martes, 20 de julio de 2010

Ocupación estadounidense en Costa Rica busca desestabilizar gobiernos progresistas de América del Sur

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El permiso concedido por el Congreso de Costa Rica se extiende por seis meses, a partir del 1º de Julio del corriente año. No obstante, esta concesión, que se materializa en el contexto de la Iniciativa Mérida (que abarca a México y Centroamérica) es un proyecto que tiene metas pero no plazos, por lo cual la probabilidad de que las tropas usamericanas salgan de Costa Rica a fines de este año y retornen a sus cuarteles en la metrópolis es prácticamente cero

Por: Atilio Boron

Con los votos del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), el Movimiento Libertario y el diputado evangélico del partido Renovación Costarricense, Justo Orozco, el pasado 1º de Julio el Congreso de Costa Rica autorizó el ingreso a ese país de 46 buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos, 200 helicópteros y aviones de combate, y 7.000 marines. Si bien la multiplicidad de versiones encontradas no permiten ver con claridad el origen de esta decisión, la escasa evidencia disponible parece señalar que fue Washington quien solicitó la internación de las tropas. Es sumamente llamativo el silencio de la prensa de Estados Unidos sobre el tema y la ausencia de cualquier referencia explícita a esta autorización en los boletines de prensa diarios de los departamentos de Estado y de Defensa, todo lo cual alimenta la sospecha de que fue la Casa Blanca la que tomó la iniciativa favorablemente acogida por el Congreso costarricense y para la cual exigió la mayor discreción. Lo que se le comunicó al país centroamericano fue que la situación imperante en México había forzado a los cárteles de la droga a modificar sus rutas tradicionales de aproximación e ingreso a Estados Unidos y que para desbaratar esa maniobra era preciso garantizar el despliegue de un sólido contingente de fuerzas militares en el istmo centroamericano, condición sine qua non para librar una efectiva batalla en contra del narcotráfico. Como era previsible, el gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla - estrechamente vinculada a lo largo de muchos años con la USAID, nada menos- brindó todo su apoyo y el de sus parlamentarios para responder obedientemente a la requisitoria de Washington.

A nadie sorprende la apelación al pretexto del narcotráfico pues es el que corrientemente utiliza Washington-a falta de otros, como los que brindara el terremoto en Haití- para justificar la intrusión del personal militar estadounidense en los países de Nuestra América. No obstante, conspira contra la credibilidad de este argumento el hecho que sean precisamente los países caracterizados por una fuerte presencia militar de Estados Unidos quienes sobresalen por su producción y comercialización de narcóticos. Tal como quedó demostrado en El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos, fuentes inobjetables de las Naciones Unidas (la UNODOC, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen) demuestran con estadísticas abrumadoras que desde que las tropas de Estados Unidos se instalaron en Afganistán se produjeron grandes avances en la producción y exportación de opio y la fabricación de heroína, a la vez que en Colombia la presencia estadounidense no fue óbice (sino todo lo contrario) para que se registrase una notable expansión de los cultivos de coca.

Todo esto no debería causar sorpresa alguna, por varias razones. Una de ellas es que el país que se arroga el derecho a combatir el narcotráfico en todo el mundo demuestra una incapacidad tan asombrosa como sospechosa para hacer lo propio dentro de sus fronteras, desde desmontar las redes que vinculan a las mafias del narco con las autoridades, las policías y los jueces locales y estaduales que hacen posible el negocio de la droga hasta implementar una campaña mínimamente significativa para contener la adicción y recuperar a los adictos. Nada sorprendente, insistimos, por cuanto el narcotráfico mueve una cifra que se empina por encima de los 400.000 millones de dólares, anuales, que luego son convenientemente “lavados” en los numerosos paraísos fiscales que los principales países capitalistas han establecido a lo largo y a lo ancho del planeta (comenzando por Estados Unidos y Europa) para ser luego introducidos al sistema bancario oficial y, de ese modo, fortalecer los negocios del capital financiero. Por otra parte, la debilidad e inconsistencia de este pretexto, el de la “lucha contra el narcotráfico”, se tornan más evidentes cuando se aprende que Estados Unidos es el primer productor mundial de marihuana, lo que según un estudio de la Fundación Drug Science, reporta a ese país una suma superior a los 35.000 millones de dólares, cifra que supera el valor combinado de la producción de trigo y maíz. Tercero y último, ¿cómo subestimar la importancia que tienen el control y la administración del negocio de los narcóticos para sostener la dominación imperialista en las provincias exteriores del imperio? ¿No fue acaso Gran Bretaña quien reintrodujo el opio en China (droga que había sido prohibida por el emperador Yongzheng debido a los perjuicios que ocasionaba a su población) cuyo consumo masivo promovido por los británicos sirvió para equilibrar sus déficits de balanza comercial con el celeste imperio? Para impulsar esa adicción entre los chinos, británicos y portugueses libraron dos guerras, entre 1839 y 1842 y 1856 y 1860, a resultas de las cuales establecieron dos cabeceras de playa para organizar el tráfico del opio en toda la China: una en Hong Kong, bajo control inglés, y otra en Macao, dominada por los portugueses. ¿Por qué tendríamos hoy que pensar que Estados Unidos, hijo putativo del imperio británico, habría de ser movido por otros intereses cuando declara, de la boca para afuera, la guerra al narcotráfico? ¿No resulta acaso funcional a sus intereses tener una América Latina caracterizada por la proliferación de “estados fallidos” - carcomidos por la corrupción que genera el tráfico de estupefacientes y sus secuelas: desintegración social, mafias, paramilitares, etcétera- e incapaces por eso mismo de ofrecer la menor resistencia a los designios imperiales?

El permiso concedido por el Congreso de Costa Rica se extiende por seis meses, a partir del 1º de Julio del corriente año. No obstante, esta concesión, que se materializa en el contexto de la Iniciativa Mérida (que abarca a México y Centroamérica) es un proyecto que tiene metas pero no plazos, por lo cual la probabilidad de que las tropas usamericanas salgan de Costa Rica a fines de este año y retornen a sus cuarteles en la metrópolis es prácticamente cero. Además, la experiencia internacional enseña que tanto en Europa como en Japón las tropas que Estados Unidos estacionara allí después de la Segunda Guerra Mundial por unos pocos años, extendidos luego con el pretexto de la Guerra Fría, ya llevan en esas locaciones más de 65 sin que sus jefes den las menores muestras de aburrimiento o deseos de regresar a casa. En Okinawa, la repulsa generalizada de la población local contra los ocupantes yankis -que, amparados en su inmunidad, matan, violan y roban a su antojo- no fue suficiente para forzar el desmantelamiento de la base norteamericana. De paso, este incidente subraya la valentía y eficacia del gobierno de Rafael Correa que sí logró la salida de las tropas norteamericanas de la base de Manta. Y en caso de que hubiera un clamor popular exigiendo re-editar tan insólita ocurrencia en Costa Rica, un par de operaciones criminales de esas que la CIA sabe montar muy bien harían que ese pedido se revirtiese instantáneamente, sobre todo con un gobierno como el de Laura Chinchilla que se desvive por demostrar su incondicional sumisión a los dictados del imperio.

Al igual que lo establecido en el Tratado Obama-Uribe mediante el cual Colombia le cede inicialmente el uso de siete bases militares a Estados Unidos, en el caso que nos ocupa el personal militar de este país gozará de total inmunidad ante la justicia costarricense, y sus integrantes podrán entrar y salir de Costa Rica a su entera voluntad, circular por todo el territorio nacional vistiendo sus uniformes y portando sus pertrechos y armamentos de combate. Con esta decisión la soberanía de Costa Rica no sólo es humillada sino que llega a los límites del ridículo para un país que, en 1948, abolió sus fuerzas armadas y que, en gran medida gracias a eso, pudo desarrollar una política social de avanzada en el deprimente contexto regional centroamericano porque el gendarme oligárquico había sido desbandado. En lo que hace al armamento, la autorización del Congreso permite el ingreso de guardacostas y pequeños navíos pero también de otros como el portaaviones de última generación MakinIsland,botado en Agosto del 2006 y dotado de capacidad para albergar a 102 oficiales y1.449 marines, pudiendo transportar 42 helicópteros CH-46, cinco aviones AV-8B Harrier y seis helicópteros Blackhawks. Aparte de eso la legislación aprobada extiende su permiso para naves como el USS Freedom, botado en el 2008, con capacidad para combatir a submarinos e internarse en aguas poco profundas. El permiso se extiende también a otros navíos, tipo catamarán, un buque hospital y vehículos varios de reconocimiento con capacidad para transportarse tanto por mar como por tierra. Armamentos y pertrechos que, en síntesis, de poco y nada sirvan para combatir al narcotráfico, en el dudoso caso de que esa sea la voluntad de los ocupantes. Es más que evidente que su objetivo es otro.

Esta iniciativa del gobierno norteamericano hay que situarla en el contexto de la creciente militarización de la política exterior de los Estados Unidos, cuyas expresiones más importantes en el marco latinoamericano han sido, hasta ahora, la reactivación de la Cuarta Flota, la firma del tratado Obama-Uribe, la de factoocupación militar de Haití, la construcción del muro de la vergüenza entre México y Estados Unidos, el golpe de estado en Honduras y la posterior legitimación del fraude electoral que elevó a Porfirio Lobo a la presidencia, la concesión de nuevas bases militares por el gobierno reaccionario de Panamá, a todo lo cual se le agrega ahora el desembarco de los marines en Costa Rica. Por supuesto, todo lo anterior articulado con el mantenimiento del bloqueo y acoso a la Revolución Cubana y el permanente hostigamiento a Venezuela, Bolivia y Ecuador. En el plano internacional el desembarco de los marines norteamericanos en Costa Rica debe ser interpretado en el marco de la inminente guerra contra Irán y la grotesca provocación a Corea del Norte, sobre cuyas gravísimas consecuencias hace tiempo viene advirtiendo en sus Reflexiones el Comandante Fidel Castro Ruz.

En conclusión, el imperio avanza en la militarización de la región y en los preparativos para una aventura militar de proporciones globales. Si la agresión a Irán finalmente llegara a consumarse, como autorizarían a pronosticar los aprontes vistos en estos últimos días, la gravísima situación internacional resultante impulsaría a los Estados Unidos a procurar garantizar a cualquier precio el control absoluto y sin fisuras de lo que sus estrategas geopolíticos denominan la gran isla americana, un enorme continente que se extiende desde Alaska a Tierra del Fuego, separado tanto de la masa terrestre eurasiática como de África y que según ellos desempeña un papel fundamental para la seguridad nacional norteamericana. Esa es la razón de fondo por la cual se ha venido produciendo, preventivamente, la desorbitada militarización de la política exterior estadounidense. Es ridículo que se pretenda convencer a nuestros pueblos que la veintena de bases militares establecidas en Centro y Sudamérica y en el Caribe, a las que ahora se suma el desembarco en Costa Rica, y la activación de la Cuarta Flota tienen por objetivo combatir al narcotráfico. Cómo lo enseña la experiencia, a éste no se lo combate con una estrategia militar sino con una política social, que Estados Unidos no aplica dentro de sus fronteras ni permite que se lo haga afuera gracias a la enorme influencia que el FMI y el Banco Mundial tienen sobre países vulnerables y endeudados. La experiencia antes de Colombia y ahora de México (¡con sus más 26.000 muertos desde que el presidente Felipe Calderón declarase su “guerra al narcotráfico”!) atestiguan que la solución al problema no pasa por los marines, portaviones, submarinos y helicópteros artillados sino por la creación de una sociedad justa y solidaria, algo que es incompatible con la lógica del capitalismo y repugnante para los intereses fundamentales del imperio. En síntesis: el desembarco de los marines en Costa Rica tiene por objetivo reforzar la dominación norteamericana en la región, derrocar por diversos métodos a los gobiernos considerados “enemigos” (Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador), debilitar aún más a los vacilantes y ambivalentes gobiernos de la “centro-izquierda” y fortalecer a la derecha que se ha hecho fuerte en el litoral del Pacífico (Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y México), reordenando de ese modo el “patio trasero” del imperio para así tener las manos libres y la retaguardia asegurada para salir a reafirmar la prepotencia imperial guerreando en otras latitudes.

