El ex presidente de Honduras Manuel Zelaya denunciará a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por su implicación en el golpe de Estado, tras conocer los documentos secretos filtrados por el sitio web Wikileaks.
"Esta revelación de Wikileaks los compromete mucho porque conociendo el delito, lo encubrieron. La inteligencia estadounidense sabía del golpe de Estado", declaró el ex mandatario.
Zelaya fue secuestrado por militares encapuchados y llevado a la fuerza a Costa Rica el 28 de junio de 2009, cuando se iba a celebrar en el país una encuesta en torno a futuras reformas institucionales.
En un informe enviado a Washington a raíz del derrocamiento del presidente, el embajador norteamericano aquí, Hugo Llorens, reconoció que se trataba de un golpe de Estado y que la toma del poder por Roberto Micheletti era ilegítima.
"Los militares, la Corte Suprema y el Congreso Nacional han conspirado el 28 de junio en lo que constituyó un golpe de Estado ilegal y anticonstitucional contra el poder Ejecutivo", reza el documento.
Admitió Llorens que tras haber consultado a varios expertos sobre la legislación hondureña, no puede concluirse que Zelaya violara ley alguna o que intentara perpetuarse en el poder mediante la reforma constitucional, como lo afirmaron los autores del golpe.
"Los argumentos esgrimidos por los defensores del golpe son a menudo ambiguos, no tienen ninguna validez sustancial y en algunos casos son abiertamente falsos", dijo Llorens.
Al conocer los documentos, Zelaya afirmó que Estados Unidos debe responder por su implicación en el golpe, ya que siendo consciente de ello dejó que sucedieran los hechos hasta la celebración de elecciones fraudulentas bajo el régimen de Micheletti.
En una entrevista concedida a Telesur, indicó que los cables filtrados por el portal Wikileaks le permitirán acudir a la CPI para denunciar a Washington como violador de los derechos humanos, pues no tomó ningún tipo de prevención.
Tras la asonada, el Departamento de Estado se negó a calificar lo sucedido en Honduras como un golpe de Estado y el país norteño fue el que más tiempo tardó en aplicar sanciones al régimen de facto.
Fuente: Prensa Latina - mgt/car
"Esta revelación de Wikileaks los compromete mucho porque conociendo el delito, lo encubrieron. La inteligencia estadounidense sabía del golpe de Estado", declaró el ex mandatario.
Zelaya fue secuestrado por militares encapuchados y llevado a la fuerza a Costa Rica el 28 de junio de 2009, cuando se iba a celebrar en el país una encuesta en torno a futuras reformas institucionales.
En un informe enviado a Washington a raíz del derrocamiento del presidente, el embajador norteamericano aquí, Hugo Llorens, reconoció que se trataba de un golpe de Estado y que la toma del poder por Roberto Micheletti era ilegítima.
"Los militares, la Corte Suprema y el Congreso Nacional han conspirado el 28 de junio en lo que constituyó un golpe de Estado ilegal y anticonstitucional contra el poder Ejecutivo", reza el documento.
Admitió Llorens que tras haber consultado a varios expertos sobre la legislación hondureña, no puede concluirse que Zelaya violara ley alguna o que intentara perpetuarse en el poder mediante la reforma constitucional, como lo afirmaron los autores del golpe.
"Los argumentos esgrimidos por los defensores del golpe son a menudo ambiguos, no tienen ninguna validez sustancial y en algunos casos son abiertamente falsos", dijo Llorens.
Al conocer los documentos, Zelaya afirmó que Estados Unidos debe responder por su implicación en el golpe, ya que siendo consciente de ello dejó que sucedieran los hechos hasta la celebración de elecciones fraudulentas bajo el régimen de Micheletti.
En una entrevista concedida a Telesur, indicó que los cables filtrados por el portal Wikileaks le permitirán acudir a la CPI para denunciar a Washington como violador de los derechos humanos, pues no tomó ningún tipo de prevención.
Tras la asonada, el Departamento de Estado se negó a calificar lo sucedido en Honduras como un golpe de Estado y el país norteño fue el que más tiempo tardó en aplicar sanciones al régimen de facto.
Fuente: Prensa Latina - mgt/car
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