Honduras: Carta de los movimientos a Insulza

Tegucigalpa, D.C., 03 de julio de 2009

Excelentísimo
Señor Secretario General de la Organización de Estados Americanos
Don José Miguel Insulza


Las organizaciones abajo firmantes representantes del movimiento popular y social del país, en relación al golpe de Estado y rompimiento del orden constitucional ejecutado por las cúpulas de los partidos Liberal, Nacional, Democracia Cristina y Innovación y Unidad Social Demócrata y las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes son los instrumentos de la oligarquía nacional, hacemos del conocimiento de la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS por medio de Usted como Secretario General de dicho organismo internacional, nuestra posición oficial:


ANTECEDENTES


PRIMERO: En fecha veintiocho de junio de dos mil nueve se llevaría a cabo una encuesta de opinión por el Instituto Nacional de Estadísticas, convocada por el Poder Ejecutivo para conocer la opinión del pueblo en relación a instalar o no una cuarta urna en las elecciones generales del veintinueve de noviembre del año en curso, donde se preguntaría si esta de acuerdo en convocar o no a una Asamblea Nacional Constituyente cuyo anteproyecto de decreto en caso de ser afirmativa la encuesta, se enviaría al Congreso Nacional para que éste votara por la instalación o
no de la misma.


Previo a la realización de la encuesta de opinión antes relacionada y a raíz de la misma se desarrolló un conflicto entre cuatro bancadas del Congreso Nacional de la República y el Poder Ejecutivo, en el cual el Congreso Nacional dejó de manifiesto su posición para que la misma no se llevara a cabo por considerarla ilegal. El Poder Ejecutivo continuó promoviéndola y anunciando la realización de la misma para el veintiocho (28) de junio, amparados en la Ley de Participación Ciudadana.


Ante la firme decisión del Poder Ejecutivo de llevar a cabo dicha encuesta, el Congreso Nacional por medio de las instituciones cuyas autoridades son elegidas por dicho poder del Estado como ser: Fiscalía General del Estado, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de República, Tribunal Supremo Electoral, emprendió las siguientes acciones legales:


1. La Fiscalía General presentó una demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo contra la consulta popular que inicialmente había promovido el poder ejecutivo, solicitando la medida cautelar de Suspensión de acto reclamado

2. La Procuraduría General de la República, no obstante ser la representante del poder ejecutivo, al momento de manifestarse sobre la medida cautelar solicitada por el demandante, se adhirió al planteamiento del Ministerio Público

3. La Corte Suprema de Justicia por medio del juzgado supra citado declaró la ilegalidad de la consulta y ordenó el decomiso de todos los materiales relacionados con la misma.

4. Las acciones legales de oposición a la consulta se plantearon sin que aún se hubiese publicado el Decreto Ejecutivo que legitimaba la consulta, sin embargo la Corte Suprema de Justicia a través de la instancia contencioso administrativo, rechazaba la consulta popular, sin que se hayan agotado las distintas instancias jurisdiccionales.


Posteriormente el Poder Ejecutivo emitió el decreto de la encuesta de opinión publica con base a la ley de participación ciudadana, teniendo como consecuencia que ese mismo día (28 junio del 2009) a eso de las cinco y diez de la mañana, aproximadamente cien (100) elementos de la Fuerzas Armadas de Honduras, violando el domicilio del Señor Presidente Constitucional de la República José Manuel Zelaya Rosales, lo privaron de su libertad, causando daños al inmueble, sacándolo por la fuerza en ropa de dormir, lo trasladaron violentamente a una base militar aún desconocida, para luego expatriarlo vía aérea a San José de Costa Rica, concretándose en este episodio la fractura de la institucionalidad democrática de nuestro país.


Coherente con el plan de irrupción del orden constitucional, el Congreso Nacional que ordinariamente se reúne de martes a jueves, esta vez sesiono el mismo día domingo en que se expatrio al Presidente de la República; y en dicha reunión se resolvió la destitución del titular del Poder Ejecutivo y se nombro a Roberto Micheletti Bain como sucesor. Es procedente advertir, que la mayoría de congresistas son del interior del país y los fines de semana como norma se desplazan a sus lugares de origen; sin embargo a esta sesión extraordinaria hubo presencia masiva de diputados y diputadas, con lo cual puede inferir que dicha actividad era parte de la maquinaria golpista que se ha impuesto.


SEGUNDO: Como consecuencia de este acto, nuestros derechos individuales sistemáticamente están siendo violados, a través de restricciones arbitrarias a la libertad personal, cierre de medios de comunicación independientes, violación a la libertad de expresión, represión a las movilizaciones de ciudadanos y ciudadanas declarados en desobediencia civil en apego al artículo 3 Constitucional; de igual manera se ha declarado oficialmente por el gobierno de facto la limitación general de garantías, a través de la declaración de estado de excepción, al margen de lo que dispone el articulo 187 de la Constitución de la República, artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 27 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Siendo que el Golpe de Estado, como parte del plan, ha sido avalado por las cúpulas de todas las instituciones, entre ellas las del sistema de administración de justicia; ningún recurso legal resulta efectivo para neutralizar los excesos del gobierno usurpador; situación que provoca una absoluta indefensión para la ciudadanía.


TERCERO: La Constitución de la República de Honduras, establece que para sustituir definitivamente al Presidente de la República, es indispensable la falta absoluta del mismo (Artículo 242 ); quizá pueden comprenderse dentro de las faltas absolutas entre otras; su muerte o
inhabilitación por razones legales determinadas judicialmente; este ultimo, que parece ser el argumento de los golpistas, es tan frágil que se desvanece en la propia lógica de la institucionalidad democrática de un Estado de Derecho como el hondureño; Vale destacar que hasta la fecha, no hay condena contra el presidente de la República, dictada por un órgano jurisdiccional que le impida el ejercicio de sus derechos políticos y ciudadanos. Sobre la base de la prohibición de prejuzgamiento que existe a favor de cualquier ciudadano, en este caso la del Presidente hondureño, sobresalen las garantías de defensa, debido proceso y en general el principio de legalidad en sus distintas manifestaciones; estos principios que son base indispensable para la legitimidad democrática de cualquier Estado, han sido deliberadamente desconocidos por quienes por la vía de la fuerza han suplantado el orden constitucional y sobre esta base se sustenta su ilegitimidad.


De manera contundente señalamos que nuestra constitución no contempla trámite alguno para que el Presidente de la República pueda ser destituido por el Congreso Nacional. El artículo 205 Constitucional establece claramente las atribuciones del Congreso Nacional, sin embargo ninguna de ellas otorga facultad alguna para Destituir al Presidente, pues el Congreso Nacional de acuerdo al artículo 4 de la Constitución, solo es un poder más, en relación al Poder Ejecutivo y Poder Judicial y esos tres poderes de acuerdo a la norma citada, son complementarios e independientes y SIN RELACIONES DE SUBORDINACION.


CUARTO: Muchas de las organizaciones que suscribimos este documento, no somos seguidoras o defensoras del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, mucho menos afines a la institución política a la que el pertenece. Estamos movidas por el respeto de una institucionalidad, que aunque no nos favorece como pueblo mayoritario, hasta ahora es la base del consenso mínimo de la sociedad, sobre la cual se desarrolla y se resuelven los conflictos y la vida de los hondureños y hondureñas, y su modificación será posible en la medida que el pueblo en el ejercicio de su soberanía, instaure un nuevo pacto social sobre la base de la inclusión y no discriminación, lo cual es el anhelo de las suscribientes y suscribientas.