Fuente: ellibertador.hn


Video de la represión policial contra niños/as en Honduras


Fuente: Sanpedredito - Youtube.com

FNRP se opone a que OEA reconozca al régimen de Lobo, porque el Golpe continúa

Red Morazánica de Información
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Demanda exigir a Honduras restaure la democracia, antes de readmitirla en OEA

Tegucigalpa. 20 Julio 2010. El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), manifestó, hoy, que se opone al reconocimiento del régimen de facto de Porfirio Lobo Sosa, para incorporarlo a la Asamblea General de la OEA, como exige el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU), promotor del golpe de Estado en Honduras.

El FNRP sostiene su oposición porque, en Honduras, “persisten todos los hechos condenables del golpe de Estado” y, además, el régimen ha permitido establecer dos nuevas bases militares, para que EU lance, desde Honduras, “su estrategia geopolítica imperialista contra países de la región”.

Denuncian que la situación política, económica y social en Honduras, más bien, fue agravada por el régimen, que en vez de relegar, del gobierno, a los militares que ejecutaron el golpe de Estado, más bien, “les amplió sus poderes”.

Se manifiesta su oposición “rotunda” a que se reincorpore el régimen sucesor de facto, “a ningún organismo internacional o multilateral”, en especial a los continentales y regionales, hasta que cumpla los requerimientos exigidos.

El FNRP demanda, a la OEA, que evite decidir sobre el reingreso de Honduras “bajo presión” de las mismas fuerzas que gestaron el golpe de Estado; y, que exija el “pleno cumplimiento” de la resolución que ordenó restaurar la democracia en Honduras, como condición previa para que sea readmitida en ese organismo regional.

El Frente, insta a la OEA a “denunciar, sin temor”, las presiones que recibe, y de quienes, para legitimar al régimen continuador del golpe de Estado. Y, le recuerda al organismo regional que, en sus propias resoluciones, “nunca dudó del acto de fuerza” que impidió al pueblo hondureño “participar libremente en la construcción de su historia”.

Expresa su condena a los gobiernos, o agencias de cooperación oficiales, que presionan para que se reconozca, en legal forma, al “régimen represor y anti democrático”. Así también, rechaza “cualquier manipulación mediática, religiosa, diplomática o militar” que pretenda “ocultar el estado de indefensión en que vivimos los hondureños”.

Dentro de las recomendaciones que la OEA haga a la Comisión, el FNRP solicita incluir el desmantelamiento “del aparato militar-policiaco-paramilitar que hoy asesina, desaparece, tortura, intimida y coacciona a los ciudadanos y ciudadanas del país”.

Solicita que la comisión de la OEA-Caso Honduras, recomiende terminar con la persecución política contra las personas, dirigentes y militantes, así como el respeto a los movimientos y organizaciones, que integran el FRNP. Al igual que, detener el acoso judicial contra quienes integraron el gobierno de Manuel Zelaya.

Y, que, asimismo, la OEA establezca, como una condición de cumplimiento obligatorio, el regreso de Manuel Zelaya Rosales y de todos los expatriados, con garantías para su seguridad física y moral, en procesos vigilados al menos durante un año, por la comunidad internacional.

El FNRP califica el Golpe como un grave crimen político civil-militar, que violentó la jurisprudencia nacional e internacional, instauró violencia a los derechos humanos, expatrió en forma violenta al Presidente Constitucional, Manuel Zelaya, y ha instalado un régimen resultado de elecciones militarizadas, sin libertad de expresión para quienes se opusieron, y sin observación internacional calificada, como la OEA, la ONU y la Unión Europea (UE).

La Comisión de alto nivel para Honduras, fue creada a pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ante la Asamblea General, en Lima, Perú, el 9 de mayo de 2010, y se esperaba ingresaría a Honduras en esta semana.

Fuente: ResistenciaHonduras.net


En el Día de Lempira: “El Pueblo organizado de Opalaca no va a permitir que se construya la represa”

POR DICK y MIRIAN (cámaras) EMANUELSSON

VIDEO (1 hora):
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AUDIO: box.net/shared/jf6ufqzmjh

SAN FRANCISCO de OPALACA / 2010-07-19 / La dictadura de Micheletti, el actual Congreso Nacional y el gobierno de ‘Pepe’ Lobo quieren entregar los recursos naturales a los oligarcas locales y las empresas trasnacionales, convirtiendo los ríos en represas, abriendo antiguas minas para desechos nucleares por exigencias de Estados Unidos, refiriéndose al Plan Puebla-Panamá, hoy Plan Mesoamérica. Pero los indígenas Lencas en el departamento de Intibucá, no se dejan. Esta es la historia de la Resistencia de Opalaca de los planes hostiles contra la Pacha Mama.

“El día cuando me lleven preso va a ser por tres cosas: agua, tierra y bosques”.

Así termina Félix Domínguez, un bajísimo pero enérgico indígena del pueblo Lenca, su intervención. Ante el líder popular se encuentran muchas personas de su pueblo. Y lo escuchan con grandes ojos por que pocas veces son tomados en cuenta por los poderosos, hasta las ONG’s nos han abandonado, ni hablar del estado o el Congreso Nacional, relata otro habitante de la aldea El Naranjo.

Quieren comprarlos con confites

Muchos han caminado hasta cuatro horas, por trochas y montañas para llegar a la asamblea este sábado. Han sido convocados por el padre Bonifacio de la parroquia de La Esperanza, cabecera departamental de Intibucá. El querido cura habla pausado y muy pedagógico sobre la importancia de que los habitantes del Municipio de San Francisco de Opalaca no se vendan por unos confites, bolsa de maíz o 100 lempiras (5,5 US-dólares) con lo cual la empresa Inversa y Río Power intentan de convencer al pueblo indígena para darles la autorización para comenzar la construcción, aprovechando la extrema pobreza y como fueran colonialistas españoles.

Las mujeres dan testimonios, sentadas en el lado izquierdo de la sala en el Centro Comunal de El Naranjo. Se destacan por no tener “pelos en la lengua”. Los hombres, la mayoría, se encuentran atrás, y algunos confiesan que si, han aceptado la construcción de la represa “por haber sido abandonados”. Las mujeres rechazan las posiciones y subrayan que no se trata de hoy, sino mañana cuando sus hijos crecerán en una región inundada y sin oportunidades de trabajo o futuro. Muchos hombres miran al suelo.

Los vacilantes son de la Zona 9 en donde la empresa Inversa ha logrado ganar unos habitantes en un municipio que se caracteriza por una unidad demoledora en contra la construcción de las dos represas. El Grupo Terra es la mayor empresa en su ramo en Centroamérica que quiere construir y “entregar energía limpia”, como dice en su portal en Internet.

“Arreglo” alcalde-empresa

El documento firmado el 22 de mayo de 2009 entre el alcalde Ignacio Sánchez y la empresa Inversa fue rechazado, no solamente por La Corporación Municipal, es decir los regidores & concejales, sino también por “representantes de 35 aldeas y caseríos con un total de 736 (personas) de la sociedad civil” que estaban ahí presentes el día 7 de abril 2010.

Los indígenas y el ex alcalde Héctor Amílcar acusan a Sánchez por haberse vendido a la empresa, tratando detrás de la espalda de los habitantes vender el municipio a una empresa que resulta ser controlada por Fredy Nazar, un oligarca acusado de pertenecer los 8-10 grupos del Poder Fáctico en Honduras que son los verdaderos hombres detrás el Golpe de Estado Militar el 28 de junio 2009.

Dueños de los aeropuertos

El Grupo Terra, en donde Inversa y Río Power son subempresas, logró el 2005 obtener 40 concesiones. Fue de una lista de 129 estudios de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) que emitió esa cifra sobre posibles construcciones de proyectos hidroeléctricos en el país.

Las operaciones del Grupo Terra en países como Guatemala y otras naciones de la región han causado problemas en comunidades indígenas. Pero en San Francisco de Opalaca se enfrentaron con un enemigo duro. Pero conociendo la intransigencia de la clase social que representa Nazar&Facussé es seguro que no han dicho la última palabra.

Fredy Nazar y El Grupo Terra controlan los cuatro aeropuertos internacionales de Honduras y su olfato dice, que no solamente el petróleo es un recurso natural sino, sobre todo, el agua. El Congreso Nacional y el régimen de continuación del golpe de estado, Pepe Lobo, han tomado varias decisiones en el sentido que los recursos naturales serán entregados y explotados por las empresas locales o a transnacionales para obtener más energía.

Topógrafos, Fiscalía y policías huyeron

Pero en Opalaca se chocaron con los guerreros del Cacique Lempira que, furiosos por la intromisión de unos topógrafos de la empresa Inversa que entraron a la propiedad comunal de los indígenas, tuvieron que huir ante la reacción popular. Tenían suerte los funcionarios del estado, por que el intento indígena de quemar el carro falló. Pero de las llantas del carro 4x4 no quedó nada después que los machetes habían “acariciado” las llantas. Cuando venía el fiscal con unos policías para detener a los indígenas, pues tuvieron que regresar sin misión cumplida por que un Guerrero de Lempira no queda sin respuesta si sus hermanos son agredidos por un poder que actúan en contra la comunidad indígena.

En la asamblea abierta este día están un poco arrepentidos por la acción del carro, sobre todo ante el Padre. Pero sostienen que tenían razón, que los intrusos de la oligarquía no tenían derecho de meterse en sus tierras, menos argumentando el convenio entre el alcalde corrupto y la empresa del 22 de mayo 2009.

O, como dice Félix Domínguez:

“El día cuando me lleven preso va a ser por tres cosas: agua, tierra y bosques”.

Gobernación y Justicia rechaza “convenio”

Por que el documento entre el alcalde y Inversa no tiene ninguna validez jurídica. Solo la Corporación Municipal puede tomar una decisión de esa naturaleza. Y la Corporación rechazó el convenio el 25 de agosto 2009. Es más, hasta la Secretaría de Gobernación y Justicia del régimen golpista rechazó el convenio Alcalde-Inversa en su decisión el 24 de septiembre 2009 con las siguientes palabras:

“Por todo lo expuesto anteriormente, soy del criterio de que en este caso en particular, es potestad exclusiva de la Corporación en pleno, Rescindir dicho convenio previo análisis de las obligaciones y compromisos asumidos por ambas partes, para determinar el grado de responsabilidad en podría incurrir la Alcaldía Municipal”.

La Gobernación y Justicia sigue su arremetida ahora contra el ex alcalde corrupto:

“De conformidad a lo establecido en el Art.- 122 – C de la misma Ley de Municipalidades, es potestad de la Corporación Municipal en pleno, sancionar al Sr. IGNACIO SÁNCHEZ por considerarlo responsable en su condición de Alcalde Municipal, por haber suscrito convenio sin la debida autorización así como de haber comprometido recursos de la Municipalidad”.

“Las leyes en este país están hechas para los poderosos”

Juan Almendares Bonilla, ambientalista, médico, ex rector de la UNAH, director del Centro de Prevención Contra la Tortura, CPTRT, ha estado varias veces en San Francisco de Opalaca, dando talleres a los habitantes sobre los peligros de entregar los recursos naturales a la oligarquía hondureña.

