Observadores de derechos humanos y el Frente Nacional contra el Golpe
denuncian
Por Jennifer Moore
El jueves 13, a casi siete semanas del
derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, el Frente Nacional contra el
Golpe de Estado dio una conferencia de prensa en la capital de Honduras,
para denunciar la violencia excesiva y la represión. También criticó al
régimen golpista por la utilización de centros de detención que
recuerdan la violencia, las desapariciones y torturas de la década de
1980. Por su parte, la quinta delegación de observadores/as
internacionales emitió un boletín en el que denuncia "las múltiples y
graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de
seguridad del Estado, tales como la policía nacional, el Comando de
Operaciones Especiales ( COBRA) de la policía nacional, y el ejército
nacional". Expresó su gran preocupación por la “situación de deterioro
rápido y acelerado de los derechos humanos en el país y por el bienestar
de las múltiples personas que aun están detenidas". Exigió que las
autoridades entreguen una lista con los nombres de todas las personas
detenidas, con información sobre su estado de salud.
En su declaración, los/as observadores/as internacionales recordaron
cómo cientos de policías y militares rodearon la marcha del miércoles en
Tegucigalpa y utilizaron gran cantidad de gases lacrimógenos, gas
pimienta y armas de fuego contra los/as manifestantes que marchaban
pacíficamente hacia el Congreso Nacional, donde se debatía un proyecto
de ley que propone restablecer el servicio militar obligatorio. Cuando
los manifestantes intentaron evacuar el centro de la ciudad, las
patrullas policiales persiguieron, capturaron y golpearon a numerosas
personas, incluyendo a jóvenes y ancianos, así como a personas que no
participaron en la manifestación. Los/as observadores también
documentaron la agresión contra los/las periodistas con credenciales. En
la ciudad industrial de San Pedro Sula, donde se llevaba a cabo una
manifestación al mismo tiempo que en Tegucigalpa, cientos de personas
fueron también detenidas. Más de dos docenas de personas siguen
detenidas y unas seis siguen sin aparecer desde el jueves, y se teme que
estén desaparecidas. En ambas ciudades, numerosas personas resultaron
heridas, algunas de ellas de gravedad. Marvin Ponce, diputado del
Partido de Unificación Democrática y miembro del comité ejecutivo del
Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, fue uno de ellos y sufre de
múltiples fracturas.
Algunos lugares de reunión utilizados por el Frente Nacional contra el
Golpe de Estado también han sido objeto de vigilancia, ocupación y
agresión. El edificio del Sindicato de Trabajadores de Bebidas (STIBYS),
que es de propiedad privada y utilizado con frecuencia como un lugar de
encuentro por el Frente, fue reportado como blanco de la vigilancia
militar y, durante la noche, varios disparos impactaron contra el
edificio. Del mismo modo, el martes por la noche se efectuaron disparos
contra las oficinas de Vía Campesina cuyo coordinador, Rafael Alegría,
es un líder muy visible del comité ejecutivo del Frente. Además, la
Universidad Pedagógica, donde las personas se reúnen a diario antes de
salir a las marchas pacíficas, fue tomada por militares el miércoles por
la tarde. Varias docenas de personas se mantuvieron detenidas en este
edificio durante la tarde y la noche, por parte de cientos de oficiales
militares así como miembros de las fuerzas especiales de policía
(COBRA). Inicialmente, solo se permitió la entrada a fiscales para
observar lo que estaba ocurriendo, mientras que a la sociedad civil y a
las delegaciones internacionales de Derechos Humanos las hicieron
esperar durante varias horas antes de permitirles ingresar.
Por su parte, el Frente Nacional contra el Golpe de Estado también
criticó a las fuerzas armadas por el uso de los centros de detención
relacionados con la violencia, la tortura y las desapariciones llevadas
a cabo en los años 80, y condenó el vandalismo que tuvo lugar a raíz de
una marcha pacífica el martes pasado, que fue utilizada por el régimen
de facto para justificar el incremento de la represión y por los medios
de comunicación para mostrar a los manifestantes como violentos. El
Frente definió a estos incidentes como "el producto de la provocación de
infiltrados" y recordó que el asesor de seguridad especial del gobierno
de facto es Billy Joya, un ex miembro del infame Batallón 316, que fue
una unidad paramilitar responsable de la muerte de cientos de personas.
El coordinador de la Vía Campesina y miembro del comité ejecutivo del
Frente Nacional, Rafael Alegría, declaró: "En principio, el Frente apoya
marchas pacíficas y exige la movilización pacífica. En ningún momento
convocamos a actos violentos. Parece que estos incidentes son
responsabilidad de grupos interesados en arruinar la movilización
social". Un observador internacional también comentó a ALAI que está
"muy impresionado". "Veo gente con mucha dignidad y fuerza –continuó-
que han logrado mantener una movilización durante todo este tiempo, y en
las condiciones que hemos visto. Este es un movimiento popular sin
recursos que se ha movilizado sin violencia de una manera ejemplar”.
Reflexionando sobre la manera en que incidentes como la quema de un
autobús y de un restaurante el día martes son utilizados contra el
movimiento, añadió: "Es importante valorar la resistencia pacífica de
estas personas que exigen el retorno a la constitucionalidad y la
transformación de un Estado que se basa en las históricas injusticias".
Representantes del Frente añadieron que se están tomando medidas a fin
de evitar nuevas perturbaciones y hacen un llamado a que se realicen más
actos culturales para la resistencia y hacia el restablecimiento del
Presidente Zelaya, así como el establecimiento de una Asamblea Nacional
Constituyente para reescribir la Constitución del país acorde a los
intereses de la mayoría pobre de Honduras.