QUINTO: Tal como lo ha concebido la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales, como sector organizado del país, ratificamos que en Honduras se ha producido una alteración al orden constitucional que precariza la situación de la frágil democracia en la que hemos vivido los últimos 28 años, tal como lo prescribe Carta Democrática Interamericana, en la sección IV del fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática artículos 17 al 22.


SEXTO: Ratificamos que los vanos esfuerzos que efectúa el gobierno usurpador, por presentar su criminal proceder como una normal sustitución del poder; se inscribe en un escenario en que cuatro de las cinco bancadas del Congreso Nacional de la República, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, Comisionado Nacional de Derechos Humanos a través de su máxima jerarquía resultan autores al mismo nivel de este zarpazo al orden constitucional democrático de Honduras, hecho para el cual también han efectuado alianzas con personajes estratégicos del sector religioso del país. Por esta razón es que resulta atípico el hecho de que no sean militares los que estén conduciendo formalmente el gobierno golpista, tampoco resulta necesaria la disolución del poder
judicial y del Congreso Nacional; seguramente los usurpadores del orden constitucional hondureño han patentado la mas moderna concepción de golpes de Estado; la cual merece y debe merecer el mismo repudio como comunidad nacional y de ustedes como comunidad internacional



Señor Secretario General, después de esta relación histórica y la argumentación en torno a la situación de nuestra patria, concretamente le expresamos.


1.- Saludamos y reconocemos las medidas que con inmediatez a resuelto esa Organización de Estados Americanos, en aras del respeto a la institucionalidad en Honduras.

2.- Valoramos la determinación de ese máximo organismo continental, por hacer prevalecer la Carta Democrática Interamericana, situación que da validez y vigencia a la existencia de la OEA.

3.- Ratificamos que como sociedad organizada, en función de lo establecido en el artículo 3 de nuestra Constitución de la República, nos hemos declarado en desobediencia civil y resistencia pacifica permanente, hasta que se restablezca el orden constitucional.

4.- Aseguramos que su visita a nuestro país, al margen de la manipulación del poder constituido arbitrariamente, le permitirá verificar in situ la precariedad de la institucionalidad democrática y la indefensión en que nos encontramos la ciudadanía hondureña y en particular quienes dignamente enfrentamos al gobierno golpista.

5.-Ratificamos que cualquier salida a la crisis que vivimos los hondureños y hondureñas, pasa por un inexcusable sometimiento a la justicia penal a quienes en esta ocasión han mancillado el honor y la dignidad de nuestra patria

6.- Solicitamos respetuosamente que por su medio, la Organización de los Estados Americanos, ratifique las medidas necesarias en contra del gobierno golpista hasta obligarlo a restituir el orden constitucional, que pasa por la restitución al cargo del Presidente arbitrariamente destituido, tal como lo estableció la Organización de Naciones Unidas.


Tegucigalpa, MDC 03 de Julio de 2009.



Carlos H. Reyes
Coordinadora Nacional de Resistencia Popular.

Daniel Duron
Central General de Trabajadores


Víctor Antonio Fernández Guzmán
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Israel Salinas
Confederación Unitaria de Trabajadores

José Hilario Espinoza Herrera
Confederación de Trabajadores de Honduras

Dagoberto Suazo Zelaya
Central de Cooperativas del Café.

Suyapa Martínez
Centro de Estudios de la Mujer-Honduras

Rafael Alegría
Vía Campesina

Bertha Cáceres
Consejo Cívico de Organizaciones Populares

Juan Barahona
Bloque Popular

Cornelio Chirinos
Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras

José Maldonado
Confederación Nacional Campesina

Bertha Oliva
Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras

Andrés Pavón
Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras


Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras

Ramón Melgar
Organización Nacional Indígena de Honduras.

Gilda Rivera
Centro de Derechos de Mujer

Alba Maldonado
Asociación Hondureña de Mujeres

Foro Social Valle de Sula.

Organizaciones de Jóvenes y Estudiantes de Honduras.

Organizaciones Afrodescendientes



Fuente: PasalaVoz

CSA Condena el Golpe de Estado en Honduras y llama a la inmediata restitución del Presidente Manuel Zelaya

Víctor Báez Mosqueira, Secretario General de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, ­­CSA, condenó de manera contundente el golpe de Estado en Honduras, ejecutado por fuerzas militares el día de hoy, 28 de junio, y que ha tenido como principal eje la destitución y posterior expulsión del país del presidente, Manuel Zelaya.

“Demandamos el respeto a la integridad física y la vida del presidente Zelaya, exigimos su restitución en el poder como máxima autoridad ejecutiva del país sí como el pleno respeto a la institucionalidad democrática en la República de Honduras. Igualmente expresamos nuestra solidaridad con el pueblo hondureño, el movimiento sindical y social en su movilización por el restablecimiento de la democracia y en respaldo al presidente de la República” señaló Víctor Báez, expresando la opinión de sus organizaciones afiliadas en el país, la CGT, CUT y CTH, y llamó a la comunidad internacional, en especial a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que actúen de manera inmediata frente a la grave crisis institucional en Honduras. El golpe perpetrado por los militares es el último capítulo de una confrontación entre los poderes políticos de ese país, ante la decisión del presidente Zelaya de llevar adelante una consulta popular no vinculante para decidir sobre la eventualidad de un proceso constituyente que permitiera la renovación de las estructuras políticas de Honduras. La consulta debía haberse realizado el día de hoy y había sido denunciada como ilegal por el poder legislativo y el poder judicial, quienes instaron a la intervención de los militares para impedir la realización de la misma. La consulta había generado un importante respaldo popular y el movimiento sindical estaba entre los principales auspiciantes.

“Tenemos información de nuestros afiliados en Honduras sobre la existencia de listas de dirigentes sociales y políticos que serían detenidos por los militares por su compromiso con la consulta popular, lo que podría desatar una muy grave situación de represión con impredecibles consecuencias”agudizando la situación, afirmó el secretario general de la CSA. La CSA también insta a todos los gobiernos de las Américas para que aislen este intento contra la democracia y la voluntad popular y solicita que activen todos los mecanismo a su alcance para impedir que la represión y la violencia sean utilizadas por los miltares para contener el descontento popular.

“Solicitamos al movimiento sindical internacional y en especial a las organizaciones afiliadas a la CSA en todo el continente a estar prestas a la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas sindicalistas de Honduras y con las acciones que emprendan para restablecer la democracia y la institucionalidad en el país”, expresó finalmente Báez Mosqueira.

Declaration by the Presidency, on behalf of the EuropeanUnion, on Honduras

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
Brussels, 29 June 200911530/09 (Presse 198)
P 74

Declaration by the Presidency, on behalf of the European Union, on HondurasOn 28 June Foreign Ministers of the European Union strongly condemned the military actions which were directed against democratically elected President Zelaya and part of hiscabinet and have violated the constitutional order of Honduras.

The EU urges theimmediate release of all detained governmental representatives and calls on all relevantparties and institutions to refrain from violence and to strive to find a swift and peacefulsolution to the current situation. This should be in accordance with the existingconstitutional order of Honduras, the principles of rule of law and democracy.

The EU highlights the importance of restoring the constitutionality and stabilityof the political and security situation in the country and underlines the importance ofensuring that fair, timely and transparent presidential elections are held in November 2009.

The constitutional rules and respect for human rights are the cornerstones of democratic
governance anywhere in the world.

La costa atlantica también se manifiesta en contra del golpe

Fuente: resistenciahonduras - Youtube.com

Ambigüedad de EEUU frente a la crisis hondureña

Hillary Clinton se resiste a denominar golpe al conflicto y mantiene al embajador en Tegucigalpa.
Autor: Marcela Valente Colpisa

El coincidente rechazo internacional al golpe de Estado en Honduras no solo provocó el aislamiento del régimen de facto en ese pequeño país centroamericano. También puso en evidencia hoy la persistente ambigüedad de Estados Unidos.