– En primar lugar hay que decir que no se puede hacerse dueño de los ríos de este país, y que la oligarquía ha querido apoderarse de los ríos. Estuve en Opalaca y pude apreciar la movilización de más de 500 compañeros indígenas que realmente expresaron su profundo rechazo a cualquier inserción de represa que va a destruir la naturaleza. El problema acá no es que la oligarquía no solamente quiere destruir la naturaleza sino la naturaleza y la vida de los indígenas. Y me parece que un Congreso (Nacional) en vez de ser un Congreso racista, debería ser un congreso que apoya todo el desarrollo cultural de los pueblos y la defensa de la naturaleza. Las leyes en este país esta hechas para los poderosos, para oprimir a los pobres y los campesinos.

¿Honduras una bodega para desechos nucleares?

Almendares sostiene que los legisladores se dedican de crear leyes que satisfacen el modelo capitalista salvaje, el sistema especulativo financiero y las empresas transnacionales que Estados Unidos quieren instalar en la ruta del marco del acuerdo Pueblo-Panamá (de la ciudad Puebla en México hasta Panamá).

Pero el peligro no solamente esta dirigido a los pueblos indígenas en Opalaca. Cuenta Juan Almendares que el Congreso Nacional, durante la dictadura de Roberto Micheletti, abrió las puertas de Honduras para convertir el país en una bodega de residuos nucleares.

– En el golpe (de estado) se aprueba una ley para plantas nucleares para manejos de desechos radioactivos. Y esto es extraordinariamente importante por que Honduras es una base militar. En un lado Colombia y al otro lado Honduras. Son los epicentros del control militar de la política militar de America Latina. Y ahora nos convertimos en una planta nuclear o en un país de desechos nucleares. Hay que recordar que acá esta el Canal Seco y por ahí pueden transferir material radioactivo, bombas nucleares, plutonio. Eso ocurrió en Panamá pero ya no lo permite. Y ahora nos quieren usar El Salvador y Honduras a través del plan Pueblo-Panamá que ahora se llama Mesoamérica.

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El Municipio de San Francisco de Opalaca

El Pueblo Lenca tiene tradiciones de lucha. El Municipio de San Francisco de Opalaca fue reconocido y constituido por la fuerte lucha del pueblo Lenca el 1994

Datos históricos

Fundado en 1994, con cabecera del municipio en la aldea de Monte Verde.
El término municipal tiene las siguientes ocho aldeas:

• Monte Verde (cabecera municipal)
• Agua Sucia
• El Naranjo o Santa Lucía
• El Zacatal o Zuyapa
• La Ceibita
• La Chorrera Áspera
• Ojos de Agua
• Plan de Barrios

Fuente: Wikipedia: es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_de_Opalaca#Datos_hist.C3.B3ricos

Fuente: vimeo.com/13473895

Foro Pueblo/Pensamiento


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Miércoles 21 de Julio de 2010
5:00pm
COPEMH
Tema: La agresión contra la clase trabajadora panameña y la respuesta popular
Expositores: Aris Rodríguez y Samuel Prado, jóvenes miebros del movimiento estudiantil y popular panameño


Posicionamiento del FNRP frente a SICA y OEA

Ante las acciones ejecutadas y pendientes aún por la Comisión de la OEA creada para dar seguimiento al "Caso Honduras", por petición del Departamento de Estado de los Estados Unidos ante la Asamblea General en su reunión de Lima, Perú a comienzos del mes de junio pasado, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) fija su posición en los siguientes términos:

  1. El FNRP NO ha reconocido el régimen de facto de Porfirio Lobo Sosa en concordancia con los hechos graves que persisten desde el 28 de junio de 2009, y ante su propio testimonio de llamar golpe al golpe en comparecencia pública realizada en Madrid, en la última cumbre Europa? América Latina.
  2. Tomando aquella declaración en su total contexto, la tarea principal de la Comisión de la OEA, antes de hacer cualquier recomendación de apresurado reconocimiento legal del Estado Hondureño, es acompañar el desmontaje de la estructura golpista que obstaculiza la lucha democrática del pueblo, crear las condiciones suficientes para el retorno de Manuel Zelaya Rosales y las personas expatriadas tras el golpe de Estado y, también, acompañar el proceso hacia la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que defina un nuevo Pacto Político en Honduras.
  3. El 28 de Junio de 2009 el orden constitucional y democrático del país fue roto por una conspiración civil - militar, que violentó totalmente la jurisprudencia nacional y las normas del derecho internacional, como consta en las resoluciones de la Asamblea General de la OEA y de la ONU, que exigieron la reinstalación inmediata e incondicional del régimen democrático. Estas resoluciones no fueron revertidas por los Estados parte pero tampoco cumplidas por el régimen de facto que asumió el poder en Honduras.
  4. Los derechos humanos fueron violados en forma sistemática a partir de la expatriación violenta del Presidente Constitucional de la Republica, José Manuel Zelaya Rosales, quien todavía a esta fecha no goza de condiciones mínimas de seguridad personal, jurídica y política para retornar a Honduras desde su exilio forzado en República Dominicana; del mismo modo, cerca de 200 hombres y mujeres no pueden hacer lo mismo por la persistencia de las condiciones de amenaza, persecución e intimidación en su contra, que impiden un retorno incondicional y seguro.
  5. El régimen de Porfirio Lobo Sosa, resultante de un proceso ilegal e ilegítimo, de elecciones generales militarizadas, sin libertad de expresión para la oposición, sin observación internacional calificada de la OEA, ONU y UE, únicamente con supervisión de individuos y asociaciones regionales implicadas en la conspiración local, con claras motivaciones políticas e ideológicas para producirle legitimación al Golpe de Estado, ha burlado la buena fe de los países del mundo y de los organismos multilaterales.
    1. Fue un grave crimen político haber impuesto elecciones en las condiciones descritas y más grave todavía es mantener la estructura golpista en la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía del Estado y el propio Poder Legislativo.
    2. El Señor Porfirio Lobo Sosa en su condición de presidente de facto ha reconocido que en Honduras hubo un golpe de Estado el 28 de junio 2009 y, en consecuencia, admite que las elecciones del 29 de noviembre de 2009 no procedían, que su situación presidencial es de hecho y lo que es conducente, entonces, es una Asamblea Nacional Constituyente para refundar de forma pacífica la institucionalidad del país.
    3. No haber actuado en coherencia agravó más la situación política, económica y social hasta nuestros días, pues no fueron relegados del gobierno los militares corresponsables del rompimiento institucional, más bien el régimen continuador del golpe les amplió sus poderes instalando a los jefes de la Junta de Comandantes en la Dirección General de Aeronáutica Civil, Dirección de Marina Mercante, Dirección General de Migración y Extranjería, Instituto de Mercadeo Agrícola y Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, garantizando con ello la impunidad en crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos.
    4. El carácter sistemático de las violaciones de los derechos humanos desde junio 2009 hasta la fecha está documentado ampliamente por el Comité de Familiares de Detenidos? Desaparecidos en Honduras (COFADEH), otras organizaciones de la Plataforma de Organizaciones de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), grupos especializados de trabajo de la ONU y organizaciones internacionales europeas y de América. Persisten las prácticas de eliminación física selectiva, detenciones arbitrarias, vigilancia y seguimiento, intimidación y amenazas contra integrantes del FNRP.

10. En este contexto, la estructura de facto que conduce el país pretende imponer la unidad nacional y la reconciliación con personas de todos los partidos que participaron en apoyo al golpe de Estado en el proceso electoral y, por ejemplo, el portavoz de Porfirio Lobo Sosa ante la Comisión de la OEA es el señor Arturo Corrales Álvarez, quien es uno de los principales promotores del Golpe de Estado y sirvió, al mismo tiempo, como emisario y representante del régimen espurio de Micheletti.

11. La Comisión oficial de la Verdad integrada para el esclarecimiento de los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio de 2009 NO es reconocida por el FNRP, porque tampoco fue reconocido el Acuerdo San José/Tegucigalpa del que pretenden derivarla. La única que el Frente reconoce es la Comisión de Verdad, constituida por la Plataforma de Organizaciones de Derechos Humanos, para dar voz a las víctimas del golpe de Estado.

12. La Corte Suprema de Justicia golpista, no conforme con el zarpazo a la democracia en nuestro país, despidió arbitraria e ilegalmente a magistrados y jueces por el solo hecho de manifestar su oposición a las actuaciones irregulares, manipulaciones, y malas acciones de los mismos magistrados que emitieron orden de captura contra el presidente constitucional a la 1:00 a.m. del 28 de Junio.

EN CONSECUENCIA, EXPRESAMOS LO SIGUIENTE:

  1. Exigimos a la Comisión de la OEA que admita el presente posicionamiento y que antes de emitir juicios sobre la situación en Honduras y hacer recomendaciones a la Asamblea General, escuche a todos los actores relevantes para su investigación, entre ellos el Frente Nacional de Resistencia Popular, con el fin de que existan todos los elementos de juicio sobre este crimen del golpe de Estado y que los asesinatos no queden impunes.
  2. Nos oponemos por principios éticos y políticos al reconocimiento del régimen de facto de Porfirio Lobo Sosa para su reincorporación a la Asamblea General como lo exige el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es promotor del golpe de Estado, por persistir todos los hechos condenables referidos en este posicionamiento y, además, por permitir este régimen la instalación de dos nuevas bases militares estadounidenses en nuestro territorio para lanzar su estrategia geopolítica imperialista contra países de la región.
  3. Demandamos que la Organización de Estados Americanos, en el espíritu de su Carta Democrática y los fundamentos que la llevaron a suspender a Honduras de su seno el 4 de julio de 2009, exija como condición previa el pleno cumplimiento de la resolución que manda la restauración de la democracia en el país y evite tomar resolución sobre Honduras bajo presión de las mismas fuerzas que planificaron, ejecutaron y gerenciaron el golpe de Estado.
  4. Rechazamos cualquier manipulación mediática, religiosa, diplomática o militar que tienda a ocultar el estado de indefensión en que vivimos los hondureños, y condenamos a aquellos países cuyos gobiernos o agencias de cooperación oficiales ejercen presiones para el reconocimiento legal del régimen represor y anti democrático, sin ocuparse de enmendar las condiciones que lo definen como tal.
  5. Solicitamos, con todo respeto, que entre las recomendaciones que emanen de esta Comisión de la OEA , se incluya el desmantelamiento del aparato militar-policiaco-paramilitar que hoy asesina, desaparece, tortura, intimida y coacciona a los ciudadanos de este país; al mismo tiempo, que establezca como condición de obligatorio cumplimiento el regreso de Manuel Zelaya Rosales y todos los expatriados con garantías para su seguridad física y moral, en procesos que sean vigilados al menos durante un año por la comunidad internacional.
  6. Al mismo tiempo, pedimos que la Comisión recomiende a la Asamblea General el respeto a todas las organizaciones y movimientos que conforman el Frente Nacional de Resistencia Popular, que cese la persecución por motivos políticos contra sus dirigentes y militantes, y que se ponga fin a la persecución judicial de los miembros del Gabinete de Gobierno de José Manuel Zelaya Rosales.
  7. Nos oponemos rotundamente a que este gobierno, continuación del régimen de facto, sea reincorporado a ningún organismo internacional o multilateral, especialmente aquellos continentales y regionales, hasta que se haya cumplido con las resoluciones citadas en párrafos anteriores de este documento.
  8. Pedimos a la OEA que denuncié sin temor y con toda claridad todas las presiones que está recibiendo, así como su procedencia, para legitimar al régimen continuador del Golpe de Estado, recordando que este organismo nunca puso en duda la naturaleza del acto de fuerza que cercenó la posibilidad del pueblo de Honduras de participar libremente en la construcción de su historia.

Tegucigalpa, MDC., 19 de julio de 2010.

RESISTIMOS Y VENCEREMOS

COMITÉ EJECUTIVO FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA POPULAR


lunes, 19 de julio de 2010

Resistencia intensificará acciones para exigir salario mínimo y se desmonten estructuras golpistas

Tegucigalpa. 19 Julio 2010. La Resistencia prepara acciones para exigir el aumento al salario mínimo y “denunciar las razones” por las que el tema no ha sido resuelto en más de cinco meses, la medida constituye uno de los acuerdos prioritarios adoptados por el Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), en su primera reunión de trabajo.

