Entrevista a la Magistrada salvadoreña Mirna Perla Jiménez y al Juez español Luis Nieto
Mario Casasús
Defensores en línea/Rebelión
En entrevista con defensoresenlínea.com Mirna Perla Jiménez -Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador- y Luis Carlos Nieto –Juez de España- analizan los alcances de la Comisión de Verdad en Honduras que integran junto a Elsie Monge (Ecuador), Nora Cortiñas (Argentina), Helen Umaña (Honduras), Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), François Houtart (Bélgica), Francisco José Aguilar Urbina (Costa Rica), Craig Scott (Canadá) y Fausto Milla (Honduras).
A primera hora del martes 2 de noviembre, la Comisión de Verdad se reunió con medios de comunicación censurados y agredidos por las dictaduras de Roberto Micheletti y Porfirio Lobo; por la tarde los delegados internacionales ofrecieron una conferencia de prensa, para continuar con la gira en Tegucigalpa, Comayagua y San Pedro Sula, visitando a organizaciones populares y entrevistando a víctimas del terrorismo de Estado. Ambos juristas, Mirna Perla Jiménez (El Salvador) y Luis Carlos Nieto (España) comparten la experiencia de sus respectivos países con los lectores de defensoresenlinea.com
MC.- ¿Por qué aceptaron la invitación para integrar la Comisión de Verdad de Honduras?
MPJ.- Es un honor que se me considere para un esfuerzo en la defensa de los derechos humanos de Honduras, he tenido una experiencia de larga data en la denuncia de los crímenes de lesa humanidad de Centroamérica durante la guerra de baja intensidad y la violación sistemática de los derechos humanos en la región; ahora, con el golpe de Estado en Honduras, nuestro deseo es contribuir para que Honduras supere y avance hacia un Estado democrático, donde se respeten todas las libertades, pero sobre todo que se reconstruya el tejido social y las variables de la economía sean justas; sabemos que nuestros países son dependientes de las grandes potencias y esa es la primera violación a los derechos humanos, porque atacan el derecho a la alimentación de los pueblos. Por el conocimiento que tengo de Honduras –desde la década de 1980- comparto una simpatía natural que tenemos en el pueblo salvadoreño por nuestros hermanos hondureños, por su cultura y las similitudes históricas, por eso nos interesa contribuir en el esclarecimiento de la Verdad, analizar el contexto de las violaciones a los derechos humanos, estudiar la ruptura del orden constitucional y el regreso de los escuadrones de la muerte que operaban con un patrón definido después del golpe de Estado.
LCN.- Acepté porque desde mi trabajo, con el ejercicio normal de la jurisdicción, llegas al convencimiento de que la función del juez es fundamentalmente resolver en derecho los casos y la promoción de las libertades públicas y los derechos humanos, eso evidentemente lleva un compromiso personal, que de alguna forma canalizamos colectivamente a través de la “Asociación de Jueces para la Democracia de España” y ese compromiso me ha llevado a participar en la Comisión de Verdad de Honduras.
MC.- ¿Cuál será la metodología de la Comisión de Verdad?, ¿con qué frecuencia vendrán a Honduras?
MPJ.- Como lo explicó Elsie Monge, la Presidenta de la Comisión de Verdad, durante la rueda de prensa: trabajaremos con la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras; presentamos la Comisión de Verdad el 28 de junio de 2010, para el aniversario del golpe de Estado y regresaremos cada 3 o 4 meses –depende de la urgencia-; contamos con un equipo técnico y de comunicación permanente en Honduras, con teléfonos para hacer denuncias, porque sabemos que hay un trabajo adelantado de los organismos locales de derechos humanos, esa valiosa información la sistematizaremos en archivo digital, con un formulario, para presentar el Informe de la Comisión de Verdad el próximo año.
MC.- El régimen de Lobo pretende imponer una “reconciliación nacional” sin esclarecer la verdad, ni castigar a los culpables de los crímenes de lesa humanidad. Magistrada Mirna Perla, ¿cómo lograron en El Salvador incluir en la agenda el tema de la Justicia Restaurativa?
MPJ.- En El Salvador se está comenzando a hablar de la Justicia Restaurativa, que significa unos procesos donde la víctima puede expresar todo el dolor que se le ha causado y las condiciones en las que podría aceptar el perdón o disculpa del ofensor y la indemnización económica del Estado –con la muerte no podemos reparar los daños, pero sí podemos buscarle mejores oportunidades de vida a los descendientes de los asesinados o desaparecidos por el Estado-, en El Salvador estamos discutiendo el tema, no hemos avanzado mucho, pretendemos que los victimarios asuman su responsabilidad, reflexionen sobre el daño que han causado y se comprometan a un proceso de reeducación para que no vuelvan a atentar en contra de otro ser humano y aprendan a respetar los derechos de todas las personas. No podemos perder la confianza en la calidad humana de nuestros pueblos y precisamente por eso tenemos que trabajar formando especialistas en derechos humanos para que puedan orientar los procesos de Justicia Restaurativa, tanto para la víctima como para el victimario, ahora, el tema de las violaciones a los derechos humanos es de Justicia y de Verdad, ahí hablamos de que sin Justicia no hay Verdad y sin Verdad no habrá Justicia; nosotros debemos tener claro que en el proceso de trabajo de la Comisión de Verdad aspiramos a que las víctimas denuncien y se esclarezca el papel de los victimarios para señalar lo que permitió la sistemática dinámica de crímenes de lesa humanidad en Honduras, señalar personas e instituciones, para recomendar mecanismos de fortalecimiento institucional que nos garanticen que Nunca Más se vuelva a dar un golpe de Estado, debemos partir de la división de poderes, del respeto a la Constitución y sus leyes secundarias y también el respeto a los Tratados Internacionales.