La OEA, la ONU, la Unión Europea y los países de América Latina parecen competir en la contundencia de sus mensajes a favor del destituido presidente Manuel Zelaya y en contra del golpe que lo desalojó del cargo. Uno a uno, los países retiran embajadores de Tegucigalpa y, con ese gesto, desnudan la indeterminación de Washington.

El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, asegura que el gobierno provisorio tiene «amigos» en Washington. En una entrevista realizada por un periódico argentino reveló que el embajador estadounidense en su país, Hugo Lawrence, «intentó mediar» ante Zelaya para que anule la consulta popular que fue la que provocó el derrocamiento del gobierno.

Estas amistades podrían explicar el coraje del canciller del nuevo gobierno, Enrique Ortez Colindres, que en un programa de la televisión hondureña dijo que no atribuía importancia alguna a la OEA «y a los otros grupitos que andan por ahí». El funcionario pidió a José Luis Rodríguez Zapatero que «vuelva a sus zapatos» y aludió al presidente Barack Obama como «ese negrito que no sabe nada».

Obama declaró que Zelaya había sido «democráticamente electo» y que «aún no había completado su período» cuando fue depuesto.

«Creemos que el golpe no fue legal y que Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras», dijo. Pero su secretaria de Estado, Hillary Clinton, se resiste a denominar «golpe» a la crisis y mantiene al embajador Lawrence en la capital hondureña.

Algunos analistas sostienen que esta ambigüedad podría ser una estrategia para lograr que Zelaya ablande su postura y acepte retornar a su país bajo la condición de no insistir con la polémica consulta popular. En esta posición militan algunos «halcones» del Partido Republicano en Washington que justifican el golpe de Estado.

Posturas conservadoras
El columnista Charles Krauthammer, del influyente 'The Washington Post', fue elocuente al recordar en estos días que «Zelaya fue electo, pero Hitler también». «Un golpe no es algo lindo, pero es preferible a que Zelaya desmantele a la democracia».

Otros medios, que reflejan las posturas más conservadoras de Washington, coincidieron en defender a los golpistas contra el avance de un gobierno que giraba hacia el populismo de izquierda, con el venezolano Hugo Chávez como líder.

La indefinición contrasta cada día más con la contundencia de la OEA, de la que Estados Unidos forma parte fundamental. El 60% de las finanzas del organismo salen de las arcas del tesoro estadounidense. Pero su secretario general José Miguel Insulza, que consiguió hace menos de un mes el levantamiento de la suspensión a Cuba, procura que Zelaya regrese a la presidencia sin condiciones y antes de que el gobierno de facto se consolide.

El canciller argentino, Jorge Taiana, declaró hoy que «la perspectiva es que va a haber sanción» contra Honduras «porque no veo que haya una reacción de los usurpadores de replegarse».
El argentino preside la asamblea extraordinaria que el 1 de julio dio un plazo de 72 horas al gobierno de facto para el regreso al cargo del presidente constitucional. Vencido ese plazo la OEA volverá a reunirse el sábado en Washington y podría sancionar Honduras con la suspensión del organismo.

Entretanto, el régimen cívico-militar aprobó hoy la suspensión de garantías constitucionales durante el toque de queda vigente desde el domingo. Los hondureños tienen restringidas la circulación, el derecho de reunión y el acceso a la información.

Fuente: www.lavozdegalicia.es

GOBIERNO ESPURIO (Primera parte)

Por Factor Méndez Doninelli

Como muchas otras personas, sigo atento y con preocupación los acontecimientos políticos deplorables ocurridos en la hermana República de Honduras, con motivo del golpe de Estado promovido por los militares desde el 28 de junio, que derroco al gobierno legítimo y constitucional del señor Manuel Zelaya Rosales. Esa acción repudiable de los militares, ha recibido la condena unánime y categórica de gobiernos y países del mundo. La Organización de las Naciones Unidas ONU, la Organización de Estados Americanos OEA aprobaron por aclamación sendas resoluciones históricas en defensa de la democracia.

No obstante el rechazo internacional al golpe de Estado, el gobierno espurio instalado en Honduras sigue desafiando al mundo, negándose a retomar el camino de la legalidad y el respeto al Estado de Derecho.

Decisiones políticas adoptadas por el presidente Zelaya que motivaron el golpe:

1) Reestructuró la fórmula de ganancias de las compañías transnacionales distribuidoras de petróleo, (Shell,Esso, Estándar Oil). Esta medida bajó el precio de los combustibles e introdujo la competencia al petróleo, mediante su adhesión a la ALBA que significa que las ganancias obtenidas por la venta de combustibles queda en el gobierno de Honduras para apoyar inversión en programas sociales.

2) Suscribió un convenio de cooperación con el gobierno de Cuba para la importación de medicinas genéricas a precios bajos para competir con las empresas farmacéuticas transnacionales. La mayoría de la población hondureña vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, lo que les impide acceder a servicios de salud y compra de medicamentos.

3) Canceló el otorgamiento de permisos para la explotación minera a cielo abierto.

4) Incrementó un 30% el salario mínimo de los trabajadores.

5) Destinó un 1% del presupuesto a programas de conservación del medio ambiente.

6) Vetó el aporte de dinero de empresas y personas extranjeras a los partidos políticos.

7) Implementó Cajas de ahorro comunales, para darle crédito a bajas tasas de intereses a quienes no eran sujetos de crédito.

8) Implementó el programa de participación ciudadana para otorgar poder de decisión a la población.


Fuente: www.albedrio.org

Goriletti te vas a ir a... la carcel

Honduras en lucha!

La prueba para Obama: ¿El Pentágono está detrás del golpe de Estado en Honduras?

Por Eva Golinger

Cuando el Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue brutalmente secuestrado de la residencia presidencial en Tegucigalpa en horas de la madrugada del domingo 28 de junio, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, disfrutaba de la paz y tranquilidad en Camp David, la residencia vacacional del jefe de Estado norteamericano.

MientraS el Presidente Zelaya ERA golpeado por soldados hondureños y forzado a subirse en un avión sin saber su destino, el Presidente Obama desayunaba con el relajante sonido de los pajaritos del bosque del estado Maryland. Y durante el desarrollo del golpe de Estado en Honduras ayer, que produjo múltiples violaciones de los derechos humanos, el secuestro y la violencia contra la Cancillera de Honduras, Patricia Rodas, la brutalidad y secuestro de los embajadores de Cuba y Venezuela en Honduras y la toma ilegal del poder de un gobierno de facto, ilegítimo, el Presidente Obama estaba tomando una decisión muy, muy difícil sobre la iglesia donde él y su familia asistirán durante los próximos años.

El titular de hoy, “Obama escoge la misma iglesia en Camp David donde también asistía George Bush”, está más destacado en los medios estadounidenses que este titular, que además, minimiza y manipula la verdad: “Chávez y aliados respaldan al presidente derrocado de Honduras”. Obviamente, la selección de la iglesia donde la familia Obama pasará todos sus domingos durante los próximos cuatro años es mucho más importante que un golpe de Estado en un país centroamericano. Ahora también se entiende por qué ayer las declaraciones de la Casa Blanca sobre el golpe en Honduras, realizada solo por voceros y no directamente por el presidente, fueron tan ambíguas y mesuradas.