Del mismo modo, se resolvió exigir el “desmontaje de la estructura golpista institucionalizada” en el régimen sucesor de facto de Porfirio Lobo: la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP), el Comisionado Nacional de de Derechos Humanos (Conadeh), y otras.

Se desarrollarán acciones, además, para protestar por el alto costo de la canasta básica y de los servicios públicos.

El FNRP está, también, a la expectativa del Plan de acción propuesto por Zelaya, que prometió enviar este lunes para ser discutido, cuando hizo formal aceptación, incondicional, del cargo de presidente ejecutivo del Comité, que le fue propuesto por el Frente.

Según informan, se prevé realizar una conferencia de prensa el próximo miércoles 28 de julio de 2010, a fin de informar al pueblo hondureño sus posiciones y las medidas que tomará al respecto de varios de los graves conflictos sociales y políticos que afectan al país.

En el pleno estuvieron presentes los catorce integrantes, Juan Barahona, Leonel Amaya, Víctor Petit, Porfirio Amador, María Antonia Martínez, Jaime Rodríguez, Miguel Navarro, Lily Aguilar, Lucia Granados, Teresa Reyes, Wilfredo Paz, Juan Chinchilla, Carlos H. Reyes y Edgardo Casaña.

Fuente: Red Morazánica de Información


Andrés Pavón relata su visita a Zelaya en Santo Domingo para recoger testimonio sobre el golpe

El 03 de julio de 2010, República Dominicana. Con el fin de darle seguimiento al informe de derechos humanos que ha estado trabajando el CODEH, el Presidente de nuestra organización visitó la ciudad de Santo Domingo, donde se encuentra el Presidente Zelaya, llegamos a Santo Domingo a la una de la mañana, Zelaya nos estaba esperando, en el viaje se coincidió con el abogado Rassel Tomé y el Ingeniero Dagoberto Suazo, ambos del partido Liberal.

Nos hospedamos en un hotel cerca del palacio de gobierno, la alegría fue evidente tanto de nuestra parte como la de Zelaya, de camino al hotel empezamos un largo intercambio de pasajes históricos de Morazán, en un momento le manifesté que él esta bien informado que no me cabe duda de su equilibrio intelectual, luego bromeo y dijo bueno Andrés se fija en cada detalle y es capaz de manifestar que estamos equivocados, le respondí que él ni está equivocado y que está en el equilibrio del tiempo y el espacio, que es un caminante en la historia.

Nos levantamos tarde, creo eran las diez de la mañana, a esa hora llegó el Presidente Zelaya y empezamos nuestro trabajo, se quedó con nosotros a la hora del almuerzo, nos acompañó en la mesa y aprovechamos para escuchar los recuerdos que gravitan en el imaginario de Zelaya, es un hombre que se revitaliza cuando recuerda las personas que admira desde niño, las costumbres de los hombres y mujeres que desafiaban la fuerza de la naturaleza para alcanzar sus posibilidades de sobrevivencia que contagiaban el imaginario de niños como él. Quien conoce el costado humano de Zelaya no duda de lo que estoy manifestando.

Por la tarde decidimos salir a visitar un grupo de jóvenes hondureños/as, que le habían invitado, integrantes de la delegación de atletas de los juegos de Centroamérica y el Caribe, nos estaban esperando, a esta espera se integró en gerente del hotel, esa noche habían tres mil personas hospedadas, nos ofreció los servicios del hotel como huéspedes de honor, desde luego que por la presencia de Zelaya, terminamos viendo un especial de teatro que se adelantó para que lo pudiera ver Zelaya, desde luego que nosotros que estábamos acompañándole.

El siguiente día, domingo, continuamos tomando nota de lo que testimonia Zelaya sobre el golpe de Estado, que fue lo que sucedió, es para mi persona como defensor de derechos humanos honrarme con esa oportunidad histórica de escuchar del Presidente Zelaya los elementos fundamentales de un testimonio de vida que podrá rubricar las páginas del Informe “Masacran un Sueño” terrorismo del siglo XXI.

En un momento me manifiesta que él no se opone a que el concurso de las naciones reconozca a Honduras, en estas cosas sufre es el pueblo, me manifiesta, queda pensando y con profunda nostalgia me manifiesta: es pueblo heroico y en su nombre tenemos que llegar a una propuesta, el reconocimiento no debe pasar sobre la justicia, tenemos que luchar para
que haya castigo a los culpables de este crimen contra la historia, este crimen de lesa humanidad, cómo podemos hablar de reconocimiento sin castigo a los culpables del crimen de mi pueblo, luego guardo silencio y continuó: “Pepe tiene un desafío histórico y creo que deberá asumirlo”.

Trabajamos hasta el día lunes, también trato los temas de política, del Frente de Resistencia, estos temas los trató con el abogado Tomé y el Ingeniero Suazo, éstos no era nuestros, pues lo que me correspondió lo conocerán cuando se publique el informe; de regreso al aeropuerto Zelaya se tomó la molestia de irnos a dejar, al ir pasando un semáforo se nos acercó un vendedor de libros y le ofreció a Zelaya varios ejemplares, Zelaya pregunta que valen y él responde que mil doscientos, Zelaya dice que no anda esa cantidad de dinero, él dice lléveselos al crédito, Zelaya responde y cómo garantizas que te voy a pagar, él responde como que no me va a pagar si tú eres Zelaya y es para nosotros un honor contar con usted en esta ciudad, llévatelo yo sé que me lo pagarás antes de irte, todos reímos y pensé Zelaya seguirá siendo Zelaya en este espacio histórico y futuro, pensé así mientras nos envolvía el rugido de las olas del Caribe sobre el malecón.

Andrés Pavón Murillo

Fuente: Vos el soberano


Que viva la REVOLUCIÓN POPULAR SANDINISTA! Gloria a los héroes y mártires del pueblo!


Fuente: Youtube.com - locurasanimadas2010

FNRP reitera: Honduras no debe regresar a la OEA sin antes volver a la democracia

Tegucigalpa. 19 julio 2010. “Rechazar las intenciones de reincorporar a Honduras a la OEA, usando, para ello, una Comisión de trabajo que estaría visitando Honduras”, fue uno de los acuerdos principales adoptados por el Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), en su primera reunión de trabajo.

El Comité reiteró la posición del Frente sobre, “que el régimen hondureño no debe ser reconocido, mientras no se vuelva a la democracia”.

En la sesión, también se determinó que Juan Barahona -electo por unanimidad como Subcoordinador del FNRP-, será el “enlace directo” con el presidente constitucional defenestrado, Manuel Zelaya.

El titular del régimen, en Planificación y Cooperación Internacional, Arturo Corrales Álvarez, da por hecho el reintegro de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA), el martes 20 de julio próximo, con el auspicio de los mandatarios del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que se reunirán con Insulza, en San Salvador, El Salvador.

Corrales fue encomendado por el sucesor de facto, Porfirio Lobo, para que viajara a Washington, Estados Unidos, a reunirse con el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y representantes de una comisión de alto nivel del organismo.

En Junio, los cancilleres de 33 países de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunida en Lima, Perú, acordaron la creación de una comisión de alto nivel, constituida por expertos que estudiarían las condiciones que permitan el retorno de Honduras a ese organismo regional, debiendo presentar un informe, el 31 de julio de 2010.

Estados Unidos, coautor del golpe de Estado en Honduras, es el principal impulsor del regreso de Honduras a la OEA. El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para las Américas, Arturo Valenzuela, consideró la decisión como “excelente, estamos de acuerdo…; Honduras viene cumpliendo los requisitos para su readmisión a la OEA", dijo.

Con anterioridad, la Secretaria de Estado de los Estado Unidos, Hillary Clinton, intentó empujar el retorno de Honduras a la OEA, alegando que Honduras ya ha cumplido con requisitos suficientes para su retorno. Pero, tal postura fue refutada por Brasil que pidió “no apurarse” con la readmisión de Honduras.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que ha mantenido su postura de no reintegrar a Honduras, sin ningún castigo para los golpistas, y condiciona, la readmisión de Honduras a la OEA, al regreso de Manuel Zelaya a su país, como ciudadano y sin problemas judiciales.

La primera reunión del Comité se efectuó en pleno con la participación de los 14 miembros, a excepción de Zelaya -exiliado en República Dominicana-, quien preside el Comité Ejecutivo, y que, como es sabido, no puede estar presente por la falta de seguridad para su retorno y permanencia en el país.

El Comité para los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) incluso denunció un plan de los sectores golpistas para asesinar a Zelaya.

Fuente: Red Morazánica de Información


Breve aporte a la historia del Movimiento de Mujeres de Honduras

Por Sergio Bahr

Una mirada masculina y desde afuera, con las disculpas del caso

Hace unos años tuve la oportunidad de hacer algunas entrevistas alrededor del tema “movimiento de mujeres en Honduras”. Recuperando y actualizando la información, me pareció interesante hacer una discusión sobre la situación actual del movimiento de mujeres desde “afuera”, aunque rescatando algunos textos fundamentales, en particular “Para la causa más que para el mundo: Sufragismo y feminismo en Honduras” de Rina Villars, a la que mucho debe este escrito.

Porqué el movimiento de mujeres? Bueno, más adelante hablaré sobre los movimientos sociales y su relación con los modelos económicos. Pero para empezar, el movimiento de mujeres es uno de los más fuertes, novedosos e interesantes fenómenos sociales en Honduras. Desde sus inicios como parte de la lucha de clases, pasando por el “feminismo liberal” a su regreso a la arena de la política global post golpe, el movimiento de mujeres ha logrado cambios profundos en la legislación nacional, y algunos avances en las dinámicas culturales del país.

Honduras contaba en la década de los 50 y 60 con uno de los movimientos obreros organizados más fuertes y articulados de América Central, impulsado en sus inicios por la explotación de las grandes transnacionales del banano y por los intentos por implementar un modelo económico de sustitución de importaciones en los 60´s. El movimiento campesino por otro lado había logrado convertirse en clase / apoyo de gobiernos reformistas llegando a incidir en la creación de un proceso de reforma agraria impulsado desde el Estado, proceso que aún hoy tras décadas de aplicación del modelo neoliberal sobrevive.

En la coyuntura post golpe actual los movimientos sociales históricos no han recuperado la fortaleza –político, organizativa, propositiva, legítima – que les mantenga como interlocutores con capacidad para transformarprácticas y políticas públicas a nivel nacional. Son los llamados “movimientos sociales históricos” de la sociedad civil hondureña, y han perdido enormemente su capacidad de representar y movilizar a esa sociedad.

En esos movimientos existió siempre una importante participación de mujeres, aunque sus aportes y reinvindicaciones propias se confundían y se disolvían entre aquellas de clase, antiimperialistas, de derechos humanos. Esta experiencia organizativa brinda sin embargo las bases para crear con el tiempo organizaciones que les son propias, dedicadas al estudio de sus necesidades como mujeres, y es la génesis del esfuerzo de construcción de nuevos espacios de participación asumiendo sus propios temas, incorporando a otras mujeres y proponiendo desde una perspectiva de género (en sus diferentes tendencias) cambios en la vida y construcción democrática del país.

Forman parte de los llamados “nuevos movimientos sociales”, y sin embargo, muchos de sus problemas parecen ser los mismos enfrentados años atrás por los movimientos históricos: división, coopción por el Estado, falta de propuesta y peór, una organización y dinámicas patriarcales en su fondo. Los nuevos movimientos sociales hondureños se aprestan a enfrentar los problemas que debilitaron, y llevaron casi a su extinción, a las primeras y más fuertes formas de organización popular.Sin embargo, aun en construcción, aun revisándose y descubriéndose, aún con problemas, las organizaciones de mujeres han adquirido una importancia definitiva como representantes de la sociedad civil hondureña.

