en que solo participarán en la liza si Zelaya regresa y estas se realizan tal cual exige la Constitución vigente.
De ahí que el Frente, en el que se reúnen organizaciones populares, sociales y sindicales, además de algunos partidos opuestos al golpe de Estado, esté dando la batalla en las calles contra un proceso que nació frustrado.
El Frente Nacional, un movimiento incluyente de los elementos antidictatoriales, confirmó que desconocerá la campaña, el proceso y los resultados electorales. "Las elecciones generales sin restitución del orden constitucional serían la legalización de la violencia militar contra el Estado, por tanto, inaceptables", indicó en un comunicado.
Juan Barahona, líder sindical y miembro de la conducción colegiada del movimiento, refirió a la prensa que "si los golpistas dirigen el proceso electoral ningún partido o candidato independiente que ha luchado contra el golpe va a participar en estas elecciones".
Otro elemento que preocupa a los líderes populares hondureños es el llamado Acuerdo de San José, con la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, pues les da a las Fuerzas Armadas más poder y control sobre el proceso electoral y su logística.
En ese sentido, la dirigente femenina Bertha Cáceres, postulada por la organización Candidatura Independiente Popular y Directiva del Consejo de Poblaciones Indígenas de Honduras (Copinh) destacó que en este momento la prioridad es la lucha contra los golpistas.
Nuestro propósito, precisó, es acabar con la dictadura e instalar la Asamblea Constituyente, y aclaró que cuando retorne el presidente debe alargar su mandato, pues los meses que ha estado fuera del país deben contabilizarse, tal como indica la Carta Magna nacional.
La dirigente de Candidatura Independiente Popular explicó que esa organización "está llamada a jugar un rol decisivo cuando se reinstaure el proceso democrático, pues dejamos abierta la posibilidad de cambios con un programa diferente en el interés de iniciar una nueva experiencia política en Honduras, y las necesidades de su pueblo mas humilde".
Para especialistas, la profundización de la lucha del pueblo humilde de Honduras, la promoción de sus demandas históricas, su capacidad para mantener una insurrección pacífica durante meses bajo la bota de los militares, indica que la solución final de la crisis está en manos de quienes, hasta ahora, fueron humillados y desconocidos.
El futuro de Honduras está únicamente en manos de su combativo pueblo. La derecha debería reconocer que esta batalla la tiene perdida.
Fuente: CubAhora
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