Obama no solamente estaba de retiro en el campo con su familia, sino que estaba tomando decisiones de alta prioridad sobre sus futuras estadías dominicales. No tenía tiempo para preocuparse con asuntos ajenos a su dominio personal. ¿Golpe, qué golpe' Obama estaba decidiendo sobre su propia vida y muerte, porque según reseña un artículo en la Revista Time, “a pesar de que Obama quería asistir a una congregación en Washington, luego de probar varias iglesias, decidió que ‘era incómodo’ estar en un lugar público donde ‘la gente’ se acercaba para verlo.” Entonces, por eso urgentemente se tuvo que trasladar a Camp David para aislarse de su pueblo.

El punto es que el Presidente Obama, a pesar de ser el actual Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses y el presidente del imperio, aún no está directamente en control sobre toda la maquinaria imperial. Fuentes cercanas a Washington han confirmado que el Pentágono, a través de la misión militar (grupo militar) de Estados Unidos en Honduras, ha estado trabajando con los militares golpistas involucrados en el golpe de Estado contra el Presidente Zelaya.

El Comando Sur realiza cerca de 55 maniobras anualmente con las fuerzas armadas de Honduras. La misión militar en la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa financia a las fuerzas armadas de Honduras con aproximadamente dos millones de dólares cada año, y eso no incluye los millones de dólares que Washington suministra a través de otros programas de cooperación con Honduras, y la gran inversión en la base militar de Estados Unidos en Soto Cano, Honduras. Ayer, miembros del congreso golpista de Honduras anunciaron que estaban en reuniones durante la semana anterior con el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens. Incluso, un congresista hondureño declaró que el embajador quería que realizaran la encuesta programada para el domingo pasado sobre un futuro referéndum para la convocatoria de una asamblea constituyente, porque “más adelante podemos resolver el problema de la reforma constitucional, no se preocupen”. Pero, según el congresista, no querían esperar hasta noviembre y permitir que Zelaya, junto al pueblo, “tomaran decisiones sobre el futuro del país”. Es cierto que el gobierno de Estados Unidos se ha unido a la declaración contundente de la Organización de Estados Americanos condenando al golpe de Estado y demandando el regreso inmediato del Presidente Zelaya al poder.

Pero hasta hoy, los voceros de Washington que han dado la cara sobre la situación en Honduras, han dicho que aún no estan considerando suspender el apoyo económico y militar a Honduras en caso de que los golpistas se niegen a cumplir con la Carta Interamericana y los principios democráticos. ¿Será que plantean a un golpe tipo Haiti en 2004, cuando secuestraron al Presidente Aristide y lo llevaron al exilio en África antes de que el mundo se enterara de la brutal violación de la democracia que estaba sucediendo en el país caribeño' Fue un avión estadounidense el que llevó a Aristide, escoltado por militares estadounidenses.

Y luego, el gobierno de Estados Unidos, junto a la OEA, condenó a la ruptura del orden constitucional. Pero en lugar de trabajar para el regreso de Aristide a su puesto legítimo como presidente de Haiti, apoyaron a un “período de transición” para restablecer el Estado de Derecho y permitir un proceso electoral “pácífico” durante el año siguente. Además, enviaron tropas de la ONU a Haiti, que principalmente fueron estadounidenses, para “garantizar la paz y orden” en el país. Hasta hoy siguen allí. La Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) financia a grupos de la llamada “sociedad civil” en Honduras con más de 50 millones de dólares al año.

A través de la National Endowment for Democracy (NED) y el Departamento de Estado, canalizan también millones de dólares y ayuda estratégica a los principales partidos políticos y organizaciones políticas en Honduras por vía del Instituto Republicano Internacional, el Instituto Demócrata Nacional y otras agencias de Washington. Grupos como Paz y Democracia, que salieron a la luz pública ayer respaldando el golpe de Estado en Honduras, reciben parte de ese dinero proveniente de los auto-llamados “promotores de la democracia”. Tanto como fue en el caso de Venezuela, durante el golpe de Estado de abril 2002, el gobierno de Estados Unidos financió a los grupos involucrados en el golpe, y los continuaban financiando a pesar de conocer a sus planes golpistas. Tal vez no sea el “smoking gun” (o la evidencia directa) que comprueba la mano de Washington en el golpe, pero es suficiente para demostrar su complicidad.

El Vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró una vez que el Presidente Obama será sujeto a una prueba internacional durante su primer año en el gobierno. La condena de Washington del golpe de Estado en Honduras tendrá que ser mucho más fuerte que su simple firma al final de la declaración de la OEA. Si no indican que suspenderán el apoyo financiero al gobierno golpista en Honduras, si éste sigue en el poder, el “cambio” que tanto avaló el Presidente Obama con referencia a la relación entre su administración y América Latina quedará como un chantaje.


Lea también: EEUU no reconoce golpe en Honduras y sólo condena la "situación"


Fuente: ABN
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The test for Obama: The Pentagon is behind the coup d’etat in Honduras - with or without the approval of the White House?

By Eva Golinger

Translated by Scott Campbell

When President Manual Zelaya of Honduras was brutally kidnapped from the presidential residence in Tegucigalpa in the early morning hours of Sunday, June 28, the president of the United States, Barack Obama, was enjoying the peace and tranquility of the countryside at Camp David, the vacation residence for the U.S. head of state. While President Zelaya was beaten by Honduran soldiers and forced into an airplane without knowing its destination, President Obama ate breakfast amidst the relaxing calls of birds in the Maryland forest. And while the coup developed in Honduras yesterday, producing multiple human rights violations: the kidnapping and violence against the Foreign Minister of Honduras, Patricia Rodas; the brutality against and kidnapping of the Cuban and Venezuelan ambassadors in Honduras; and the illegal seizure of power by an illegitimate de facto government, President Obama was making a very, very difficult decision about the church that he and his family would attend over the coming years.

Today’s headline, “Obama chooses the same church at Camp David that George Bush went to,” is more prominent in the U.S. media than this headline that also minimizes and manipulates the truth, “Chávez and allies back the overthrown president of Honduras.” It’s obvious, the choosing of the church which the Obama family will spend all their Sundays during the next four years is much more important than a coup d’état in a Central American country. Now one can understand as well why yesterday the statements from the White House about the coup in Honduras, made only by spokespersons and not directly by the president, were so ambiguous and measured. Obama not only was retired in the countryside with his family, but was also making high priority decisions about their future Sunday locale. He didn’t have time to worry himself with matters far from his personal sphere. Coup? What coup? Obama was deciding about his own life and death, because according to a report in Time magazine, “in spite of Obama wanting to attend a congregation in Washington, later, after trying out various churches, he decided that it ‘was uncomfortable’ to be in a public place where ‘the people’ gathered around to see him.” So, because of this, he urgently had to go to Camp David to isolate himself from his people.

The point is that President Obama, in spite of being the actual Commander-in-Chief of the United States Armed Forces and the president of the empire, is not directly in control of the entire imperial machinery. Sources close to Washington have confirmed that the Pentagon, through the military mission (military group) of the United States in Honduras, has been working with the military coupists involved in the coup d’état against President Zelaya. The South Command carries out nearly 55 operations annually with the Honduran armed forces. The military mission in the U.S. embassy in Tegucigalpa finances the armed forces of Honduras with approximately two million dollars every year, and that does not include the millions of dollars that Washington provides through other cooperation programs with Honduras, and the large investment in the U.S. military base in Soto Cano, Honduras.

Yesterday, members of the coupist congress in Honduras announced that they were in meetings the previous week with the U.S. ambassador in Tegucigalpa, Hugo Llorens. As well, one Honduran congressman stated that the ambassador wanted them to let the poll scheduled for last Sunday about future referendum for the calling of a Constituent Assembly to happen, because “later on we will be able to resolve the problem of constitutional reform, don’t worry.” But, according to the congressman, they didn’t want to wait until November and allow Zelaya, together with the people, “to make decisions about the future of the country.”