Tras el golpe de Estado se ha marcado una cierta diferencia entre las llamadas “mujeres en resistencia” y las “feministas en resistencia”, desnudando quiza las normales diferencias geográficas y de clase, pero ofreciendo por primera vez desde la lucha por la aprobación de la Ley contra la Violencia Doméstica un nuevo espacio político común a las diferntes organizaciones de mujeres.

“Yo, débil mujer…” Las luchas por igualdad en la educación1

“Yo, débil mujer, me atrevo a levantar la voz reclamando los derechos de mi sexo, en medio de un pueblo que apenas los conoce”2

Las luchas de las mujeres han enfrentado similares formas de opresión en el mundo occidental, producto en parte del mito mariano 3 y en parte de las particulares formas de organización del capital. Dicho eso, en diferentes regiones las luchas de las mujeres se han encontrado con diferentes particularidades, a las que han respondido con una enorme y heterogenea historia de organización social.

En el caso de nuestra América la situación de la mujer es impuesta desde el concepto del conquistador: el ideal de la mujer en España se encarnaba en las palabras “castidad y silencio”, con el añadido de ser “divinamente ordenado” y con el entusiasta, constante y actual apoyo por parte de la iglesia católica.

La infraestructura colonial no consideraba la creación de fotalezas productivas para el desarrollo de las provincias, siguiendo un modelo de extracción de riquezas y por ese motivo no sentía necesidad de preocuparse por las necesidades de educación o salud de la población, lo cual era cierto incluso para la minoría criolla que heredaría el poder. De esa cuenta, el primer “colegio” o centro educativo de Honduras no sería fundado sino hasta 1682, y su finalidad era otorgar educación a hijos de familias privilegiadas. Si la educación para los varones era limitada, para las mujeres era inexistente o nula.

No es sino hasta el siglo 18 que empieza a hacerse un esfuerzo de educación de la mujer, aunque aún bajo la doctrina “castidad y silencio”: educación encaminada a desarrollar un mejor papel como madre y esposa, una visión de lo doméstico como sumiso a lo público y lo personal como no político.

Con los procesos de independencia en América Latina, se abrió una oportunidad “simbólica”, y en sus primeros años se dieron en el continente una serie de movimientos y discusiones en las esferas públicas sobre la situación de la mujer. Uno de los medios más comunes utilizados fueron las publicaciones escritas: revistas, folletos, boletines y otros, con unas 80 publicaciones femeninas a lo largo del siglo XIX, principalmente en México, Argentina y Brasil.

En Honduras, sin embargo (al igual que el resto de la región centroamericana) la independencia se da por una declaración formal que dejó casi intacta la estructura de poder y política de la colonia. Esto es, las riquezas dejaron de ser enviadas a España y procedieron a formar parte de la acumulación de capital de la clase criolla.

Los primeros intentos por crear un sistema de educación pública y laica fueron impulsados durante el período de la federación centroamericana bajo el esfuerzo de integración capitalista liberal liderado por Francisco Morazán. Su muerte temprana sin embargo evitó la construcción de nuevas escuelas e incluso causó la clausura algunas de las pocas existentes. La ruptura del modelo federal, por otro lado, inauguro en los cinco Estados una era de conservadurismo político y un regreso a muchas de las leyes e instituciones coloniales.

En ese momento se acababa de resolver el primero de muchos de los enfrentamientos históricos que se darían en Honduras entre las diferentes tendencias de modelos de desarrollo capitalista: los liberales que proponían un cierto grado de industrialización (que haya sido realista o nó es motivo de otra discusión) y la oligarca terrateniente que triunfa con su modelo de incorporación al mercado mundial como vendedores de materia prima y dependientes de los intereses imperialistas de Inglaterra primero y EEUU después.

Primera feminista de Honduras?

La fundación de la universidad del Estado (hoy Universidad Nacional Autónoma de Honduras) en 1847 excluía totalmente a las mujeres. Sin embargo el padre José Trinidad Reyes Sevilla, fundador de la universidad, tenía ya en mente la importancia de otorgar espacios de educación para la mujer. Enfrentado al gazmoñerismo extremo de la época que hacía palidecer incluso el suyo, el padre Reyes se convierte en la primera “feminista” Hondureña pegando en las paredes del convento de la merced sus escritos bajo un seudónimo femenino “Sofía Seyers”.

Uno no puede dejar de imaginar la risa socarrona, como quien no quiere la cosa del padre Reyes, y las exclamaciones de airada indignación por parte de otros curas del convento cada vez que se encontraban en las paredes del convento uno de los manifiestos de Soía Seyers.

Las ideas de Sofía Seyers se articulaban en torno a principios fundamentales del feminismo del siglo XIX: la creencia en la igualdad racional o intelectual de la mujer con el hombre, y por lo tanto, en su derecho a recibir una educación formal plena. Planteaba Reyes (Sofía):

  • “Reclamo, únicamente, la igualdad de educación. Reclamo que se considere que las almas no tienen sexo, que el ingenio y talentos femeninos son tan perfectibles como los del varón, y que es claro que, formados con tanta igualdad de facultades, si no se puede decir, con mayores dotes, es contradecir la voluntad providencial, dejar perecer sin cultivo sus inteligencias”.
  • “¿Porqué en Honduras no se toman otros cuidados para formar a la mujer que los que se ponen en la educación de un pájaro, o de otro de esos seres privados de razón, cuyo destino es proporcionar placer y desahogo a los hombres? ¿Por qué no se nos da en la sociedad otro papel que el de muñecas automáticas, con quienes los varones entretienen sus ocios, y a quienes no creen capaces sino de conversaciones pueriles sobre modas, trajes y amoríos?… Veo establecerse en todas partes escuelas primarias, veo afanarse para que haya Liceos y Academias para la instrucción del sexo privilegiado, veo levantarse con este objeto generosas suscripciones, dictarse providencias y gravar a los pueblos con nuevos impuestos. Pero, ¿Quién ha pensado en las pobres mujeres? Ni el legislador ni el gobernante, ni ninguno de cuantos se liquidan en cumplimiento refinado hacia las señoritas; ninguno –digo- ha hecho una proposición, ni una oferta, ni una libación siquiera, ni un brindis en los banquetes, porque se añada a nuestro sexo una nueva gracia, el nuevo atractivo del saber”.4

El cambio paradigmático fundamental en el propuesta de Reyes es que demanda un acceso de educación para la mujer en función de su superación personal como sujeto, y no como una “capacitación” para ser mejor madre y esposa. Es interesante notar que aún hoy persisten con fuerza en Honduras las arquitecturas ideológicas de los 1800′s en cuánto al “lugar” que la mujer debe ocupar en la sociedad.

Así pues, la primera gran reinvindicación de las mujeres en Honduras fue el derecho a una educación equitativa y accesible. Por supuesto, las ideas de “Sofía Seyers” no habrían tenido un impacto más que anecdótico sino hubiesen sido retomadas, superadas por las mujeres de la época. Y sin embargo pasaría un cuarto de siglo desde estas propuestas de Reyes hasta que en el período de la Reforma Liberal (períodos presidenciales de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa). En este momento se sustituyeron leyes de orientación colonial por otras más compatibles con el sistema liberal-republicano que se pretendía establecer.

Entre sus medidas modernizadoras, Soto y Rosa tomaron desde el inicio de su gobierno una serie de medidas para sistematizar y propagar la educación publica, y abrieron las puertas, de esta, por primera ves en la historia del país, a la mujer.

El sufragismo

“El voto debe ser concedido a mujeres solteras mayores de 30 años… por no confesar su edad, de todas maneras se abstendrán de votar”5

Aunque tiene principios filosóficos similares a la demanda por educación para todos (equidad entre hombres y mujeres, mismos derechos), el sufragio para las mujeres despertó aún mayores resistencias sociales que la lucha por la igualdad en la educación.

En Centroamérica el primer país en conceder el sufragio a las mujeres fue El Salvador en 19396, y aunque el voto masculino era obligatorio para las mujeres tenia carácter voluntario y efectivo solo para aquellas que tenían por lo menos tres años de educación primaria (A.Taracena). En Honduras no sería sino hasta mediados del siglo XX (1956) que se lograría el sufragio femenino. Las primeras demandas sufragistas fueron expresadas a través de las cuatro revistas femeninas que circulaban en el país en los años 40 (“La voz de Atlántida”, “Atenea”, “Pan-America” y “Mujer Americana”).

En el caso hondureño el logro del voto para la mujer estuvo precedido por décadas de debate parlamentario –masculino por supuesto- sobre su “utilidad o legitimidad”. A diferencia de otros países de la región, en que el debate se concentraba en si las mujeres tenían derecho o no (divino o legal) a votar, en Honduras el debate fue inspirado por las condiciones de formación política del Estado: fragilidad de las instituciones, violencia, revueltas militares permanentes.

En Honduras, pues, lo que se planteaba era que “dar el voto a la mujer contribuye a insertarla en un mundo de violencia”, y los antisufragistas se basaban en la “seguridad” de las mujeres para negar ese derecho. La participación política de la mujer, sin embargo, se volvió pronto demasiado evidente para ser ignorada, y los propios partidos políticos tradicionales habían empezado a utilizarla a través de la formación de “comités electorales”, a menudo barriales, que formados por mujeres contribuirían al posible triunfo electoral.

Tanto en educación como en derecho al voto detectamos una característica curiosa: siendo una de las reinvindicaciones más sentidas de las mujeres en el continente, en Honduras no tuvieron su apoyo o participación masivas. En ambos casos, algunos de los actores fundamentales de los procesos fueron hombres.

Esto no significa que las mujeres hondureñas no tenían vida política. Por el contrario, tenían una vida política organizativa muy intensa: el anti-imperialismo y las reinvindicaciones de clase.

El anti-imperialismo y los movimientos campesinos y sindicales

“La patria no se vende, no se alquila ni se presta”7

Mientras en otros países centroamericanos la inserción al mercado mundial (y la acumulación original de capital) eran impulsadas por revoluciones liberales que contribuían al fortalecimiento de burguesías locales (a través de cultivos como el café, por ejemplo), en Honduras las principales actividades económicas de fin de siglo XIX y principios de siglo XX estaban marcadas por la minería y banano: capital extranjero que no tienen mayor necesidad de inversión en infraestructura o en formación de sus trabajadores.

Visitación Padilla

Esto determino que la zona centro del país (Tegucigalpa, Comayagua) no contara con movimientos burgueses fuertes, y que las apuestas por el poder dependieran, en enorme medida, de la inversión y simpatía del capital norteamericano.8

En las primeras décadas del siglo pasado, la actividad bananera –igualmente explotadora, e igualmente manejada por capital norteamericano- comenzó a perfilarse como la principal actividad económica del país utilizando la fuerza de trabajo de cientos de miles de campesinas y campesinos. Esto motivo, por supuesto, la constante intervención –con frecuencia armada- de USA en la vida política hondureña.

No es de extrañar entonces que a principios del siglo pasado hayan surgido importantes movimientos anti-imperialistas. En estos –embrión de lo que sería la fragmentada izquierda hondureña contemporánea- las mujeres encontraron espacios de expresión y participación en un marco ideológico que planteaba como principio filosófico la igualdad de todos los trabajadores: en el caso de las mujeres era una igualdad más por “ignorancia” de la importancia de sexo que por consideraciones propias de condición de mujer.

Liderados por Visitación Padilla, Graciela Martínez y otras mujeres, se abrieron espacios amplios de participación de mujeres en el movimiento anti-imperilista, y con el tiempo en el movimiento sindical y de izquierda del país, hasta la época contemporánea. La relación con la cooperación y el discurso de género tendría un efecto importante en dicha incorporación, aúnque limitado en sus alcances en una sociedad patriarcal.