- Jennifer Moore es periodista independiente canadiense desde Honduras
para ALAI y FEDAEPS.
denuncian
Por Jennifer Moore
El jueves 13, a casi siete semanas del
derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, el Frente Nacional contra el
Golpe de Estado dio una conferencia de prensa en la capital de Honduras,
para denunciar la violencia excesiva y la represión. También criticó al
régimen golpista por la utilización de centros de detención que
recuerdan la violencia, las desapariciones y torturas de la década de
1980. Por su parte, la quinta delegación de observadores/as
internacionales emitió un boletín en el que denuncia "las múltiples y
graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de
seguridad del Estado, tales como la policía nacional, el Comando de
Operaciones Especiales ( COBRA) de la policía nacional, y el ejército
nacional". Expresó su gran preocupación por la “situación de deterioro
rápido y acelerado de los derechos humanos en el país y por el bienestar
de las múltiples personas que aun están detenidas". Exigió que las
autoridades entreguen una lista con los nombres de todas las personas
detenidas, con información sobre su estado de salud.
En su declaración, los/as observadores/as internacionales recordaron
cómo cientos de policías y militares rodearon la marcha del miércoles en
Tegucigalpa y utilizaron gran cantidad de gases lacrimógenos, gas
pimienta y armas de fuego contra los/as manifestantes que marchaban
pacíficamente hacia el Congreso Nacional, donde se debatía un proyecto
de ley que propone restablecer el servicio militar obligatorio. Cuando
los manifestantes intentaron evacuar el centro de la ciudad, las
patrullas policiales persiguieron, capturaron y golpearon a numerosas
personas, incluyendo a jóvenes y ancianos, así como a personas que no
participaron en la manifestación. Los/as observadores también
documentaron la agresión contra los/las periodistas con credenciales. En
la ciudad industrial de San Pedro Sula, donde se llevaba a cabo una
manifestación al mismo tiempo que en Tegucigalpa, cientos de personas
fueron también detenidas. Más de dos docenas de personas siguen
detenidas y unas seis siguen sin aparecer desde el jueves, y se teme que
estén desaparecidas. En ambas ciudades, numerosas personas resultaron
heridas, algunas de ellas de gravedad. Marvin Ponce, diputado del
Partido de Unificación Democrática y miembro del comité ejecutivo del
Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, fue uno de ellos y sufre de
múltiples fracturas.
Algunos lugares de reunión utilizados por el Frente Nacional contra el
Golpe de Estado también han sido objeto de vigilancia, ocupación y
agresión. El edificio del Sindicato de Trabajadores de Bebidas (STIBYS),
que es de propiedad privada y utilizado con frecuencia como un lugar de
encuentro por el Frente, fue reportado como blanco de la vigilancia
militar y, durante la noche, varios disparos impactaron contra el
edificio. Del mismo modo, el martes por la noche se efectuaron disparos
contra las oficinas de Vía Campesina cuyo coordinador, Rafael Alegría,
es un líder muy visible del comité ejecutivo del Frente. Además, la
Universidad Pedagógica, donde las personas se reúnen a diario antes de
salir a las marchas pacíficas, fue tomada por militares el miércoles por
la tarde. Varias docenas de personas se mantuvieron detenidas en este
edificio durante la tarde y la noche, por parte de cientos de oficiales
militares así como miembros de las fuerzas especiales de policía
(COBRA). Inicialmente, solo se permitió la entrada a fiscales para
observar lo que estaba ocurriendo, mientras que a la sociedad civil y a
las delegaciones internacionales de Derechos Humanos las hicieron
esperar durante varias horas antes de permitirles ingresar.
Por su parte, el Frente Nacional contra el Golpe de Estado también
criticó a las fuerzas armadas por el uso de los centros de detención
relacionados con la violencia, la tortura y las desapariciones llevadas
a cabo en los años 80, y condenó el vandalismo que tuvo lugar a raíz de
una marcha pacífica el martes pasado, que fue utilizada por el régimen
de facto para justificar el incremento de la represión y por los medios
de comunicación para mostrar a los manifestantes como violentos. El
Frente definió a estos incidentes como "el producto de la provocación de
infiltrados" y recordó que el asesor de seguridad especial del gobierno
de facto es Billy Joya, un ex miembro del infame Batallón 316, que fue
una unidad paramilitar responsable de la muerte de cientos de personas.
El coordinador de la Vía Campesina y miembro del comité ejecutivo del
Frente Nacional, Rafael Alegría, declaró: "En principio, el Frente apoya
marchas pacíficas y exige la movilización pacífica. En ningún momento
convocamos a actos violentos. Parece que estos incidentes son
responsabilidad de grupos interesados en arruinar la movilización
social". Un observador internacional también comentó a ALAI que está
"muy impresionado". "Veo gente con mucha dignidad y fuerza –continuó-
que han logrado mantener una movilización durante todo este tiempo, y en
las condiciones que hemos visto. Este es un movimiento popular sin
recursos que se ha movilizado sin violencia de una manera ejemplar”.
Reflexionando sobre la manera en que incidentes como la quema de un
autobús y de un restaurante el día martes son utilizados contra el
movimiento, añadió: "Es importante valorar la resistencia pacífica de
estas personas que exigen el retorno a la constitucionalidad y la
transformación de un Estado que se basa en las históricas injusticias".
Representantes del Frente añadieron que se están tomando medidas a fin
de evitar nuevas perturbaciones y hacen un llamado a que se realicen más
actos culturales para la resistencia y hacia el restablecimiento del
Presidente Zelaya, así como el establecimiento de una Asamblea Nacional
Constituyente para reescribir la Constitución del país acorde a los
intereses de la mayoría pobre de Honduras.
- Jennifer Moore es periodista independiente canadiense desde Honduras
para ALAI y FEDAEPS.
Fuente: http://alainet.org
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