It’s true that the U.S. government has joined the forceful declaration by the Organization of American States condemning the coup d’état and demanding the immediate return of President Zelaya to power. But up to now, the spokespersons in Washington who have been speaking about the situation in Honduras have said that they are still not considering suspending economic and military aid to Honduras if the coupists refuse to observe the Inter-American Democratic Charter and democratic principles. Will it be a coup like that of Haiti in 2004, when they kidnapped President Aristide and brought him to exile in Africa before the world was aware of the brutal violation of democracy that was occurring in the Caribbean country? It was a U.S. plane that carried off Aristide, escorted by U.S. soldiers. And then, the U.S. government, together with the OAS, condemned the break up of democratic order. But instead of working for the return of Aristide to his legitimate position as president of Haiti, it supported a “transition period” during the following year. As well, it sent U.N. troops to Haiti to “guarantee peace and order” in the country. They are still there today.

The United States Agency for International Development (USAID) finances so-called “civil society” groups in Honduras with more than $50 million a year. The National Endowment for Democracy (NED) and the State Department also channel millions of dollars and strategic assistance to the principal political parties and political organizations in Honduras through the International Republican Institute, the National Democratic Institute, and other agencies in Washington. Groups like Peace and Democracy, who yesterday openly backed the coup d’état in Honduras, receive part of this money originating from the self-labeled “promoters of democracy.” Just as was the case in Venezuela, during the coup in April 2002, the U.S government financed those groups involved in the coup, and they continued financing them in spite of knowing of their plans for a coup. Perhaps there will be no smoking gun or direct evidence which proves the hand of Washington in the coup, but it is enough to demonstrate its complicity.

U.S. Vice President Joe Biden once stated that President Obama will be subjected to an international test during his first year in office. Washington’s condemnation of the coup d’état in Honduras has to be much stronger than a simple signature at the end of an OAS declaration. If it doesn’t signal that it will suspend financial support to the coupist government in Honduras if it remains in power, the “change” that President Obama guaranteed with reference to the relationship between his administration and Latin America will become more like blackmail.

Fuente: http://angrywhitekid.blogs.com

National Front Against the Coup D’état: Communique 2

The popular movement, through its different organized manifestations, reports to the rest of the Honduran people that we remain in the struggle at the national level, in resistance against the coup d’état perpetrated by the ultra-right oligarchy and we communicate the following:

We reaffirm that what happened on June 28, 2009, against the government of President José Manuel Zelaya Rosales, is a coup d’état and a violation of the Constitution of the Republic and a breaking of the State of Law.

Orders have been given to repress the peaceful resistance mobilizations and all people who are not in agreement with the coup d’état.

Those leading the repression are soldiers, former soldiers of the national army, the national police and Battalion 316, a saddening reminder for Honduras of the times of the cold war, for the assassinations and disappearances committed in the service of the oligarchy.

To the Honduran people, we ask you to remain in resistance and to continue the peaceful demonstrations in the major cities, highways, and municipalities of the country.

The coup d’état has been rejected internationally and in a U.N. resolution; they have refused to recognize the farce that installed Roberto Micheletti as president.

We condemn the violation of the freedom of expression. There are closed television and radio stations, and journalists who are imprisoned, persecuted or with arrest warrants.

We make public the knowledge that the Public Ministry is preparing legal injunctions that are dated before the coup occurred against citizen President Zelaya Rosales and his cabinet in order to justify their actions.

To make the population aware that at the meeting in Central Park on June 30, organized by the coupists, the employees of fast food restaurants, maquiladoras, and private security companies were obligated to participate in the event.

We invite the Honduran people to continue demonstrating in all forms possible against the coup d’état and for the re-establishment of constitutional order with the return of President José Manuel Zelaya Rosales.

Tegucigalpa M.D.C. June 30, 2009National Front Against the Coup D’état

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Argumentos de derecho constitucional primario para una oligarquía golpista primaria

Por Francisco Palacios Romeo

Rebelión
Existe una casi sospechosa unanimidad en condenar la factura del golpe de Estado en Honduras. Esta actitud viene facilitada por la nueva estrategia de la presidencia estadounidense.
Por otro lado, la mayoría de esos mismos gobiernos, grupos económicos y grupos mediáticos no dejan de considerar, e incluso de avalar, los argumentos que dieron lugar a ese mismo golpe. No dejan de deslizar numerosas sombras de sospecha sobre el comportamiento jurídico-constitucional del presidente Zelaya. En definitiva tratan de presentarlo como un presidente autoritario, institucionalmente indecoroso. En un juego siniestro de mimetismos con los presidentes Chávez, Morales, Ortega o Correa.

El argumento y la matriz mediática siempre son los mismos: no son demócratas, intentan generar un modelo constitucional no homologable y recurren a instrumentos jurídica y políticamente pérfidos. Sin embargo la cuestión tiene premisas contrarias. Historia, teoría, ideología y premisas constitucionales contrarias.

LA MANIPULACIÓN SOBRE LA PREGUNTA
La consulta que pretendía hacer el Presidente Zelaya no versaba sobre su reelección. Eso ha sido una manipulación más de la gran prensa hegemónica en general, de los medios de comunicación internacionales en particular y de los distintos grupos de poder que acostumbran a violar el derecho a la información según sus intereses. La pregunta versaba sobre una hipotética convocatoria para una Asamblea Constituyente, allá por noviembre. Era la siguiente: “¿Esta de usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que emita una nueva Constitución de la República?”.

Era una pregunta sobre la posibilidad de hacer otra pregunta. Por lo tanto era una pregunta absolutamente inocua a corto y medio plazo. Una pregunta que debía ser validada por otra segunda pregunta.

LOS INEXISTENTES ARGUMENTOS DE LA CORTE SUPREMA
La consulta es prohibida por un simple Juzgado de Letras Contencioso, que es un juzgado de primera instancia, el cual emite una sentencia corta bajo el único argumento de que “su implementación redundaría en daños de carácter económico, político y social que serían de imposible reparación para el Estado de Honduras” (sic). Nada más se argumenta, salvo la cantinela vacua de su inconstitucionalidad e ilegalidad al pretender una consulta sobre una Asamblea Constituyente.

La sentencia del Juzgado de Letras será apoyada por una decisión del Tribunal Supremo Electoral que se niega a colaborar en su organización. La Corte Suprema de Justicia, por último, emitió un corto comunicado lleno, también, de generalidades y de tópicos falaces. Dice la Corte Suprema de Justicia:

“…Siendo el decomiso la ejecución de una actuación judicial firme ratificado por la Corte de lo Contencioso Administrativo en donde se declara ilegal la encuesta patrocinada por el Ejecutivo, quien en ningún momento atendió los mandatos emanados de la Constitución y la Ley, el Poder Judicial considera que tal actuación se realiza dentro del marco legal, en base a una disposición judicial emitida por el juez competente(…)quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna…”.
Argumentos simplones y falsos.

3. LA FALSEDAD DE LA INCONSTITUCIONALIDAD
El Presidente no ha vulnerado un solo artículo de la Constitución. La Constitución de Honduras nada dice sobre que el Presidente no pueda hacer una consulta. En ningún artículo prohíbe la posibilidad de que el Presidente pueda hacer una consulta al Pueblo.
En ningún artículo le asigna la competencia exclusiva para la consulta al Tribunal Supremo Electoral.

En ningún artículo se dice que no se pueda preguntar sobre una hipotética convocatoria de Asamblea Constituyente. Es más, la Constitución no menciona la posibilidad de una reforma integral del texto y, por lo tanto, aun está más justificado que se pueda convocar una asamblea constituyente al no existir regulación constitucional sobre una reforma total de la misma.