MC.- En la rueda de prensa se deslizó un lapsus lingüístico, sin embargo usted –don Luis- nació en España, ¿por qué los abogados y jueces españoles se han involucrado en la defensa de los derechos humanos de Latinoamérica?, lo pregunto por los emblemáticos procesos jurídicos del Caso Pinochet y la Junta Militar de Argentina…
LCN.- Un paréntesis, no todos somos de Latinoamérica: el catedrático en derecho Internacional Craig Scott nació en Canadá; el sociólogo y sacerdote François Houtart nació en Bélgica; y yo en España. Creo que en ese sentido la Comisión de Verdad está muy bien compuesta y equilibrada –desde el punto de vista territorial y profesional-. En el caso concreto de Europa y de mi país, los aportes sobre la Justicia Internacional, en definitiva sobre el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tiene un ejemplo paradigmático en la primavera de 1996 cuando la Audiencia Nacional admitió una querella de la Unión Progresista de Fiscales para tratar el tema de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Argentina y Chile; a partir de ahí se creó una onda de defensa de los derechos humanos que no se ha interrumpido, que bajo la jurisdicción universal se superó el principio de la territorialidad para crímenes de lesa humanidad, la ruptura de ese principio ha sido muy importante porque ahora se puede desde distintos tribunales perseguir los delitos más graves, por una razón: “el ofendido de los crímenes de lesa humanidad no es sólo la persona que ha sufrido la tortura o la desaparición forzada, el ofendido es la propia humanidad”, por eso nos afectan a todos.
MC.- ¿Qué significa para la Justicia española la suspensión de Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional?, ¿el encausamiento ha deteriorado los procesos jurídicos de persecución de los crímenes de lesa humanidad?
LCN.- No, creo que no afecta, evidentemente en la primavera de 1996 se presentaron las dos querellas en contra de los criminales de lesa humanidad de Argentina y Chile; el Juez Baltasar Garzón es el instructor hasta el punto de acordar la detención de Pinochet en Londres. También hizo un trabajo muy importante sobre memoria histórica en España, en ese sentido, la jurisdicción universal le debe un enorme agradecimiento. Con el encausamiento y suspensión cautelar que tiene en este momento el Juez Baltasar Garzón, lo más sensato es esperar para ver qué sucede en los próximos meses; pero desde luego, en nada afecta a la idea expansiva de la Justicia Universal de los derechos humanos mediante los tribunales mixtos, la Corte Penal Internacional o en los juzgados de un país concreto que asume la competencia de castigar los crímenes de lesa humanidad en cualquier lugar del mundo.
MC.- ¿Los medios de comunicación de España informan y denuncian las violaciones a los derechos humanos que vivimos en Honduras?
LCN.- Se informa muy modestamente, las noticias hondureñas no tienen un flujo importante, a diferencia de la prensa francesa donde los reportajes son más extensos, en España hay tratamientos diferentes, no publican un análisis diario sobre la realidad de Honduras, sino cuando suceden hechos concretos, generalmente luctuosos: los asesinatos en San Pedro Sula; pero no hacen un análisis riguroso, es cierto que hay revistas especializadas y prensa alternativa en Internet que tratan los temas a profundidad, porque debemos estudiar el contexto de Latinoamérica.
MC.- ¿Por qué la Comisión de Verdad se reunió con los medios de comunicación agredidos y censurados por las dictaduras de Lobo y Micheletti?
LCN.- Me ratifica una convicción: la importancia que tienen los medios de comunicación y mi compromiso con los periodistas que sufren persecuciones, amenazas y asesinatos; los ataques a la libertad de expresión en épocas de represión y suspensión de garantías individuales deben considerarse un delito de lesa humanidad, porque la libertad de expresión le da cobertura para garantizar el derecho a la vida y el derecho a la integridad física de las personas. Lo que nos ha llamado la atención –a la Comisión de Verdad- es la valentía de determinados periodistas que a pesar de las condiciones más adversas continúan emitiendo una información veraz y a opinar libremente, sin autocensuras, es impresionante la labor de los periodistas hondureños.