Lucha anti imperialista, lucha feminista

Recuerdo en una ocasión, durante una entrevista a un dirigente sindical sobre las políticas de género de su organización la respuesta fué: “no, mire compañero, aquí nosotros seguimos las políticas de género, incluso en la directiva casi la mitad son mujeres, miré por ejemplo esa compañera es la vicepresidenta del sindicato…” y luego, señalando a la “compañera”: “Compa, traiganos un cafecito y se consigue una libreta y lápiz para que tome apuntes”. El discurso era entendido y reproducido pero en la práctica se continúa con las relaciones de poder patriarcales.

La experiencia organizativa sindical, campesina y de izquierda es reconocida actualmente por las analistas del movimiento de mujeres, aunque se consideran sus efectos como contradictorios: por un lado, otorgó una importante experiencia organizativa, pero proporcionó una educación política vertical, caudillista y poco democrática: la izquierda se había contagiado de los vicios de la política criolla y de sus propios vicios verticalistas y antidemocráticos, y los había transmitido con entusiasmo al movimiento de mujeres.

En este momento comienzan a surgir ya organizaciones de mujeres propiamente dichas, e históricamente una de las más importantes es el movimiento Visitación Padilla, popularmente conocidas como “las chonas”9.

Estrictamente hablando sin embargo sus reinvindicaciones no eran de “mujeres o feministas” como se entiende actualmente, es decir, sobre las particulares formas de explotación, exclusión y apropiación de las mujeres y su cuerpo en sociedades patriarcales. Se trataba más de organizaciones fuertemente ideologizadas y con alto contenido político que se oponían, en la tradición de Graciela Martínez y Froylan Turcios, a la presencia de tropas militares extranjeras en Honduras y abogaban por la transformación radical del modelo político y económico en función de los intereses de clase de hombres y de mujeres por igual.

Feminismo y movimiento de mujeres antes del golpe de Estado

El último elemento histórico en la conformación del actual movimiento de mujeres del país es la incorporación del discurso –primero- y la filosofía –después- feministas al movimiento. Este proceso también sufre de importantes contradicciones, una de las mayores el de crear sistemas de “castas” entre las miembras del movimiento de mujeres. Antes de 1989, las organizaciones existentes en Honduras no se auto identificaban como feministas, aunque sí como organizaciones de mujeres. Consecuentemente, el discurso y las prácticas tenían más componentes de clase (dirigidas a la mujer “pobre”), económicas (gremiales) y anti-imperialistas (en contra de la intervención norteamericana en Nicaragua) que feministas.

De acuerdo a Breny Mendoza, a partir del desarrollo de talleres académicos en la Universidad Nacional – dirigidas a mujeres profesionales de clase media- se empieza a desarrollar un movimiento feminista que rechaza ser estigmatizado por no concentrarse en reinvindicaciones de clase. Por otro lado, según la misma autora, esas mujeres se sintieron “iluminadas políticamente por el feminismo, se sirven de juegos de poder para obtener sus fines”10

El mecanismo utilizado en este caso era el de “reducir la silencio a las no expertas”, y asumir la definición de “LAS feministas” como un elemento excluyente y al mismo tiempo empoderante. Es curioso que muchas de estas mujeres –ahora llamadas “las históricas” del movimiento- habían tenido experiencia organizativa en la izquierda hondureña, y reproducián prácticas patriarcales de poder en sus organizaciones pro-igualdad de la mujer.

De acuerdo a Mendoza “El fragmentario y esporádico contacto con el discurso feminista occidental, junto con el hecho de que la mayoría traían consigo ciertos preentendidos sobre lo que es una mujer, una feminista, y lo que significa hacer política, estuvo acompañado al inicio por problemas la articulación del hasta entonces desconocido discurso de genero. El resultado fue que primero las mujeres instalaron sus organizaciones feministas y solo después “aprendieron a ser feministas”.11

Por otro lado, se rompe con la experiencia organizativa y política de la izquierda y ell abandono de reinvindicaciones históricas conlleva a algunas organizaciones a cometer serios errores de apreciación del momento político: por ejemplo, plantear como un triunfo la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola -que destruye el proceso de reforma agraria, debilita las cooperativas, permite una reconcentración de tierras en pocas familias (Facussé, Callejas), dificulta el acceso al crédito, privatiza el almacenamiento y el acceso a capacitación y tecnología, elimina subsidios a productores que tienen, por lo tanto, que competir contra productos importados (que SI son subsidiados en sus países)- en función de cambios semánticos de forma (“la ley ya no dice campesino, sino que campesino y campesina, ni beneficiario, sino que beneficiario y beneficiaria”) constituye un terrible error de visión en cuanto a la situación que viven hombres y mujeres en el campo hondureño, y legitima, de hecho, la aplicación de una de las medidas mas fuertes y de mayor impacto en el ajuste estructural.

Esto ha producido importantes diferencias entre las organizaciones que se llaman a si mismas “de mujeres” y aquellas que se identifican como “feministas”. Esto se suma a las diferencias marcadas por los estilos de ejercicio de poder, y por el “apoderamiento” de temas de algunas organizaciones, efectivamente fragmentando –como veremos más adelante- el movimiento de mujeres del país.

Sin embargo

“Esas mujeres que andan hablando de aborto, no son más que terroristas”12

A pesar de estos problemas, el movimiento de mujeres hondureño se las ha arreglado para sobrevivir y, más, para crecer. En un momento en que las organizaciones históricas en las que tuvieron sus primeras experiencias organizativas (campesinos, sindicales) se encuentran recuperandose de un punto bajo histórico de legitimidad, movilización y propuesta, las organizaciones de mujeres han permitido a la sociedad civil hondureña expresar sus puntos de vista sobre temas de importancia global.

De hecho, una diferencia fundamental con las primeras reinvindicaciones de mujeres es ejemplificante de su importancia: mientras las primeras (educación, sufragismo) tuvieron a hombres como actores fundamentales, ahora se hablan temas de mujeres propuestos por mujeres, con ellas proponiendo explicaciones y soluciones.

Gracias a las organizaciones de mujeres, el país ha logrado avances importantes en áreas como violencia doméstica –en términos de su concepción legal, ya que no en su implementación-, y se han colocado en la agenda pública temas que hasta hace pocos años, representaban tabúes difícilmente superables, como el del aborto y la salud reproductiva. Lastimosamente, el conservadurismo patriarcal aprovecha a cada oportunidad de discusión de dichos temas para descontextualizados y utilizarlos contras las mujeres, mientras que algunas de las organizaciones lo plantean de tal manera que no tienen ninguna relación con las estructuras de diferenciación social y de desigualdad en Honduras.

En determinadas coyunturas, los movimientos de mujeres han participado y lidereado conquistas fundamentales de la sociedad civil hondureña: la eliminación del servicio militar obligatorio fue, por ejemplo, un golpe brutal al poder del ejército del país.13

En los años 90 y hasta el golpe de Estado, las luchas de los movimientos de mujeres pasaron por la transformación de la infraestructura jurídica como elemento fundamental de cambio, utilizando herramientas como la incidencia política. A continuación analizaremos algunos de los esfuerzos de incidencia que con carácter global han emprendido las organizaciones de mujeres de Honduras como movimiento. Es claro que no son las únicas (hay una miríada de esfuerzos locales) pero son aquellos que tuvieron alcance nacional y que involucraron a las distintas organizaciones y sus representaciones de convergencia.

En términos de políticas públicas hacia la equidad de género en Honduras, han existido 6 grandes procesos –leáse con carácter nacional- (Puerto, 2001), con diversos grados de participación del movimiento de mujeres, a saber:

  • Política Nacional de la Mujer: un proceso dirigido por el gubernamental Instituto Nacional de La mujer – INAM – , actualmente en fase de adopción. Este proceso atravesó una fase de “consulta” muy parecida a la que el gobierno hondureño realizó durante la preparación del documento interino de Estrategia de Reducción de la Pobreza, es decir expositivo, más que participativo. Como gran merito, esto incluyó al menos a mujeres del área rural, que no participan actualmente como actores organizados en otros procesos de políticas públicas hacia la equidad. Investigadoras han planteado que –en otro parangón con el proceso PRSP- la implementación de una política nacional de la mujer dependerá mucho de su planteamiento teórico, de las responsabilidades institucionales asumidas, y, particularmente, de los posibles cambios administrativos que se produzcan como resultado del proceso electoral. Tras el golpe sin embargo tanto el INAM (producto del esfuerzo mismo de las mujeres) como la política nacional de la mujer se encuentran en un limbo de relacion entre el movimiento y el Estado.
  • Política de equidad de género en el agro: proceso cuyo liderazgo ocupó la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Aunque han existido investigaciones sobre el tema, estas han sido realizadas por mujeres profesionales de áreas urbanas, con poca participación y socialización hacia aquellas mujeres que son directamente afectadas por la política, en el área rural. Como en el caso de la Política Nacional de la mujer, este esfuerzo es particularmente débil en términos de voluntad política, y frágil en cuanto a cambios en la administración pública.
  • Ley contra la violencia doméstica: este proceso si cuenta con una decidida participación –desde su nacimiento- de la sociedad civil, particularmente de las organizaciones de mujeres del país. Aunque ninguna organización de mujeres negará la existencia de vacíos profundos en la Ley, se trata de un logro histórico de profundas implicaciones para la sociedad hondureña.
  • Ley de igualdad de género: planteada en términos político/ electorales, un proceso que contó con participación de las organizaciones de mujeres (con características especiales, en las que profundizaremos más adelante) y que buscaba otorgar igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a cargos de elección popular, y mejorar los niveles de representación política de las mujeres del país.

Cuatro de los procesos han sido iniciados desde el Estado, la mayoría sin participación de la sociedad civil y todos con apoyo en menor o mayor grado de la cooperación internacional. En todos los casos, se identifican serios riesgos para su sostenibilidad, debido a sus debilidades metodológicas y conceptuales (Puerto, 2001) y en particular a la ausencia de participación, divulgación y apropiación entre la población del país14.

A pesar de que en la mayoría de los casos están dirigidas a la mujer rural, es notorio que ésta no ha tenido una verdadera participación en los procesos, y estos se han construido como urbanos y centralizados en instancias de gobierno. A esto hay que sumar las debilidades teórico / metodológicas que –particularmente en las instancias de gobierno- dificultan el análisis de género vinculado a las políticas públicas.

Estos procesos comparten, además, una dificultad en común: la de integrarse de tal manera que formen un todo coherente, una visión de país, si se quiere, hacia la mujer.

De ellos hemos escogido dos casos a estudiar como ejemplos con carácter global de los esfuerzos de incidencia del movimiento de mujeres en Honduras. Incidencia para la aprobación de la Ley contra la Violencia Doméstica, e Incidencia para la aprobación de la Ley de Igualdad de Género. Ambos casos son demostrativos de las debilidades y fortalezas del movimiento, y facilitan un diagnóstico de su situación actual, y sus perspectiva a futuro.

Dos pasos adelante: Ley contra la violencia Doméstica y movimiento de mujeres en Honduras.

Aunque ya existían una serie de organizaciones de mujeres en el país, el movimiento como tal no surge sino hasta que se forman alianzas se encuentran puntos de acuerdo y se aglutinan muchas de estas organizaciones alrededor de un objetivo global común que produzca cambios a nivel nacional y que afecten a toda la población del país. Para el movimiento de mujeres, este momento llega con el esfuerzo de creación de un nuevo cuerpo jurídico que proteja a las mujeres de la violencia doméstica.

Si bien el movimiento a favor de reformas al código penal es cronológicamente anterior al proceso de creación de la Ley contra la Violencia Doméstica, no tuvo el efecto aglutinador de esta última. De acuerdo a una de las entrevistadas: “el asunto con la Ley de Violencia es que se trata de un tema en el que no hay mayores diferencias políticas ni filosóficas, y se hablaba de un problema con el que todas las mujeres nos podíamos identificar”. De esa cuenta, se convirtió en un tema de incidencia para plataformas de movimientos de mujeres que buscaban lograr transformaciones con carácter global.

