La discusión sobre la convocatoria de una asamblea nacional constituyente domina el escenario político de Honduras desde las postrimerías del gobierno constitucional de José Manuel Zelaya Rosales hasta el gobierno actual, y este debate torna a ser crucial en la solución de la crisis política hasta ahora sin salida.
La consulta del presidente Lobo Sosa alrededor de este tema, cuya primera ronda concluyó el miércoles anterior, probablemente proviene de la convicción, sin duda correcta, de que, ante la intensa polarización política en la nación hondureña, la única manera de establecer democráticamente el curso de nuestro país a la rehabilitación institucional y la legitimación definitiva del gobierno es recurriendo a la consulta popular directa.
El intento de impedir esa consulta popular directa llegó al clímax con el golpe de Estado del 28 de junio/09, pero, como lo estamos viendo, no logró su objetivo, y, por el contrario, generó una crisis política que ha profundizado aún más la necesidad del veredicto nacional más allá de los procedimientos ordinarios.
En el transcurso del régimen de facto y del presente gobierno, esta vía ha ido calando aún en sectores opuestos, en un principio, a la consulta popular directa e incluso partícipes en la asonada del 28 de junio. Todo esto nos indica el grado de preocupación nacional por los efectos de la crisis política, que se traduce en estancamiento, en confusión y dislocación del sistema político, en violencia y en depresión económica y social.
Por lo que trasciende de las entrevistas del Ejecutivo con los diferentes sectores, en el contexto de la polarización entre demócratas y golpistas, la idea de la consulta popular directa va afirmándose, aunque todavía no se presenta con claridad la forma de hacerlo.
Independientemente de los que se oponen radicalmente, y son, por lo tanto, irreductibles en su posición contra la consulta popular directa, las posiciones de los demás sectores consultados oscilan entre una consulta popular directa en dos tiempos, por así decirlo, o en la más contundente que es la convocatoria sin más trámite a una Asamblea Nacional Constituyente.
En el gobierno constitucional de Zelaya Rosales el procedimiento escogido fue el de dos tiempos. El primero por encuesta para determinar si la mayoría nacional deseaba la convocatoria de una asamblea constituyente, de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana (inmediatamente derogada en el gobierno de facto) y en vista de que la figura del plebiscito no era viable. El segundo tiempo correspondía al congreso nacional en seguimiento, de propio criterio, del resultado de la encuesta.
Ahora observamos, por ejemplo, que el Partido Nacional (PN), el Partido Demócrata Cristiano (PDCH) y un sector del Partido de Unidad (PINU) proponen la reforma de los mecanismos de consulta popular directa constitucionales —plebiscito y referéndum— para hacerlos accesibles a su función real de consulta sobre asuntos de vital importancia para el país y que comprometen el destino nacional, ya que en su forma actual son, en cualquier caso, impracticables.
El propósito de esa propuesta de reforma es, precisamente, el de darle viabilidad a la solución de la crisis política, con espacio suficiente para el recurso del mandato constituyente, o sea retomando el planteamiento original en la búsqueda de la actualización y refundación del Estado, según lo determine la voluntad nacional directamente expresada.
En lo que toca al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), su posición de connivencia golpista parece haber derivado en ecléctica cuando su presidente, Elvin Santos Lozano, ahora expresa que, no obstante que la Constitución “veda instalarla (la asamblea constituyente), “sí es posible llevarla a la práctica si hay decisión política para que se instale”.
La consulta del presidente Lobo Sosa alrededor de este tema, cuya primera ronda concluyó el miércoles anterior, probablemente proviene de la convicción, sin duda correcta, de que, ante la intensa polarización política en la nación hondureña, la única manera de establecer democráticamente el curso de nuestro país a la rehabilitación institucional y la legitimación definitiva del gobierno es recurriendo a la consulta popular directa.
El intento de impedir esa consulta popular directa llegó al clímax con el golpe de Estado del 28 de junio/09, pero, como lo estamos viendo, no logró su objetivo, y, por el contrario, generó una crisis política que ha profundizado aún más la necesidad del veredicto nacional más allá de los procedimientos ordinarios.
En el transcurso del régimen de facto y del presente gobierno, esta vía ha ido calando aún en sectores opuestos, en un principio, a la consulta popular directa e incluso partícipes en la asonada del 28 de junio. Todo esto nos indica el grado de preocupación nacional por los efectos de la crisis política, que se traduce en estancamiento, en confusión y dislocación del sistema político, en violencia y en depresión económica y social.
Por lo que trasciende de las entrevistas del Ejecutivo con los diferentes sectores, en el contexto de la polarización entre demócratas y golpistas, la idea de la consulta popular directa va afirmándose, aunque todavía no se presenta con claridad la forma de hacerlo.
Independientemente de los que se oponen radicalmente, y son, por lo tanto, irreductibles en su posición contra la consulta popular directa, las posiciones de los demás sectores consultados oscilan entre una consulta popular directa en dos tiempos, por así decirlo, o en la más contundente que es la convocatoria sin más trámite a una Asamblea Nacional Constituyente.
En el gobierno constitucional de Zelaya Rosales el procedimiento escogido fue el de dos tiempos. El primero por encuesta para determinar si la mayoría nacional deseaba la convocatoria de una asamblea constituyente, de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana (inmediatamente derogada en el gobierno de facto) y en vista de que la figura del plebiscito no era viable. El segundo tiempo correspondía al congreso nacional en seguimiento, de propio criterio, del resultado de la encuesta.
Ahora observamos, por ejemplo, que el Partido Nacional (PN), el Partido Demócrata Cristiano (PDCH) y un sector del Partido de Unidad (PINU) proponen la reforma de los mecanismos de consulta popular directa constitucionales —plebiscito y referéndum— para hacerlos accesibles a su función real de consulta sobre asuntos de vital importancia para el país y que comprometen el destino nacional, ya que en su forma actual son, en cualquier caso, impracticables.
El propósito de esa propuesta de reforma es, precisamente, el de darle viabilidad a la solución de la crisis política, con espacio suficiente para el recurso del mandato constituyente, o sea retomando el planteamiento original en la búsqueda de la actualización y refundación del Estado, según lo determine la voluntad nacional directamente expresada.
En lo que toca al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), su posición de connivencia golpista parece haber derivado en ecléctica cuando su presidente, Elvin Santos Lozano, ahora expresa que, no obstante que la Constitución “veda instalarla (la asamblea constituyente), “sí es posible llevarla a la práctica si hay decisión política para que se instale”.
Fuente: tiempo.hn
No hay comentarios:
Publicar un comentario