MPJ.- Es admirable escuchar y leer cómo después de un golpe de Estado, donde se suspenden las garantías constitucionales y el ejército está en las calles persiguiendo a los periodistas, son 10 periodistas asesinados, y a pesar de las circunstancias el periodismo sigue lanzando la información veraz; por supuesto que existen otros medios de comunicación oficialistas, como lo denunciaron tus colegas ante la Comisión de Verdad, que retoman la agenda oficial para tratar aparentar una “situación normal” en el país, dentro del Estado de derecho, cuando en realidad hubo una ruptura constitucional que no ha sido superada, no bastan las “elecciones”, no son un índice de un verdadero Estado de derecho; lo importante es la participación del pueblo soberano expresándose en las urnas, pero habiendo libertad de expresión y movilización, respeto al sufragio, a la posibilidad de elegir por parte de las electoras y electores a las personas indicadas para representar al país, redactar las leyes de una Asamblea Constituyente o administrar cada uno de los municipios. Sabemos que no hay un restablecimiento de la Constitucionalidad por el sólo hecho de las elecciones de noviembre, la Comunidad Internacional está muy preocupada, por ese motivo integramos una Comisión de Verdad, somos personas con una trayectoria en la defensa y procuración de los derechos humanos.
MC.- La Comisión de Verdad explicó su metodología de trabajo para recaudar denuncias y testimonios, ¿habría alguna intencionalidad de ustedes para litigar en Honduras?
LCN.- Cada uno debe responder sobre la parte que le corresponde, nosotros nos debemos a un mandato de la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras y nuestro encargo es hacer varias cosas: la investigación de los casos de violaciones a los derechos humanos y contextualizarlo, para plantear que no se repitan los crímenes de lesa humanidad, ni los golpes de Estado. Pero esto no significa que el Informe de la Comisión de Verdad sea un material de consulta, sino que las diferentes jurisdicciones puedan utilizar los casos para las querellas en contra de los responsables; nosotros aquilataremos los hechos y dejaremos la mayor cantidad de denuncias y testimonios sistematizados, para dar el primer paso.
MC.- Doctor Luis Carlos, ¿invitará a otros abogados y jueces de España para estudiar el Informe de la Comisión de Verdad y asesorar a la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras?, por ejemplo, pienso en la experiencia y trayectoria del doctor Joan Garcés…
LCN.- La colaboración y solidaridad de los abogados es muy buena, en general de los abogados que están comprometidos con la defensa de los derechos humanos, y con multitud de jueces que hemos trabajado en eso, hasta tal punto que los grandes juristas de mi país se han involucrado en querellas de casos latinoamericanos con enorme generosidad; siempre habrá colaboración entre los abogados de España y Latinoamérica en función de su especialización.
MC.- Magistrada Mirna Perla, usted nos acompañó a las reuniones con los exiliados hondureños en El Salvador, el régimen de Pepe Lobo deslegitima y descalifica a los exiliados hondureños, ¿usted puede dar constancia de la existencia de un nuevo éxodo por razones políticas desde Honduras?
MPJ.- Sí, todos los exiliados hondureños que viven en la ciudad de San Salvador cuentan con un carnet de identidad, que les permite transitar libremente por El Salvador y trabajar dentro del país, bajo la figura migratoria de: “refugiado político”. Yo he compartido con la comunidad hondureña en el exilio, me identifico con ellos y ellas porque yo sufrí el destierro durante 4 años, después del asesinato de mi esposo -Herbert Anaya- el 26 de octubre de 1987.
MC.- Finalmente, Magistrada Mirna Perla, usted sabe de la indefensión de los defensores a los derechos humanos en Honduras, ¿por qué ustedes propusieron un Día del Defensor de los Derechos Humanos en El Salvador?, ¿podrían exportar la idea al resto de Centroamérica?
MPJ.- Los organismos internacionales establecen la necesidad de proteger con mayor énfasis a los Defensores de los Derechos Humanos, porque precisamente la ONU, UNASUR, ALBA, Amnistía Internacional y la OEA cuentan con el trabajo de los procuradores de cada país para accionar las alarmas cuando se ven violentados los derechos humanos; en El Salvador, la comunidad de los derechos humanos decidió dedicar, desde el 26 de octubre de 1987 –cuando fue brutalmente asesinado mi esposo, Herbert Anaya- un homenaje a las personas que han dado su vida por el movimiento de los derechos humanos y a los que continúan haciendo el trabajo de Procuradores y Defensores, así se estableció –de hecho- el Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos, ya se solicitó a la Asamblea Legislativa, sin embargo no se ha oficializado el día, lo que no ha sido un obstáculo para que entidades gubernamentales, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, conmemore cada 26 de octubre. Me parece que sería una buena iniciativa para Honduras, porque aquí hemos tenido personalidades con una enorme trayectoria en la defensoría de los derechos humanos digna de ser homenajeada y rescatada, es importante que se retomara un día en Honduras para identificar esa labor y reconocerla, por las difíciles condiciones para defender los derechos humanos, aquí es un gran peligro y vale la pena dedicar un día para homenajear a los compañeros, a pesar de que la mayoría lo hacen a cambio de nada, ni siquiera les interesa figurar, hacen un trabajo heroico y anónimo, sino que su interés es garantizar el respeto de los derechos humanos.
Fuente: Rebelion.org
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