Es importante advertir que la Constitución de Honduras tiene cláusulas de intangibilidad (artículos que se prohíben reformar). Las cláusulas de intangibilidad son inadmisibles, ya que toda cláusula de intangibilidad es un atentado contra el principio sagrado del Poder Constituyente soberano. Los artículos intangibles convierten una Constitución en una Biblia. Sólo podría llegar a ser admisible un tipo de intangibilidad: la de los derechos fundamentales, respecto a su merma o reducción, con base al respeto de convenios y tratados internacionales de derechos y a un principio general de derecho natural. Y este no es el caso, puesto que la Constitución de Honduras habla de la intangibilidad de artículos referentes a la conformación y elección de las instituciones del Estado, fundamentalmente de su Presidente (artículo 374).

El Presidente ha sido extremadamente cauteloso ya que ha abordado el tema de la Asamblea Constituyente con las máximas garantías al no hacer la pregunta directamente sino al establecer la máxima garantía de la doble consulta: a) Preguntando (en junio) si el pueblo quiere que se haga una consulta en noviembre, b) Preguntando (en noviembre) si el pueblo quiere que se inicien actuaciones para la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Con todo ello el Presidente no vulnera ningún precepto constitucional sino que más bien por el contrario está: a) abriendo una amplia vía de participación popular vinculante con varias consultas sobre un mismo tema y b) está abriendo un muy amplio debate sobre dicha cuestión, con varios meses de posible discusión mediática, institucional y popular.

4. LA FALSEDAD DE LA ILEGALIDAD
a) El Tribunal Supremo Electoral no tiene la exclusividad de las actuaciones de participación política según se desprende de la Ley (Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, 2004). Tiene la exclusividad de las actividades electorales pero no hay que confundir “lo electoral” con la participación popular directa mediante consulta o referéndum. De hecho esta ley sólo se refiere a elecciones siempre -en todos los artículos- como eventos donde se disputa una cargo o escaño. Sin hacer mención a lo largo de toda la ley a consultas o referéndum.b) En las atribuciones del T.S.E. no se encuentra el monopolio de convocatoria u organización de todo tipo de proceso de participación popular directa y ni siquiera de todo tipo de proceso electoral (vid. artículo 15 L.E.O.P.). En su numeral 8 consta la atribución “convocar a elecciones”, pero nada se dice de consultas. En el numeral 5 se habla “organizar y dirigir los procesos electorales”. Pero organizar no es convocar sino establecer el procedimiento jurídico-administrativo del proceso.c) Está claro que no había impedimento legal para que el Presidente actuara de ese modo. Y por eso se intento fabricar una ley a toda velocidad. Por ese motivo el Congreso Nacional intentó aprobar una nueva ley de Referéndum para legitimar sus actuaciones intentando hacerla valer como vigente (Ley de Referéndum y Plebiscito). Pero la ley aprobada contra reloj (en 3 días) no es una ley válida ya que le falta todo el posterior proceso de sanción presidencial o, en su caso, todo un largo proceso de posible veto presidencial.d) La simple consulta al Pueblo que no distorsione procedimientos legalmente establecidos debe ser legal por definición y por principio democrático; ya que la participación/opinión del pueblo soberano debe ser siempre la primera premisa de toda democracia.

5.- SOBRE LA DISCREPANCIA INSTITUCIONAL ENTRE PODERES

Dice la Corte Suprema de Justicia:
“…Siendo el decomiso la ejecución de una actuación judicial firme ratificado por la Corte de lo Contencioso Administrativo en donde se declara ilegal la encuesta patrocinada por el Ejecutivo, quien en ningún momento atendió los mandatos emanados de la Constitución y la Ley, el Poder Judicial considera que tal actuación se realiza dentro del marco legal, en base a una disposición judicial emitida por el juez competente(…)El Poder Judicial deja constancia que si el origen de las acciones del día de hoy esta basado en una orden judicial emitida por Juez competente, su ejecución esta enmarcada dentro de los preceptos legales, y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se anteponga a devolver al Estado de Honduras, el Imperio de la Ley….”
Falso.

¿La discrepancia entre poderes del Estado legitima el desalojo del Presidente? Nunca, a eso se le llama conflicto de competencias y es una situación normal en muchas coyunturas políticas democráticas. Para resolverlo existen mecanismos institucionales y una larga tradición de teoría general de la Constitución.

Todos los poderes judiciales y tribunales del mundo declaran no ajustadas a derecho, diariamente, miles de normas, disposiciones o actos del Poder Ejecutivo, de los distintos poderes ejecutivos, de los poderes municipales y de la Administración Pública. ¿Se puede imaginar que cada “disposición judicial emitida por el juez competente” (y sin agotar recursos) pudiera tener como consecuencia el desalojo del cargo representativo y el exilio para el cargo representativo (unipersonal o colegiado) que contradijera, a capricho del juez, del policía o del mando militar correspondiente?

6.- SOBRE EL ACTO DE FUERZA Y EL PAPEL CONSTITUCIONAL DEL EJERCITO

Dice la Corte Suprema de Justicia:
…El Poder Judicial también estima que en el caso que se conoce, las Fuerzas Armadas como defensores del imperio de la Constitución, ha actuado en defensa del Estado de Derecho obligando a cumplir las disposiciones legales, a quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna…”

Falso:
Es al contrario: lo inconstitucional y lo ilegal es desobedecer al Presidente según reza la propia Constitución que dicen defender: Artículo 245.16 (“Ejercer el mando en Jefe de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante General…”);

Las fuerzas armadas están siempre supeditadas al poder ejecutivo constitucionalmente establecido, son la Administración militar del Estado y como la Constitución dice son dirigidas por el Presidente. No son un poder constitucional autónomo. No son un poder deliberante (Artículo 272. “Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante”). Sólo en casos extremos en donde se hubiera establecido un clima estructural de violencia inconstitucional generalizado contra la población civil podría admitirse una legitimación para la actuación autónoma del Ejército.

¿Estamos ante una gravísima actuación inconstitucional del Presidente? Es evidente que no, como ya se ha argumentado. Pero incluso en el caso de que hubiera alguna duda nunca es constitucional secuestrar al Presidente, expulsarlo del país y habilitar a otro Presidente sin seguir, además, el más mínimo procedimiento constitucional para el “caso de vacante”. Eso es un golpe de Estado.

CONCLUSIÓN
Para las oligarquías el Derecho -los derechos- siempre han sido un reglamento interno de gestión, de la misma manera que el Estado ha sido el Consejo de Administración de esa inmensa fábrica que suponen ellos debe ser una Sociedad. En Honduras estamos ante más de lo mismo. El juego institucional, el juego democrático, los valores constitucionales no les interesan en tanto no sirvan de instrumento a sus intereses. Tampoco les interesa debatir sobre procesos de cambio a pesar de que después de 200 años en el poder sólo han construido sumideros sociales de cochambre, miseria y corrupción. Eso sí con pequeños reductos de lujo obsceno que para nada les averguenzan. Por no haber sabido no han sabido siquiera ser reales burgueses o gestores porque nada han producido ni ningún Estado han construido. No son nada, sólo primarios oligarcas golfos y golpistas. Ellos y… sus cómplices internacionales políticos, económicos y mediáticos.