En la ultimas décadas el tema de la violencia experimentada por los mujeres en la esfera privada del hogar era casi invisible en las agendas estatales, y en consecuencia ninguna discusión política se refería a la necesidad de una comprensión holística de la extensión real de la violencia doméstica como problema social. (Puerto, 2000).

A esto hay que sumar un cuerpo jurídico general que refleja la ideología patriarcal y en el que incluso las formas más extremas de violencia contra las mujeres eran banalizadas o incongruentemente tipificadas: la violencia sexual, por ejemplo, se producía “únicamente en casos de penetración forzada” que la mujer no hubiera “provocado”.

En ambos casos (ley contra la violencia, ley de igualdad de género) se trata de una coalición entre organizaciones feministas de la sociedad civil, sectores del gobierno y agencias internacionales para luchar contra los estereotipos culturales y lograr transformar la manera en que, según su interpretación, las mujeres son percibidas por la sociedad hondureña. Por otro lado ambas comparten el énfasis en las transformaciones legales.

Así pues, la violencia doméstica no tenía –antes de la aprobación de la ley- ni siquiera una clara definición legal, y uno de los principales problemas era definir qué constituye un crimen a ser castigado. De acuerdo al código penal, por ejemplo, el grado de responsabilidad de un ataque se medía en términos de la incapacidad causada al individuo para realizar sus actividades laborales. Los cuerpos normativos (código penal, legislación de menores, ley de familia) tenían concepciones ambiguas y contradictorias de violencia doméstica.

El análisis de género por otro lado no era aplicado normalmente al tema de la violencia, de manera que esta fuera visualizada como una expresión individual y social de la dominación masculina sobre los cuerpos y vidas de las mujeres, o de la construcción patriarcal de mecanismos de poder.

En 1989, sin embargo, organizaciones como “Visitación Padilla” empiezan a hablar de la violencia doméstica como un problema de salud pública y un delito. En ese momento, los esfuerzos de la sociedad civil hondureña por reducir el poder el aparato militar del país son fortalecidos al conocerse la violación y asesinato de la estudiante Ritizi Mavel, a manos de un grupo de militares. (La sensibilidad de la sociedad hondureña ante esta situación demuestra que la actitud social ante la violación no es necesariamente la que encierran los cuerpos jurídicos, como asumen las agencias internacionales y las organizaciones feministas, y en este sentido un posible tema de investigación sería determinar los orígenes de estos preceptos jurídicos desde una perspectiva de actor determinando a quién favorecían y quién los promovió).

El caso se convierte en un símbolo de la lucha contra el poder militar, pero pone también en la agenda pública una creciente discusión sobre la violencia contra la mujer.

En términos políticos, la coyuntura era dominada por el proceso electoral de 1997, que llevaría eventualmente a la elección del entonces presidente del congreso nacional Carlos Flores Facussé como nuevo presidente del ejecutivo. El candidato de gobierno había mostrado con anterioridad su intención de cortejar el voto de las mujeres (49% del electorado inscrito en el momento), presentando una oportunidad de negociación a las organizaciones de las mismas.

Por otro lado, la experiencia obtenida por las organizaciones de mujeres en las actividades de campaña de Naciones Unidas (ejemplo: campaña “los derechos de las mujeres son derechos humanos”) y la plataforma de Beijing habían preparado a muchas de las organizaciones para plantear el tema, y para reconocer la oportunidad que la coyuntura electoral ofrecía. El Estado de Honduras es signatario de distintos instrumentos internacionales que tratan de violencia doméstica. En particular, la “Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” lo que ofrece a las mujeres un marco jurídico internacional como base argumentativa.

En términos organizativos, en 1994 se había integrado el “Colectivo contra la violencia”, compuesto por una docena de organizaciones de mujeres y ONGs. La coalición se proponía hacer visible el tema de la violencia contra las mujeres y promover políticas públicas para la prevención, sanción y atención del problema. La creación de este colectivo proporciona la plataforma a partir de la cual se empieza a incidir en la legislatura y a crear un importante nivel de discusión pública –a través de los medios de comunicación- sobre el tema. Las siguientes movilizaciones, plantones, marchas y reuniones con miembros del congreso nacional contribuyen a darle cohesión y momentum a lo que para la opinión pública comenzaba ya a ser conocido como el movimiento de mujeres en Honduras.

La colación promueve entre 1994 y 1996 diferentes actividades que contribuyen a convertir el tema de la violencia contra la mujer en parte de la agenda pública nacional. Esto influye en que, a iniciativa del gobierno y con la participación del colectivo sean creadas dos instancias gubernamentales de atención a la violencia intrafamiliar: las “Consejerías de Familia” y la Fiscalía de la mujer.

En palabras de una entrevistada “al principio no nos satisfacían las consejerías de familia, vimos que eran un paliativo, pero con el tiempo funcionaron mejor y nos dieron información y experiencia para plantear la ley…”

En 1995 fue planteado el primer plan de cabildeo propiamente dicho, con un blanco (el congreso nacional” y el objetivo de aprobar la ley de violencia doméstica. La iniciativa no fue exitosa, al no lograr el interés del presidente del congreso en la aprobación. Pero la experiencia de mujeres abogadas en las cortes y fiscalías –producto de su labor en organizaciones de apoyo legal a la mujer- proporcionaba a las organizaciones de mujeres la posibilidad (recurso humano especializado) elaborar una propuesta de ley consistente con la doctrina legal, y aplicable en el país. Esa misma experiencia previa en el sistema judicial proporciono ventajas en el proceso de cabildeo con las mujeres diputadas en el congreso nacional. (Puerto, 2000).

Esta experiencia se vuelve útil en 1997, al presentarse una nueva oportunidad de aprobar la ley. Sumando y fortaleciendo varias actividades:

  1. Revisión de la propuesta de Ley presentada por el Colectivo contra la Violencia , a través de la creación de una Comisión compuesta por representantes del Congreso Nacional y las organizaciones de mujeres.

  2. Cabildeo y sensibilización a los diputados y diputadas de diferentes bancadas para asegurar un consenso total por parte de los mismos hacia la iniciativa de Ley.

  3. Seguimiento técnico jurídico del proceso a través de un equipo de abogadas del Centro de Derechos de Mujer (CDM) y otras organizaciones.

  4. Movilización de grupos de mujeres para que se manifiesten demandando la Ley, coordinado por La Asociación de Mujeres Visitación Padilla.

A partir del ya señalado diálogo con el presidente de la legislatura, la ley es aprobada en el pleno del congreso nacional el 29 de septiembre de 1997. Algunos aspectos importantes que caracterizaron este proceso de Incidencia:

  • El fortalecimiento y reconocimiento del movimiento de mujeres de Honduras como tal.
  • La combinación de Incidencia (propuestas, análisis de ley, cabildeo) con mecanismos tradicionales de expresión popular (movilizaciones, plantones, marchas) es exitosa y planificada.
  • Exitoso proceso de negociación y construcción de consenso desarrollado entre muchos grupos de mujeres del país, tratando de garantizar un respaldo unánime a la Iniciativa de Ley.
  • Análisis y apreciación correcta de la coyuntura, de los actores y blancos involucrados, que lleva a la elaboración de un plan de Incidencia y Cabildeo coherente.

Sin embargo…

Tras mas de una década de aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica, las organizaciones de mujeres han identificado dificultades, vacíos y problemas. Una de las mayores limitaciones es la ausencia de normas de procedimientos necesarias para facilitar la efectiva aplicación de las medidas de seguridad, prevención y cautelares (Puerto, 2000).

Estas debilidades, de hecho, estaban presentes y fueron advertidas en el momento de aprobación de la ley, aunque se consideraba que un continuo proceso de seguimiento y monitoreo de parte del movimiento de mujeres podría solucionar esos problemas.

Lastimosamente, el proceso de unión y alianza construido alrededor de la aprobación de la ley, que tanto se alimentaba de la coyuntura electoral, se vio también victimizado por esa coyuntura pues no fue acompañado de una reflexión con respecto al movimiento como tal, o de una estrategia política a corto plazo. De esa cuenta la construcción de espacios comunes –a pesar de ser muchos- se limitó al tema de violencia doméstica y casi inmediatamente a la aprobación de la ley –a uno de sus más grandes éxitos- el movimiento empieza a fragmentarse.

Este no es un fenómeno nuevo en el movimiento social hondureño: en 1996, tras un proceso de varios años de incidencia, una plataforma compuesta por cientos de organizaciones pro – derechos de la niñez logra la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia en el congreso nacional, lo que significaba una modernización y humanización de las políticas públicas del Estado hondureño hacia la niñez, y el abandono –en el aparato jurídico- de la visión punitiva / represiva que hasta el momento había tenido. Casi inmediatamente después, el movimiento se fraccionó y prácticamente desaparece de la discusión pública de los temas relacionados con niñez en el país.

Ambos casos atraviesan por un proceso crítico similar: la transformación en la forma de la ley no esta acompañada por medidas de aplicación que la hagan efectiva. En el caso de la Ley contra la Violencia doméstica con visos dramáticos: a la fecha, existen solo dos juzgados (uno en Tegucigalpa, el otro en Comayagüela) que en el centro del país llevan casos de violencia, y los jueces y fiscales han expresado estar desbordados y frustrados por la inmanejable cantidad de denuncias recibidas.

Por otro lado, aunque ha visibilizado la violencia como un problema social, la ley no ha impulsado procesos educativos masivos –o de capacitación de operadores de justicia- que la hagan parte del imaginario colectivo de la población hondureña. A la fecha, al igual que con el Código de la niñez “muchos jueces ni siquiera conocen la ley” (Puerto, 2001).

Algunas organizaciones plantean, actualmente, la necesidad de introducir reformas a la Ley, aunque su lectura de la coyuntura política post golpe indica que la correlación de fuerzas actual podría arrojar resultados totalmente negativos en caso de abrir al Congreso de la República la oportunidad de introducir cambios.

Dentro del movimiento una de las corrientes señala estos problemas como debilidades de la estrategia –enmarcada en las políticas del movimiento feminista liberal internacional- de impulsar y organizarse en función de las transformaciones jurídicas vistas como fines per se, y no como medios. Actualmente, la gran mayoría de los esfuerzos de incidencia global en Honduras se orientan a los cambios formales de cuerpos legales, y no tanto a su implementación efectiva.

Las debilidades de la estrategia de incidencia vista como aprovechamiento del momento electoral fueron evidenciadas ya antes del golpe por otra iniciativa de ley en el Congreso de la República: la ley de igualdad de género.

Un paso atrás: Ley de Igualdad de Género y fragmentación del movimiento

Una de las primeras diferencias que existe entre este proceso y el que se estructura alrededor de la Ley contra la Violencia Doméstica se evidencia en su misma gestación: la Ley de Igualdad de Género no surge como un proceso de alianzas entre organizaciones de mujeres, ni como producto natural de la experiencia de organizaciones de apoyo legal en los juzgados, ni siquiera con un proceso de construcción teórica producto de investigaciones sociales.

Por el contrario, la iniciativa parte de la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso Nacional (en aquel momento diputada del partido nacional Soad de Facussé), fundamentada en acuerdos internacionales firmados por el Estado hondureño, e igualmente presentada en una coyuntura electoral. Aunque los actores habían cambiado, la situación del partido político en el poder era la misma: el presidente del Congreso Nacional (Rafael Pineda Ponce) es también su candidato a la presidencia, y cortejaba –con menor habilidad- el voto de las mujeres como lo había hecho su predecesor. Su oficina presenta una iniciativa de ley, a ser discutida y consensuada con las organizaciones de mujeres del país.