*FRANCISCO PALACIOS ROMEO es PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA). MIEMBRO DEL COMITÉ INTERNACIONALISTA DE ARAGÓN

Fuente : Rebelion.org

Un gorila encerrado en una jaula legal

Fuente: TVZL - youtube.com

CNN apoya descaradamente el golpe de Estado

Fuente: eImoi6 - youtube.com

Honduras no es excepción

Por Ángel Guerra

El golpe de Estado contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya reitera el odio feroz de las oligarquías de América Latina al derecho del pueblo a ser escuchado y a participar en la decisión de su destino. Está lejos de ser una anomalía(Remember 11/4/02 en Venezuela y la sedición separatista en Bolivia) en un contexto, por demás imaginario, de “retorno” de la democracia a América Latina. No es riguroso hablar de regímenes democráticos donde reina la desigualdad, el número de millones de pobres va en ascenso y cada vez es mayor el abismo entre una pequeña y opulenta elite que detenta el poder económico y político y la inmensa mayoría de la población. Ha habido sí crecientes luchas populares por la democracia que han abierto nuevos espacios políticos y cambiado el mapa político regional y existen naciones en las que se lucha mediante sistemáticas políticas de Estado para cerrar aquella brecha y propiciar que el pueblo pueda expresarse, participar, y, sobre todo, influir en la determinación de las políticas públicas, como son los casos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador. No es casual que Zelaya se acercara a Hugo Chávez, Daniel Ortega y Fidel y Raúl Castro, y promoviera el ingreso de su país al Alba cuando se dio cuenta de la hostilidad de la oligarquía local y del capital internacional contra sus prudentes proyectos de justicia social y participación.

El primitivismo político y la impudicia de forma y fondo de que ha hecho gala en los últimos días una oligarquía criolla habituada a gobernar a garrotazos y sin rendir cuentas más que al Comando Sur de Estados Unidos ha tenido la virtud de recordarnos la verdadera entraña antidemocrática de las clases dominantes, sin excepción, al sur del río Bravo. No es nuevo que apoyadas más o menos veladamente por Washington, sean capaces de ejercer toda la brutalidad contra el pueblo y de hacer que corra la sangre a raudales cuando ven cerca la posibilidad de reforma social. En fin de cuentas, qué diferencia sustantiva puede argumentarse entre la refinada oligarquía chilena y la bananera de Honduras. Ya lo resumió Rafael Correa cuando llamó pinochetti al dictador impuesto por los espadones de Tegucigalpa, también bautizado por Chávez como goriletti.

Lo que sí hace una diferencia en este caso respecto al pasado es la unánime condena internacional a los golpistas, atribuible a su grotesca actuación con ribetes de vodevil, a todas luces indefendible, pero principalmente al avance de la conciencia política de los pueblos y de la relación de fuerzas en la lucha contra el imperialismo, en primer lugar en América Latina. Tras esta nueva realidad política están el caracazo, el levantamiento indígena de Chiapas, las insurrecciones populares contra los gobiernos neoliberales en Bolivia, Ecuador y Argentina, los pasos hacia la unidad, integración y concertación política continental. Unasur, el Alba, Caricom y el Grupo de Río son ya centros de coordinación política sin la presencia de Washington que sustancian la independencia latinoamericana. También influyen en este escenario la heroica resistencia palestina contra el nazi-sionismo, el descalabro militar de Estados Unidos en Irak y Afganistán y, como no, su derrota por intermedio del ejército israelí a manos de la resistencia patriótica de Líbano.

El presidente Zelaya ha actuado con una gran dignidad y su proyección internacional de hombre honesto y comprometido con los pobres crece en la misma medida que aumenta el repudio contra la pandilla de militares, grandes empresarios, dueños del poder mediático, diputados y jueces, que cohonestó el golpe pisoteando la Constitución de Honduras. Nunca olvidaré el descaro con que ante los ojos atónitos del mundo, en vivo y en directo, se inventaron la supuesta carta de renuncia del presidente constitucional.

La batalla que se libra hoy en Honduras es por la libertad de todos los pueblos de América Latina y existen todas las posibilidades de ganarla por el pueblo hondureño con el presidente Zelaya al frente siempre que no se negocie con la cúpula golpista, que, al contrario, debe ser sometido a juicio por sus graves violaciones a la Constitución y las leyes. Lo que precipitó el golpe en Honduras fue la lucha del presidente por hacer que el pueblo fuera escuchado, un principio jurídico y político sin cuya observancia no puede hablarse de democracia.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx

Argumentos de derecho constitucional primario para una oligarquía golpista primaria

Por Francisco Palacios Romeo

Existe una casi sospechosa unanimidad en condenar la factura del golpe de Estado en Honduras. Esta actitud viene facilitada por la nueva estrategia de la presidencia estadounidense.

Por otro lado, la mayoría de esos mismos gobiernos, grupos económicos y grupos mediáticos no dejan de considerar, e incluso de avalar, los argumentos que dieron lugar a ese mismo golpe. No dejan de deslizar numerosas sombras de sospecha sobre el comportamiento jurídico-constitucional del presidente Zelaya. En definitiva tratan de presentarlo como un presidente autoritario, institucionalmente indecoroso. En un juego siniestro de mimetismos con los presidentes Chávez, Morales, Ortega o Correa.

El argumento y la matriz mediática siempre son los mismos: no son demócratas, intentan generar un modelo constitucional no homologable y recurren a instrumentos jurídica y políticamente pérfidos. Sin embargo la cuestión tiene premisas contrarias. Historia, teoría, ideología y premisas constitucionales contrarias.

1. LA MANIPULACIÓN SOBRE LA PREGUNTA

La consulta que pretendía hacer el Presidente Zelaya no versaba sobre su reelección. Eso ha sido una manipulación más de la gran prensa hegemónica en general, de los medios de comunicación internacionales en particular y de los distintos grupos de poder que acostumbran a violar el derecho a la información según sus intereses. La pregunta versaba sobre una hipotética convocatoria para una Asamblea Constituyente, allá por noviembre. Era la siguiente: “¿Esta de usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que emita una nueva Constitución de la República?”.

Era una pregunta sobre la posibilidad de hacer otra pregunta. Por lo tanto era una pregunta absolutamente inocua a corto y medio plazo. Una pregunta que debía ser validada por otra segunda pregunta.

2. LOS INEXISTENTES ARGUMENTOS DE LA CORTE SUPREMA

La consulta es prohibida por un simple Juzgado de Letras Contencioso, que es un juzgado de primera instancia, el cual emite una sentencia corta bajo el único argumento de que “su implementación redundaría en daños de carácter económico, político y social que serían de imposible reparación para el Estado de Honduras” (sic). Nada más se argumenta, salvo la cantinela vacua de su inconstitucionalidad e ilegalidad al pretender una consulta sobre una Asamblea Constituyente.

La sentencia del Juzgado de Letras será apoyada por una decisión del Tribunal Supremo Electoral que se niega a colaborar en su organización. La Corte Suprema de Justicia, por último, emitió un corto comunicado lleno, también, de generalidades y de tópicos falaces. Dice la Corte Suprema de Justicia:

“…Siendo el decomiso la ejecución de una actuación judicial firme ratificado por la Corte de lo Contencioso Administrativo en donde se declara ilegal la encuesta patrocinada por el Ejecutivo, quien en ningún momento atendió los mandatos emanados de la Constitución y la Ley, el Poder Judicial considera que tal actuación se realiza dentro del marco legal, en base a una disposición judicial emitida por el juez competente(…)quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna…”.

Argumentos simplones y falsos.

3. LA FALSEDAD DE LA INCONSTITUCIONALIDAD

1. El Presidente no ha vulnerado un solo artículo de la Constitución. La Constitución de Honduras nada dice sobre que el Presidente no pueda hacer una consulta. En ningún artículo prohíbe la posibilidad de que el Presidente pueda hacer una consulta al Pueblo.