El movimiento de mujeres tenía entonces una alternativa: rechazar un documento ya elaborado en el que no habían sido consultadas, o tratar de reformar (y apropiarse) de la misma, considerando el corto tiempo que el Congreso Nacional les otorgaba para hacerlo. La respuesta ante esta alternativa fue la división.

Algunas organizaciones identificaron que aquí prevalecía el sentido de oportunidad, y no el de proceso. Por otro lado, al no haber sido un tema de su discusión y análisis, se encontraban pobremente preparadas técnica y operativamente para aportar de manera técnica a la ley (como sí habían logrado hacer durante la Ley contra Violencia Doméstica), y sospechaban, correctamente, que su estrategia de influir durante procesos electorales podía ser una espada de dos filos: igualmente utilizada por los grupos de poder representados en el congreso nacional para legitimarse, casi forzando al movimiento a participar en el proceso.

La respuesta de muchas de las organizaciones, consecuentemente, fue no.

Esta coyuntura suma una nueva división al movimiento: aquellas a favor y aquellas en contra de la participación en la aprobación de la Ley de Igualdad d Género. Las discusiones fueron agrias, y algunas de las cicatrices –como organizaciones y como personas- no han cerrarían por mucho tiempo. Polarizando la situación, algunas profesionales miembras del movimiento aceptaron consultorías –pagadas- de la comisión de la mujer del congreso nacional para elaborar el proyecto de ley, convirtiéndose de hecho en asalariadas del blanco que pretendían influir, y acarreando las críticas de otras organizaciones de mujeres.

La ley fue aprobada, finalmente, tras discusiones en las que NO participaron siquiera aquellas organizaciones del movimiento que la aprobaban. Las diputadas del Congreso Nacional, mostrando una ejemplar lealtad de clase y de partido, dieron la espalda al movimiento de mujeres y aprobaron un documento final de tipo declarativo, cuyo mayor logro estimaba “obligar a los partidos a incluir un 30% de mujeres en los cargos de elección popular” pero con carácter no vinculante, sin mecanismos claros de implementación y nula divulgación.

No solo la población del país –las mujeres en particular- no se identificaron y movilizaron con esta ley, sino que se perdió una oportunidad de lograr cambios efectivos en políticas públicas, y se profundizó la ya existente división en el movimiento de mujeres.

En este caso, la ausencia de visiones y objetivos comunes, y la falta de preparación y planificación estratégica (con visión política global y a largo plazo) produjo una instrumentalización del movimiento de parte de los grupos hegemónicos, facilitó el oportunismo político de sus representantes, y como resultado inmediato un debilitamiento y perdida de parte de la legitimidad y representatividad que ante la población del país el movimiento había logrado durante las discusiones para la aprobación de la ley contra la violencia doméstica.

Se profundiza, además, la división entra las grandes coaliciones existentes: el colectivo contra la violencia y la Convergencia de Mujeres. Esa división seguiría manifestandose año tras año. Durante el gobierno de Maduro, por ejemplo, las organizaciones de mujeres presentaron no una sino dos propuestas de “agenda de la mujer”. Esta “agenda mínima” no fue consensuada entre las distintas coaliciones (tanto el Colectivo como la Violencia como la Convergencia de Mujeres presentaron sus propios documentos en actividades realizadas por separado), y peor aun, las propuestas de cada coalición fueron duramente criticadas por la coalición contraria.

Aún peor, el gobierno tuvo que interceder y nombrar por su cuenta una representante de las mujeres ante el Consejo consultivo de la Estrategia de Reducción de la pobreza al no lograrse un consenso mínimo entre las organizaciones de mujeres.

“Nuestra memoria histórica”

Sin embargo, esto no significa que el movimiento de mujeres desaparezca y muera, como ha ocurrido –en términos de su relevancia y protagonismo en la incidencia sobre tomadores de decisión- a otros movimientos sociales del país. En este punto, a pesar de la situación que enfrentan como movimiento (y algunas organizaciones, en cuanto a su propia sobrevivencia), es importante señalar que todas las entrevistadas empezaron por reconocer que existe un serio problema de división interna, y todas señalaron la necesidad de lograr superar esta división, y construirse objetivos comunes como mujeres hondureñas.

Todas parten de un análisis que, en unos casos más y otros menos, reconoce que se han cometido errores pero espera que de los mismos pueda aun aprenderse lecciones hacia el futuro. La falta de conexión con las bases que se ha producido en algunos casos empieza a ser señalada como una debilidad, así como empieza a entenderse las limitaciones que tiene “aprovechar la coyuntura electoral” como espacio particular de incidencia política.

Aunque hemos utilizado para este artículo solamente los ejemplos de la Ley de Igualdad de Género y la Ley contra la Violencia Doméstica, existen también esfuerzos de tipo local, esfuerzos en cuanto a salud sexual y reproductiva, derechos laborales, incluso masculinidad (el tema “salud sexual y reproductiva”, en particular, parece ir construyéndose en un proceso similar al de violencia doméstica, aunque no tiene, con mucho, la misma capacidad aglutinadora de éste ultimo).

Los temas parecen diversificarse, y en algunos de ellos se forjan alianzas de organizaciones que, en el pasado, han estado separadas. Las brechas políticas y generacionales empiezan a ser discutidas por nuevas miembras del movimiento.

En palabras de una de las entrevistadas: “ellas son las históricas, las primeras y las iniciadoras. ¿porqué voy a querer estar peleando con ellas? Las necesitamos, son nuestra memoria histórica…”

En un contexto -general- de división, el movimiento social hondureño es sorprendido en junio de 2009 por el golpe de Estado.

Movimiento de mujeres y mujeres feministas tras el golpe de Estado

El golpe de estado en 2009 viene a dinamizar el movimiento social hondureño. Los movimientos históricos recobran parte de su protagonismo, se fortalece el movimiento de bases en todo el país y las organizaciones de mujeres se encuentran -al igual que lo hicieron con el tema de la violencia doméstica y contra la mujer- con un tema en común que en esta coyuntura pone en riesgo sus reinvindicaciones particulares como mujeres pero que además les invita a dar el paso a lo político, a la lucha de clases y a la propuesta por una transformación real de Honduras.

En términos de su relación con el movimiento social, mucho y poco ha cambiado. No es cierto por ejemplo que el movimiento social hondureño tenga una mejor comprensión de las reinvindicaciones de las mujeres en el contexto post golpe. Las organizaciones e individuos continúan (continuamos) siento muy “machos” en nuestra aproximación filosófica, teórica, metodológica a la lucha por una asamblea nacional constituyente.

La elección del expresidente Zelaya Rosales como coordinador general del FNR es, idealismos aparte, la confirmación de la figura arquetipica del “macho catracho” en la conducción de un movimiento que hasta hace poco tenía mejor suerte en no ser totalmente calificado como zelayista, y todavía falta mucho para darle un contenido de género real -no discursivo- a la propuesta de Asamblea Nacional constituyente popular.

Sin embargo, las organizaciones feministas y de mujeres han leído correctamente la coyuntura, y la experiencia acumulada histórica y actual les ofrece en la nueva arena política hondureña, ante el nuevo posicionamiento de los bloques de poder y de las organizaciones sociales una oportunidad enorme de unidad e integración tanto como movimiento, como en sus relaciones con las demás organizaciones populares hondureñas.

Sirva el presente artículo para, por lo menos, generar una mayor discusión sobre el tema.

Honduras resiste!

ULTIMA LINEA

PD: por supuesto, esta es una visión tanto “desde afuera” como masculina de la historia del movimiento de mujeres, y seguro se me escapan miles de apuntes, detalles y elementos importantes de la mísma. Muchas gracias a las compas que se tomen el tiempo para agregar, mejorar, señalar errores y cooperar con el escrito, que necesariamente tiene una visión también geográfica (Tegucigolpe) y temporal limitada.

Rescatando viejos apuntes, con cariño para las organizaciones de mujeres y feministas en resistencia,

Sergio Bahr, Julio 2010.


Fuentes

  • “Estudio exploratorio sobre la aplicación de la ley contra la violencia doméstica en Honduras” Margarita Concepción Puerto, Universidad Rafael Landivar (Guatemala), agosto 2001.
  • “Percepción e Interacción: una primera aproximación al análisis de la experiencia de políticas públicas hacia la equidad de género en Honduras” María Elena Méndez, Ariel Montesdeoca. FUNDER/CEM-H/ Honduras 2001-11-14
  • “Sintiéndose mujer, pensándose feminista: la construcción del movimiento feminista en Honduras” Breny Mendoza, CEM-H / Editorial Guaymuras. Honduras 1996
  • “Para la causa más que para el mundo: sufragismo y feminismo en la historia de Honduras” Rina Villars, editorial Guaymuras, Honduras 2001.
  • “Un análisis de género a la ley contra la violencia doméstica y estrategias extrajudiciales en Honduras”. Margarita C. Puerto. Tesis de Maestría, Instituto de Estudios Sociales, Holanda 1999.
  • “Mujer, familia y sociedad” Irma Leticia de Oyuela. Editorial Guaymuras, Honduras 1993.
  • “Porque quiero seguir viviendo” biografía de Graciela Martínez. Breny Mendoza, editorial Guaymuras, Tegucigalpa, Honduras 1998.
  • Apuntes y entrevistas de hace muchos años que me pareció valía la pena rescatar…

1 Una visión completa y muy detallada de la historia del movimiento de mujeres en Honduras se encuentra en el libro “Para la causa más que para el mundo: Sufragismo y feminismo en Honduras” de Rina Villars. De este libro se han obtenido muchos de los datos históricos mencionados en este artículo.

2 José Trinidad Reyes, bajo pseudónimo, “Las ideas de Sofía Reyes” 1846.

3Existe una fuerte corriente cultural latinoamericana que arranca del mito mariano, de María, la virgen, que es simbólicamente, desde los orígenes de la Conquista, el modelo femenino discriminado y subordinado al poder masculino.

4 Rina Villars, ya citado.

5 Respuesta sarcástica de un diputado de la asamblea nacional ante la propuesta de conceder el voto a la mujer en 1924, ctado por Rina Villars.

6http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_femenino#Lista_de_pa.C3.ADses_con_sufragio_femenino_.28por_orden_de_aprobaci.C3.B3n.29

7Texto de un afiche de la organización Visitación Padilla que recuerdo de los 80′s, y que hace tiempo busco recuperar. Si alguien lo tiene, acepto donaciones.

8 Esto explica también, en parte, la notoria postura pro-norteamericana y el débil sentimiento nacional que hasta la fecha expone la burguesía hondureña.

9Página Web: http://www.laschonas.com/cms/home.php

106 En “Sintiéndose mujer, pensándose feminista”, la autora reconstruye dolorosos momentos de desintegraciones institucionales del movimiento de mujeres debidos a competencias, juegos de poder, verticalismo y difamación entre sus miembras.

11Idem.

12 Cardenal Oscar Andrés Rodríguez dando ya entonces visos de golpista, en declaraciones a los medios de comunicación hondureños durante un reciente debate sobre la necesidad de brindar educación y servicios de salud reproductiva. El debate, para algunos sectores conservadores de la sociedad hondureña, se reduce al tema “aborto”. Para una visión más completa de la situación de estos procesos de políticas públicas hacia la equidad de género, ver la investigación que sobre las mismas elabora Margarita Puerto en 2000-2001.

13Para discutir un poco más sobre la relación entre el movimiento de mujeres y el resto del movimiento social hondureño, ver: http://sergiobahr.wordpress.com/2009/01/12/mujeres-golpe/

14 El intento de aprobar la lectura obligatorio de la Biblia en las escuelas, la inclusión (e importancia que se le da) a la educación “familiar y en valores” en la recién aprobada Ley de Visión de país y plan de nación

Fuente: sergiobahr.wordpress.com