2. En ningún artículo le asigna la competencia exclusiva para la consulta al Tribunal Supremo Electoral.

3. En ningún artículo se dice que no se pueda preguntar sobre una hipotética convocatoria de Asamblea Constituyente. Es más, la Constitución no menciona la posibilidad de una reforma integral del texto y, por lo tanto, aun está más justificado que se pueda convocar una asamblea constituyente al no existir regulación constitucional sobre una reforma total de la misma.

4. Es importante advertir que la Constitución de Honduras tiene cláusulas de intangibilidad (artículos que se prohíben reformar). Las cláusulas de intangibilidad son inadmisibles, ya que toda cláusula de intangibilidad es un atentado contra el principio sagrado del Poder Constituyente soberano. Los artículos intangibles convierten una Constitución en una Biblia. Sólo podría llegar a ser admisible un tipo de intangibilidad: la de los derechos fundamentales, respecto a su merma o reducción, con base al respeto de convenios y tratados internacionales de derechos y a un principio general de derecho natural. Y este no es el caso, puesto que la Constitución de Honduras habla de la intangibilidad de artículos referentes a la conformación y elección de las instituciones del Estado, fundamentalmente de su Presidente (artículo 374).

5. El Presidente ha sido extremadamente cauteloso ya que ha abordado el tema de la Asamblea Constituyente con las máximas garantías al no hacer la pregunta directamente sino al establecer la máxima garantía de la doble consulta: a) Preguntando (en junio) si el pueblo quiere que se haga una consulta en noviembre, b) Preguntando (en noviembre) si el pueblo quiere que se inicien actuaciones para la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

6. Con todo ello el Presidente no vulnera ningún precepto constitucional sino que más bien por el contrario está: a) abriendo una amplia vía de participación popular vinculante con varias consultas sobre un mismo tema y b) está abriendo un muy amplio debate sobre dicha cuestión, con varios meses de posible discusión mediática, institucional y popular.
   
   

4. LA FALSEDAD DE LA ILEGALIDAD

a) El Tribunal Supremo Electoral no tiene la exclusividad de las actuaciones de participación política según se desprende de la Ley (Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, 2004). Tiene la exclusividad de las actividades electorales pero no hay que confundir “lo electoral” con la participación popular directa mediante consulta o referéndum. De hecho esta ley sólo se refiere a elecciones siempre -en todos los artículos- como eventos donde se disputa una cargo o escaño. Sin hacer mención a lo largo de toda la ley a consultas o referéndum.

b) En las atribuciones del T.S.E. no se encuentra el monopolio de convocatoria u organización de todo tipo de proceso de participación popular directa y ni siquiera de todo tipo de proceso electoral (vid. artículo 15 L.E.O.P.). En su numeral 8 consta la atribución “convocar a elecciones”, pero nada se dice de consultas. En el numeral 5 se habla “organizar y dirigir los procesos electorales”. Pero organizar no es convocar sino establecer el procedimiento jurídico-administrativo del proceso.

c) Está claro que no había impedimento legal para que el Presidente actuara de ese modo. Y por eso se intento fabricar una ley a toda velocidad. Por ese motivo el Congreso Nacional intentó aprobar una nueva ley de Referéndum para legitimar sus actuaciones intentando hacerla valer como vigente (Ley de Referéndum y Plebiscito). Pero la ley aprobada contra reloj (en 3 días) no es una ley válida ya que le falta todo el posterior proceso de sanción presidencial o, en su caso, todo un largo proceso de posible veto presidencial.

d) La simple consulta al Pueblo que no distorsione procedimientos legalmente establecidos debe ser legal por definición y por principio democrático; ya que la participación/opinión del pueblo soberano debe ser siempre la primera premisa de toda democracia.

5.- SOBRE LA DISCREPANCIA INSTITUCIONAL ENTRE PODERES

Dice la Corte Suprema de Justicia:

“…Siendo el decomiso la ejecución de una actuación judicial firme ratificado por la Corte de lo Contencioso Administrativo en donde se declara ilegal la encuesta patrocinada por el Ejecutivo, quien en ningún momento atendió los mandatos emanados de la Constitución y la Ley, el Poder Judicial considera que tal actuación se realiza dentro del marco legal, en base a una disposición judicial emitida por el juez competente(…)El Poder Judicial deja constancia que si el origen de las acciones del día de hoy esta basado en una orden judicial emitida por Juez competente, su ejecución esta enmarcada dentro de los preceptos legales, y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se anteponga a devolver al Estado de Honduras, el Imperio de la Ley….”

Falso.

1. ¿La discrepancia entre poderes del Estado legitima el desalojo del Presidente? Nunca, a eso se le llama conflicto de competencias y es una situación normal en muchas coyunturas políticas democráticas. Para resolverlo existen mecanismos institucionales y una larga tradición de teoría general de la Constitución.

2. Todos los poderes judiciales y tribunales del mundo declaran no ajustadas a derecho, diariamente, miles de normas, disposiciones o actos del Poder Ejecutivo, de los distintos poderes ejecutivos, de los poderes municipales y de la Administración Pública. ¿Se puede imaginar que cada “disposición judicial emitida por el juez competente” (y sin agotar recursos) pudiera tener como consecuencia el desalojo del cargo representativo y el exilio para el cargo representativo (unipersonal o colegiado) que contradijera, a capricho del juez, del policía o del mando militar correspondiente?

6.- SOBRE EL ACTO DE FUERZA Y EL PAPEL CONSTITUCIONAL DEL EJERCITO

Dice la Corte Suprema de Justicia:

…El Poder Judicial también estima que en el caso que se conoce, las Fuerzas Armadas como defensores del imperio de la Constitución, ha actuado en defensa del Estado de Derecho obligando a cumplir las disposiciones legales, a quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna…”

Falso:

1. Es al contrario: lo inconstitucional y lo ilegal es desobedecer al Presidente según reza la propia Constitución que dicen defender: Artículo 245.16 (“Ejercer el mando en Jefe de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante General…”);

2. Las fuerzas armadas están siempre supeditadas al poder ejecutivo constitucionalmente establecido, son la Administración militar del Estado y como la Constitución dice son dirigidas por el Presidente. No son un poder constitucional autónomo. No son un poder deliberante (Artículo 272. “Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante”). Sólo en casos extremos en donde se hubiera establecido un clima estructural de violencia inconstitucional generalizado contra la población civil podría admitirse una legitimación para la actuación autónoma del Ejército.

3. ¿Estamos ante una gravísima actuación inconstitucional del Presidente? Es evidente que no, como ya se ha argumentado. Pero incluso en el caso de que hubiera alguna duda nunca es constitucional secuestrar al Presidente, expulsarlo del país y habilitar a otro Presidente sin seguir, además, el más mínimo procedimiento constitucional para el “caso de vacante”. Eso es un golpe de Estado.

CONCLUSIÓN

Para las oligarquías el Derecho -los derechos- siempre han sido un reglamento interno de gestión, de la misma manera que el Estado ha sido el Consejo de Administración de esa inmensa fábrica que suponen ellos debe ser una Sociedad. En Honduras estamos ante más de lo mismo. El juego institucional, el juego democrático, los valores constitucionales no les interesan en tanto no sirvan de instrumento a sus intereses. Tampoco les interesa debatir sobre procesos de cambio a pesar de que después de 200 años en el poder sólo han construido sumideros sociales de cochambre, miseria y corrupción. Eso sí con pequeños reductos de lujo obsceno que para nada les averguenzan. Por no haber sabido no han sabido siquiera ser reales burgueses o gestores porque nada han producido ni ningún Estado han construido. No son nada, sólo primarios oligarcas golfos y golpistas. Ellos y… sus cómplices internacionales políticos, económicos y mediáticos.

*FRANCISCO PALACIOS ROMEO es PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA). MIEMBRO DEL COMITÉ INTERNACIONALISTA DE ARAGÓN